La denuncia contra el expresidente del Odeón y su hija por $1.800 millones
La denuncia penal contra María Fernanda Aragón y su padre, Jorge Isaac Aragón, no es solo un reclamo laboral de 1.800 millones: abre una grieta en la administración de la Fundación Odeón.
El padre fue último intendente de Concordia durante la dictadura y presidió la institución. La hija, según el escrito, era trabajadora dependiente y su reclamo laboral supera los 1.800 millones.
Según el documento, firmado por Osvaldo Pérez Hatoum y Gloria Warner, presidente y secretaria del Consejo de Administración, el escrito de siete páginas describe dos situaciones que, a criterio de los denunciantes, podrían configurar una administración fraudulenta.
La calificación provisoria es defraudación por administración fraudulenta, prevista en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal, en relación con los artículos 172 y 45. Los denunciantes aclaran que no buscan una sentencia anticipada: piden que la Fiscalía investigue quién decidió, quién liquidó y si hubo perjuicio patrimonial.
El escrito no se limita a cuestionar el reclamo laboral de más de 1.800 millones iniciado por la hija. Reconstruye también cómo se habrían decidido y liquidado sus remuneraciones durante años, quiénes impartían las instrucciones a los estudios contables y de qué manera Jorge Aragón intervino personalmente cuando su hija intimó a la Fundación a reconocer una antigüedad laboral que se remontaba a septiembre de 1998.
El punto más sensible aparece en las remuneraciones que María Fernanda Aragón habría percibido desde agosto de 2016. Según la revisión documental de la actual conducción, la trabajadora cobraba por encima de la escala convencional, con un Adicional complementario de servicio que, en promedio, habría superado en un 160% el básico de convenio.
Mirá el detalle: pagar más que el convenio no es, por sí solo, irregular. El problema, según la denuncia, es que no hallaron ninguna resolución del Consejo de Administración que hubiera dispuesto, autorizado o ratificado ese beneficio. Y el vínculo familiar pesa: Jorge Aragón presidía la Fundación y su hija era trabajadora dependiente.
La presentación señala al contador Ricardo Begué, quien comenzó a realizar las liquidaciones del personal aproximadamente en noviembre de 2016. Según el relato incorporado al escrito, el profesional habría manifestado que, cuando inició esa tarea, María Fernanda Aragón se presentó personalmente en su estudio y le indicó expresamente cómo debía liquidarse su remuneración y qué importes adicionales debía percibir.
También mencionan al anterior contador de la institución, Julio Schmukler, un reconocido profesional que en agosto de 2026 fue condenado en el marco de la megacausa por fraude a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). Según los denunciantes, Schmukler habría señalado que las decisiones de esa naturaleza eran adoptadas habitualmente por Jorge Isaac Aragón.
La presentación sostiene que, durante ese período, la gestión administrativa cotidiana habría quedado fuertemente concentrada en Jorge Isaac Aragón y su hija.
Por eso, la denuncia solicita que ambos profesionales sean convocados a declarar para reconstruir quién impartía las instrucciones y si existía alguna decisión del órgano de administración que respaldara los pagos. El escrito no incluye la versión de los denunciados.