Provinciales Por: TABANO SC16/11/2026

La casta entrerriana y el Bersa

El peronismo sepultó a la provincia a no tener una herramienta que le permita diseñar políticas públicas. El PRO y el radicalismo pasaron de cocoritos a sordos.

Por Federico Malvasio.

Un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, en línea con los intereses del Grupo Petersen, ingresó en la Cámara de Diputados sin bombos ni platillos. Es un tema, más bien, de platillas. 

Ese cuerpo legislativo, la semana pasada, le dio media sanción al proyecto de Presupuesto 2027. En un principio primó la idea de que las “reformas” del banco que opera nada más ni nada menos que como agente financiero se incorporen en el Presupuesto, pero no sucedió. Era mucho. 

Sin embargo, el proyecto obtuvo media sanción por unanimidad en la misma sesión. Su tratamiento fue sobre tablas, es decir, sin debate en comisión. Lo aprobado contempla que el Nuevo Banco de Santa Fe integre formalmente al Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa) y al Banco de San Juan. Este proceso de integración formal empezaría a materializarse a mediados de 2027. No mereció la más mínima reacción de ningún sector del arco político. 

No vale la pena ahondar. El empresario Alejandro Di Palma escribió un artículo interesantísimo sobre el devenir del banco y lo que significa que una provincia no cuente con una entidad financiera que le permita diseñar políticas para la producción. 

Un tema de la relevancia como el Bersa no generó la más mínima inquietud política. En otras épocas esto no sucedía. Sobre todo en quienes hoy están al frente del Gobierno. 

El martes 18 de agosto de 2020 el entonces diputado provincial Esteban Vitor (PRO); y el senador por el departamento Federación, Rubén Dal Molín (UCR), ponían el grito en el cielo por la licitación del agente financiero a manos del Bersa que opera en Entre Ríos desde el 2004 a instancias de un acuerdo entre el gobernador Jorge Busti y el presidente Néstor Kirchner. 

“Lo único seguro es que los entrerrianos seguirán siendo maltratados con la mala atención del Banco y los sectores productivos no recibirán ningún apoyo de la entidad que cambió los números para seguir ganando más que antes”. Firman: Vitor, actual secretario Legal y Técnico de la provincia; y Dal Molín, senador radical. En esa oportunidad le pedían a Gustavo Bordet que deje caer la licitación en una nota dirigida al ministro de Economía, Hugo Ballay. 

Un año antes Vitor y su par de entonces, la radical María Alejandra Viola, interpusieron un pedido de informes al Ejecutivo porque veían con preocupación “el estado de cautividad de estatales activos y pasivos”, por lo que solicitaron que, con precisión, el Gobernador explique si se ha reducido la planta de personal del Bersa o si se ha mantenido el 65 % de sus empleados, como establece el contrato que liga a la provincia con la entidad y si se han producido cierres de casas, unificaciones o fusiones de la entidad.

Es, precisamente, lo que se sospecha que puede suceder ahora. 

Vitor fue un habitué de este medio sobre este tema. Casi en soledad se propuso en su paso por la Legislatura poner todo el esfuerzo en machacar sobre el escandaloso contrato que la Provincia le concedió a la empresa de la familia Eskenazi. El ahora funcionario propuso gravar las comisiones que percibe el Nuevo Banco de Entre Ríos SA con el Impuesto a los Ingresos Brutos, y derogar el artículo 4 de la Ley N° 9645 de Contrato de Agente Financiero, con el que, precisamente, se excluyó de la base imponible de este tributo a la retribución que esta entidad bancaria percibe del Estado, por los servicios que presta a la provincia en su rol de agente financiero.

Fue tal la obsesión de Vitor, que ya en 2015, como dirigente de la Sociedad Rural, había puesto el Bersa en el centro de su campaña a diputado. 

El peronismo se llamó a silencio durante 20 años, precisamente porque fue el que le puso la firma al más gravoso contrato de agente financiero si se compara el entrerriano con el de otras provincias. Lo firmaron y lo ratificaron durante dos décadas Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet. 

La única voz pública, en soledad, que tuvo la dignidad de decir algo fue la entonces diputada justicialista de Gualeguaychú, Mariana Farfán, cuando presentó un proyecto de declaración en el que sugirió cambios al convenio de agente financiero. Enrique Cresto, al pasar, dijo algo en una entrevista con este medio. El jueves pasado levantó la mano.

El Estado es una continuación jurídica. También una continuación de los intereses y negocios. En el sector público sólo cambian los nombres.

Fuente: Página Política