Condenan a un militar por violencia de género y ordenan una reparación millonaria
El TOF dictó condena contra un exsargento del Ejército por abuso sexual en grado de tentativa y lesiones psicológicas graves agravadas contra una soldado voluntaria
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay —integrado por los jueces Julián Falcucci, María Carolina Pereira y Gretel Diamante— declaró a Víctor Hugo Mercado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple en grado de tentativa, en concurso real con lesiones psicológicas graves agravadas por haber sido ocasionadas a una mujer y mediando violencia de género.
Por estos hechos, cometidos en el ámbito laboral militar de la ciudad de Gualeguaychú, la Justicia le impuso una pena de tres años y siete meses de prisión, la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de las costas del proceso. Asimismo, al haber estado privado de su libertad desde el 11 de abril de 2023, el tribunal declaró cumplida la pena privativa de la libertad y dispuso su inmediata excarcelación bajo caución juratoria.
Uno de los aspectos centrales de la sentencia resolvió hacer lugar al reclamo formulado por el Ministerio Público Fiscal y condenar a Mercado a abonar 57.757.590 pesos en concepto de indemnización integral por daño moral y material a favor de la víctima.
El monto deberá ser cancelado dentro de los 10 días de quedar firme el fallo, adicionando intereses según la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina en caso de mora.
Para calcular la indemnización de forma prudencial conforme al artículo 29 del Código Penal, los magistrados adoptaron como pauta objetiva el haber mensual actualizado de una voluntaria de primera del Ejército (875.115 pesos según resolución ministerial de septiembre de 2026).
El cómputo consideró el período transcurrido desde que la damnificada se vio obligada a pedir la baja de la fuerza militar —el 10 de febrero de 2022— tras padecer años de acoso y maltrato continuado por parte de su superior jerárquico, lo que afectó severamente su salud mental y truncó su carrera profesional.
La resolución se fijó en una audiencia de reenvío luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma) anulara el tramo de una sentencia previa que había denegado las medidas reparatorias.
En su decisión, la Sala II determinó que la indemnización fijada en el proceso penal no requería una acción civil previa ni la continuidad de la víctima como querellante, evitando revictimizar a la mujer al no obligarla a recurrir a un fuero civil independiente . Asimismo, Casación recalificó el hecho de abuso sexual a grado de tentativa al atender el límite fijado por la acusación fiscal en los alegatos del juicio originario.
Aunque la Fiscalía había solicitado extender la responsabilidad de la indemnización en forma solidaria al Estado Nacional, el tribunal desestimó esa pretensión en esta sede penal por razones procesales, al señalar que el Ejército no fue citado como demandado civil durante la etapa de instrucción.
No obstante, los jueces enfatizaron la dimensión institucional del caso, dado que los atropellos fueron cometidos por un superior jerárquico en dependencias de un cuartel militar. Exhortaron a los tribunales que en el futuro tramiten reclamos de la víctima contra el Estado Nacional a actuar con “diligencia reforzada” para evitar dilaciones.
Dispusieron remitir copia del fallo al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor General del Ejército para que revisen sus protocolos de prevención contra la violencia de género y profundicen las capacitaciones de su personal con perspectiva de género.
Ordenaron notificar a la víctima a través de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) sobre sus derechos para requerir patrocinio jurídico gratuito y accionar contra el Estado.