Horas decisivas para el comisario Rosatelli

El comisario y abogado Daniel Rosatelli permanece detenido en la unidad penal, mientras la Cámara Federal de Apelaciones analiza los memoriales interpuestos tras el procesamiento dictado por el juez Leandro Ríos.

Hace unos días, la causa dio un nuevo giro con la detención de Juan Esteban Siebelist Bustos, acusado de ser el responsable de la operación del transporte de 1.345 kilos de marihuana que fueron hallados el 13 de febrero, en un camino rural de La Paz.

Con la caída de Siebenlist Bustos suman siete los detenidos. El primero fue César Leonel Ramírez, conductor de la camioneta que transportaba la droga; y el 19 de agosto fueron arrestados Alan Favieri, José Belén Favieri, que participaron de aquel operativo; Martín Reynaldo Germán Pelizzari, Claudio David Luna, por su intervención en la compra de la camioneta utilizada para el transporte de la droga; y el comisario Rosatelli, acusado de haber orquestado toda la operación.

Rosatelli está procesado con prisión preventiva por el delito de transporte de estupefacientes; pero también por la falsificación ideológica de un documento destinado a acreditar la titularidad de un vehículo automotor.

Además, está acusado por las lesiones graves contra la persona que había oficiado como intermediario en la compraventa de la furgoneta utilizada y amenazas coactivas al vendedor, luego de que este denunciara que no se habían cumplido las condiciones de pago acordadas, todo ello para preparar, facilitar y ocultar el trasporte de la droga.

Los abogados Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen, defensores del comisario, abrieron una controversia en torno a la interpretación que hace el juez sobre lo que consideran “conductas neutras”, asignándole “una significación incriminatoria mediante adjetivaciones que no provienen de la evidencia”.

El juez sostiene que Rosatelli buscó en todo momento de no dejar rastros de su intervención en la operación comercial; mientras que los defensores sostienen que no hay pruebas de su participación en los hechos que se le atribuyen y que “los vacíos probatorios son permanentemente sustituidos por saltos inferenciales del magistrado, los cuales se efectúan en su mayoría sin criterio lógico y, en otras, sin apego a la experiencia y psicología común”.

La ruta de la furgoneta

Rosatelli no estuvo aquel 13 de febrero en La Paz, sino que el rol que se le atribuye consiste en haber planificado el transporte de la marihuana, ya que dispuso los medios materiales, logísticos y humanos para hacerlo. Según el juez, compró la camioneta, a través de terceras personas, a sabiendas de su origen ilegal; sustituyó la chapa patente por otra; gestionó la verificación en la planta de automotores de la Policía, donde pasó sin novedades, a pesar de que tenía un pedido de secuestro y prohibición de circular; la revisó personalmente en un lugar a pocas cuadras de su domicilio y coordinó el pago con el vendedor en cercanías de su estudio profesional.

Los defensores, en cambio, argumentan que Rosatelli no tiene ninguna conexión ni intercambios telefónicos ni a través de mensajes con Siebenlist Bustos, Pelizzari ni con aquellos que han sido señalados como partícipes del transporte de la droga.

En el escrito plantean “dos hechos distintos que la investigación no ha podido acreditar de ninguna manera que se encuentren conectados subjetivamente por una intencionalidad común y organizada entre los imputados”: por un lado, la operación de compraventa de la furgoneta, y los conflictos en torno al incumplimiento de pago, que derivó en una denuncia judicial, en noviembre de 2025; y, por el otro, la aparición de la camioneta con un cargamento de marihuana, en febrero de 2026.

No niegan que Rosatelli participara de la operación de compra de la furgoneta ni que hubiera revisado las condiciones en que estaba el vehículo que le llevó Pelizzari el 4 de noviembre. En cambio, consideran que no hubo nada de clandestino en eso, a tal punto que el encuentro ocurrió en la vía pública, en cercanías de su domicilio y en un sector sometido a videovigilancia por cámaras públicas.

“No se escogió un lugar apartado, reservado o ajeno a Rosatelli, sino un espacio público próximo a su domicilio y alcanzado por un domo de seguridad”, señalaron.

