Colombia ha triplicado las expulsiones de migrantes en los últimos años

En Colombia, el Decreto 1067 de 2015 contempla la figura de la "expulsión discrecional”, que le permite a Migración Colombia expulsar a las personas extranjeras que a su juicio realicen actividades o representen un riesgo que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y la tranquilidad social. "Por lo general, las expulsiones de este tipo ocurren en tiempos muy cortos y la ley no permite que las personas puedan defenderse de esta decisión, interponiendo recursos como la reposición y apelación, lo cual vulnera su derecho al debido proceso”, dice Lucía Ramírez Bolívar en Dejusticia, una ONG que investiga problemas sociales en Colombia.

Dicho decreto regula los tipos de sanciones migratorias, las causales que dan lugar a cada sanción y el procedimiento que se debe respetar para su imposición. Dentro de las sanciones migratorias se encuentran: las sanciones económicas, la deportación, la expulsión y la "expulsión discrecional” o por otros eventos. Siendo la "expulsión discrecional” una de las sanciones más graves. "Por esta razón, debería ser excepcional y debería estar robustecida con mayores garantías para las personas migrantes”, dice Lucía Ramírez Bolívar, abogada especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia de Dejusticia.

Expulsiones discrecionales se volvieron "la regla” en Colombia

Sin embargo, las cifras de Migración Colombia muestran que las "expulsiones discrecionales” se han convertido en la regla general y no la excepción, pues pasaron en 2015 de representar el 16% del total de las expulsiones al 94% en 2020. En otras palabras, en los últimos 5 años las expulsiones discrecionales aumentaron en un 728% pasando de ser 190 en 2015 a 1573 en 2020.

Esta práctica ha dado lugar a que Migración Colombia tome decisiones arbitrarias e implemente las expulsiones discrecionales sin la debida garantía de los derechos al debido proceso y la unidad familiar, todo por considerar que al ser una decisión "discrecional” no requieren motivar de forma detallada la razón de esta decisión. Tanto en el caso de las expulsiones por causales específicas como por razones discrecionales, implica la prohibición de ingresar al país por mínimo 5 años y podrá ser superior a 10 años.

"Desde Dejusticia vemos con preocupación que en el país se este usando esta figura para justificar expulsiones arbitrarias de extranjeros en un contexto de creciente xenofobia en el país, especialmente contra las personas de nacionalidad venezolana, lo que evidencia prácticas de discriminación en razón de su nacionalidad”, dice el estudio.

En particular, concluye el estudio de Dejusticia, en 2019 se llevaron a cabo 1.330  expulsiones y 407 deportaciones de ciudadanos venezolanos. A pesar de que el número total de personas deportadas ese año (5.768) es considerablemente mayor al de las expulsadas (1.618), en el caso de las y los ciudadanos venezolanos esta relación es completamente inversa. El total de personas venezolanas deportadas y expulsadas fue de 1.736. De esas el 76,5% (1.329) fueron expulsadas y el 23.4% (407) deportadas. Adicionalmente, de las 1.330 personas venezolanas expulsadas, el 96% (1.280) fueron expulsadas por razones discrecionales.

Expulsión de 59 ciudadanos venezolanos en noviembre de 2019 fue "ilegal"

Actualmente, la Corte Constitucional está revisando el caso de 7 de las 59 personas venezolanas que fueron expulsadas del país usando la figura de la "expulsión discrecional" en noviembre de 2019, durante el paro nacional. Varias de las personas afirman que la Policía los sacó de sus casas o de sus lugares de trabajo y han rechazo cualquier vínculo con las protestas. Migración Colombia los llevó en un avión militar en el que durante todo el trayecto Bogotá-Arauca, en la frontera con Venezuela, permanecieron esposados. 

Esta medida tuvo lugar después de que la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, llamara a los migrantes "vándalos" y los relacionara con alguna participación en las protestas y actos de violencia. 

Estas siete personas presentaron una acción de tutela que les fue negada en primera y segunda instancia, pero que fue seleccionada por la Corte Constitucional para revisarla. Dejusticia presentó una intervención en la que le solicitamos a la Corte Constitucional que ampare los derechos al debido proceso y a la unidad familiar de estas 7 personas y que adicionalmente establezca un estándar sobre la necesidad de que las decisiones de expulsiones discrecionales tengan una debida motivación, es decir que presenten de manera detallada las razones que sustentan que se considere que se debe aplicar esa sanción.