El Superior Tribunal y el Servicio Penitenciario analizaron las condiciones de alojamiento en las cárceles provinciales
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) recibió hoy a funcionarios y funcionarias del gobierno y del Servicio Penitenciario provincial y analizó la situación de las unidades penales en la provincia. Las autoridades informaron las medidas adoptadas ante planteos vinculados con las condiciones de alojamiento de los internos.
Los vocales Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y la vocal Claudia Mizawak, mantuvieron la reunión con el director general de Integridad Profesional, Raúl Avero; el director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, inspector general Aníbal Alejandro Miotti, el subdirector, inspector general, Santiago García y la directora principal de Tratamiento Penitenciario, Mariela Pérez. El encuentro sirvió para analizar la información requerida oportunamente por la Sala y abordar la situación en las distintas cárceles de la provincia, en el marco de las competencias institucionales de los organismos intervinientes.
En ese sentido las autoridades de gobierno informaron sobre las medidas adoptadas ante planteos vinculados con las condiciones de alojamiento de los internos.
Uno de los puntos consultados por la Sala Penal estuvo referido a la alimentación diaria de las personas privadas de libertad.
Al respecto, se informó que las unidades cuentan con un presupuesto asignado para la adquisición de insumos, que son comprados a proveedores locales. Con esos productos se elabora un menú semanal y se contemplan, además, dietas especiales indicadas por razones de salud. Según el informe, la alimentación es supervisada por el área de Sanidad de la unidad.
Sobre el régimen de visitas se recordó que se encuentra regulado por la Ley de Ejecución Penal y por las disposiciones dictadas por la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. El ingreso de familiares es previa acreditación del vínculo. La medida fue implementada durante la pandemia.
Desde el Servicio Penitenciario se fundamentó la limitación de visitantes en razones vinculadas con la seguridad y el funcionamiento de la institución. Según se expresó en el informe, una ampliación significativa de los visitantes implicaría mayores dificultades para las tareas de control, identificación y verificación de los vínculos.
Ante esta situación, la Sala Penal solicitó la derogación de la circular puesta en vigencia durante la pandemia y pidió que se garantice la visita de familiares y allegados a los internos tal como lo establece la ley vigente.
A la vez, se informó que el área de Servicio Social mantiene entrevistas periódicas con las personas privadas de libertad y que, cuando las circunstancias lo requieren, se tramitan acercamientos familiares a otras unidades penales.
Desde la institución se aclaró que no posee responsabilidad sobre el traslado de los allegados o familiares de las personas detenidas. No obstante, con el fin de no agravar las condiciones de detención, se aseguró que se promueven acercamientos a unidades cercanas al domicilio y videollamadas con sus familias.
Centro de Monitoreo Electrónico
El Centro de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario de Entre Ríos supervisa actualmente a 216 personas mediante dispositivos electrónicos distribuidos en 28 localidades. El organismo cuenta con 240 equipos, aunque su capacidad de incorporación se encuentra prácticamente al límite, según surge de un informe presentado ante la Sala Penal del STJ.
El documento, elaborado por el jefe del Departamento de Seguridad Informática y Monitoreo Electrónico, oficial alcaide mayor Carlos Salomón, responde a un requerimiento de información del tribunal y detalla los recursos tecnológicos y humanos, las modalidades de supervisión y las tareas que desarrolla el Centro.
Equipamiento y modalidades de supervisión
De los 240 dispositivos disponibles, 216 se encuentran instalados y en funcionamiento. Los 24 restantes integran la reserva técnica: 16 están actualmente en reparación y ocho permanecen disponibles para atender sustituciones y contingencias.
Las personas supervisadas se distribuyen en tres modalidades: 39 procesados con arresto domiciliario mediante dispositivos C/E4; 153 personas condenadas con arresto domiciliario mediante GPS; y otras 24 alojadas en unidades penales que cuentan con autorizaciones para realizar salidas laborales o familiares.
Cobertura territorial y recursos humanos
El Centro tiene presencia en 28 localidades y cuenta con 12 funcionarios afectados a tareas de supervisión y cinco técnicos. El servicio funciona las 24 horas, durante los 365 días del año, mediante un sistema de guardias rotativas.
La mayor cantidad de personas supervisadas se concentra en Paraná, con 85 casos; Concordia, con 60; Concepción del Uruguay, con 17; y Gualeguaychú, con 10.
El sistema informático registra aproximadamente 6.000 eventos por día, de los cuales entre 400 y 500 requieren atención, evaluación o intervención de los operadores.
Las tareas comprenden el seguimiento de alertas, las comunicaciones con las personas supervisadas y sus referentes, las verificaciones policiales y el control de los desplazamientos autorizados.
El informe también destaca las intervenciones ante emergencias médicas y situaciones que podrían comprometer la seguridad de las víctimas, mediante la coordinación con organismos judiciales, el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas policiales.
La supervisión electrónica constituye una herramienta importante para el cumplimiento de las medidas judiciales y permite que determinadas personas permanezcan fuera de los establecimientos penitenciarios bajo mecanismos tecnológicos de control.
Asimismo, se señala que esta modalidad contribuye a disminuir la ocupación de plazas en las unidades penales.
El documento también pone de relieve el fortalecimiento de los recursos humanos y de los medios de movilidad, así como el trabajo del personal técnico y de supervisión para garantizar la continuidad del servicio en todo el territorio provincial.
(APFDigital)