“Tener hoy la provincia en condiciones saludables financieras y poder realizar inversiones realmente fuertes para atender la pandemia y la obra pública que genera empleo hace que tomemos la decisión de no prorrogar la ley de emergencia”, expresó el gobernador Gustavo Bordet este miércoles al emitir un mensaje a los ciudadanos entrerrianos.

También anunció la necesidad de debatir inequidades en los aportes al sistema previsional de la provincia, agradeció a las y los entrerrianos que colaboraron con las medidas de restricción para frenar la pandemia, y adelantó que se buscará vacunar a la mayor cantidad de personas para inmunizar la población y poder retomar las actividades económicas y sociales.

El mandatario explicó que el ordenamiento y los objetivos para los cuales fue creada la Ley de Emergencia Solidaria Nº 10.806, “se han logrado”, y enmarcó la decisión de no prorrogar la norma en la necesidad de continuar generando “condiciones de desarrollo y crecimiento en nuestra provincia”.

En su mensaje, Bordet recordó que en el marco de la situación generada por pandemia, y agravada por el “descalabro financiero originado en los últimos meses del gobierno nacional de Cambiemos”, se decidió “enviar a la legislatura un proyecto de ley de una emergencia económica solidaria”.

Se trataba, apuntó Bordet, de “una situación que con la pandemia se tornaba incierta y era necesario tomar medidas que permitan darle sustentabilidad a la provincia en medio de un contexto inédito e imprevisible”.

Destacó que en el proyecto, “quienes más ganaban, realizaban aportes extraordinarios, se gravó la renta financiera y donde también se gravaron sectores que tenían determinadas situaciones de privilegio frente a un momento extraordinario”.

“La Legislatura de Entre Ríos, con nuestros bloques del Frente de Todos, acompañó esas iniciativas”, valoró Bordet y dirigió sus “palabras de agradecimiento a todos los legisladores y legisladoras, tanto diputados como diputadas, senadores y senadoras, que estuvieron a la altura de las circunstancias de una emergencia como la pandemia requería en ese momento”.

Decisiones de fondo

Sin embargo, “esta ley que comenzó a regir no fue solamente la única medida que aplicamos”, resaltó y contó que “la necesitábamos para poder realizar también decisiones de fondo que le den previsibilidad a la provincia”. “Fue la tarea que nos ocupó durante todo este tiempo”, enfatizó.

En esa línea, “trabajamos fuertemente para reforzar el sistema sanitario y aplicamos recursos, sobre todo aquellos que derivaban de los fondos obtenidos por esta ley, a mejorar integralmente el sistema de salud”, indicó.

“Pero también, en paralelo, pudimos establecer renegociaciones de nuestra deuda realmente exitosas que nos permiten ahorrar en interés y capital, y sobre todo en plazos, lo cual descomprime una situación no sólo de esta gestión, sino también de las que me seguirán”, añadió el mandatario provincial.

Asimismo, Bordet puso de relieve que esos avances “sumando a otras medidas como el control del gasto público y evitar nombramientos innecesarios, ha hecho que después de un año de aplicación de esta ley, la provincia se encuentre ordenada y previsible, y financieramente muy sólida”.

Interrogantes para el futuro

“Ahora bien, también debo decir que la aplicación de esta ley nos abre varios interrogantes para el futuro de nuestra provincia”, anticipó el mandatario y auguró que “serán fruto de un debate que tenderemos en nuestra Legislatura provincial para poner condiciones de equidad, que esta ley justamente ha desnudado”.

“Muchos entendemos que no es lo mismo que se aporte igual a la Caja de Jubilaciones quien gana más de 200.000 pesos, que quien gana el sueldo mínimo en Entre Ríos, que está en 40.000 pesos. No es equitativo ese aporte y estas cosas hay que corregirlas", adelantó.

Por otra parte, resaltó que “he oído hablar mucho de la intangibilidad de las remuneraciones los magistrados y de los empleados del Poder Judicial, haciendo alusión a un enganche con la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los contribuyentes entrerrianos pagan sus impuestos de manera tangible, constante y sonante, que son quienes contribuyen a sostener el sistema de Justicia”.

“También hay que decir que quienes perciben sueldos de sistemas nacionales, como de la Corte Suprema de Justicia, se jubilan por sistemas provinciales con el 82 por ciento móvil cuando lo mismo no ocurre con el sistema nacional. ¿No debería haber quizás un fondo compensador que establezca estas diferencias y ponga equidad para que quien más gana aporte más y para que quien menos gana aporte menos?”, se preguntó Bordet.

“Creo que estas son las cuestiones que tenemos que debatir también en el futuro y que nos ha dejado la pandemia, que nos ha dejado la ley de Emergencia, pero fundamentalmente que nos ha dejado una situación de equilibrio y de equidad que tiene que existir en nuestra provincia de Entre Ríos”, precisó.

Para finalizar, dirigió un agradecimiento a “los entrerrianos y entrerrianas por la comprensión de un momento tan crítico y tan difícil”. Admitió que en este contexto “hay que tomar decisiones permanentemente y muchas de estas decisiones no agradan”, pero “nuestro objetivo es poder superar esta pandemia con la menor tasa de letalidad posible”.

“Nuestro objetivo inmediato es poder vacunar a la mayor cantidad de entrerrianos y entrerrianas en el menor tiempo posible para lograr la inmunización y poder volver cuanto antes a la normalidad tan ansiada por todos y por todas”, concluyó Bordet.

Datos

La aplicación de la Ley de Emergencia Solidaria permitió contar con 2.000 millones de pesos adicionales que fueron volcados al sistema de salud, a políticas sociales, de seguridad y al sistema previsional en el marco de la pandemia. Sin embargo, dadas las políticas de austeridad y la mejora en la calidad del gasto público, la provincia pudo incrementar la inversión total en lo que va de la emergencia sanitaria en casi 4.000 millones.

En vísperas de la finalización del plazo establecido en la Ley provincial Nº 10.806, que se concretará el 30 de junio, el mandatario provincial decidió no hacer uso de la facultad de prorrogar sus efectos por 180 días. De esta manera, los aportes personales de los trabajadores activos y pasivos de la administración pública de mayores ingresos volverán a los porcentajes fijados por las leyes precedentes.

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