De todas maneras, insisten en que Rosatelli no fue el comprador de la furgoneta, sino que la operación fue realizada por Pelizzari; que fue Pelizzari quien solicitó un turno en la planta verificadora policial o se presentó sin turno previo y que fue el mismo Pelizzari quien le pagó esa misma tarde al vendedor 2.400 dólares en efectivo, cheques y dos transferencias de un millón de pesos desde una cuenta perteneciente a Luna, en cercanías del estudio de Rosatelli.

Al respecto, los abogados defensores plantean que, si la intención de Rosatelli era mantener su identidad oculta, se preguntan por qué la operación se cerró a metros del domicilio que tenía públicamente declarado ante el Colegio de la Abogacía o por qué solicitar informes de dominio de la furgoneta desde una cuenta de su socia.

Asimismo, insisten en que “no existe indicio alguno de que Rosatelli haya ‘ordenado’ que se verifique la camioneta” e incluso sostienen que la revisión en la planta policial “no tuvo irregularidad alguna” y que el comisario Rosatelli “no efectuó personalmente transferencia alguna” al vendedor de la furgoneta.

El rastro de la furgoneta se pierde, aproximadamente, el 30 de enero de 2026, cuando las cámaras de videovigilancia la registran saliendo de la ciudad (“no pudo establecerse quién tenía la camioneta el 30 de enero, cuando salió definitivamente de Paraná con el nuevo dominio ya colocado”, dicen los defensores); y vuelve a aparecer en escena el 13 de febrero, en el camino rural de La Paz, cargada con 1.345 kilos de marihuana.

Suma de golpes

Rosatelli también está acusado de haber amenazado y atacado ferozmente a golpes a quien ofició de intermediario en la venta de la camioneta, luego de que el vendedor denunciara el incumplimiento de las condiciones de pago acordadas.

El episodio ocurrió el 12 de noviembre en la asociación civil Suma de Voluntades, con el objetivo de que el vendedor levantara la denuncia que había hecho una hora y media antes en sede policial.

Los defensores se apoyan en la declaración del hombre que recibió la golpiza y habló de una “discusión por el tema de una obra”, que le habría encargado Suma de Voluntades para la construcción de un merendero en el barrio San Martín. Sostienen que la denuncia “ni siquiera mencionaba a Rosatelli” y se preguntan: “¿Supone el juez que en una hora y media Rosatelli tomó conocimiento de una denuncia que no lo mencionaba, luego de ello logró una reunión (con el intermediario) y lo golpeó para que levante una denuncia que no había radicado y que tampoco había sido presentada contra él?”.

En el escrito ante la Cámara Federal de Apelaciones, los defensores transcriben un mensaje que Anabella Albornoz, titular de Suma de Voluntades, transmitió al resto de los integrantes de la asociación civil tras la reunión: “Bueno, hace un rato me junté con una cooperativa. No, nada, un desastre, desastre la reunión, una pérdida de tiempo”.

Patrimonio bajo la lupa

La investigación también puso la lupa en el patrimonio del comisario Rosatelli. El magistrado hizo notar que Rosatelli percibe un sueldo mensual de casi 2,7 millones de pesos como comisario de la Policía de Entre Ríos y está inscripto como monotributista en la Categoría B por su profesión de abogado, con un promedio de facturación mensual de 1,2 millones de pesos, según la última actualización. Sin embargo, aparece como único titular de ocho inmuebles y un vehículo de alta gama; en los últimos seis meses registró ingresos significativos en su cuenta de Mercado Pago, realizó operaciones de compra de dólares y acreditaciones de dinero en distintas entidades bancarias, gastos importantes con tarjeta de crédito y viajes al exterior.

Los abogados Petenatti y Cullen cuestionan también la valoración sobre los movimientos bancarios y señalan que “mezcla períodos diferentes, computa varias veces el mismo dinero cuando circula entre cuentas del mismo titular, confunde rescates de inversión con ingresos”.

Según dicen, se trata de “un error clásico de duplicación de saldos por movimientos internos, también conocido en finanzas y peritajes como ‘inflado de flujos’, que termina generando una verdadera ficción financiera”.

Puntualmente, sostienen que Rosatelli es titular de tres inmuebles –un departamento en Paraná, una propiedad en Chajarí y un terreno– y no ocho, como dice el juez Ríos.

Por Juan de la Cruz Varela

De la Redacción de Página Judicial