La Provincia dio por probadas graves irregularidades de la excoordinadora de Comedores y giró el caso al CGE
Un decreto del gobernador convalidó la información sumaria que detectó una diferencia de más de 103 millones de pesos en 37 comedores escolares del departamento. Silvina Murúa ya no puede ser sancionada como funcionaria, pero conserva un cargo docente, por lo que el Consejo General de Educación deberá evaluar si le abre un sumario. En paralelo, sigue imputada en la causa penal.
El Gobierno de Entre Ríos aprobó y convalidó la Información Sumaria iniciada por la Resolución N° 267/25 del Ministerio de Desarrollo Humano sobre la Coordinación de Comedores del Departamento Concordia. El decreto, firmado por el gobernador y refrendado por la ministra de Desarrollo Humano, concluye que la excoordinadora Silvina Soledad Murúa incurrió en graves irregularidades administrativas en el manejo de los fondos destinados a la alimentación de alumnos de escuelas del departamento.
La investigación administrativa se originó en una auditoría interna de rutina, que constató diferencias de acreditaciones e irregularidades en 37 comedores escolares durante marzo y abril de 2025. La diferencia presupuestaria calculada asciende a $103.738.136.
Un sistema de control “precario y vulnerable”
La Asesoría Letrada de la Fiscalía de Estado consideró “plenamente acreditado un cuadro de graves e inconsistentes irregularidades administrativas”, con entidad suficiente para atribuirle reproche disciplinario a quien estuvo al frente de la Coordinación.
Según el dictamen, Murúa “se aprovechó de un sistema de control administrativo precario y vulnerable” y, pese a tener conocimiento directo de sobreprecios e irregularidades que le informaban supervisores y personal de rendición, no adoptó medidas para corregirlas ni las reportó a sus superiores.
El documento también da por probado que la excoordinadora intervino activamente para direccionar compras hacia tres proveedores puntuales —Ahora Voy, Autoservicio Joaquín y Flores Sandra—, que dio instrucciones sobre cómo confeccionar las rendiciones y que concentró funciones sensibles en familiares y personas de su confianza.
Sin potestad sobre familiares ni proveedores
Sobre esos colaboradores cercanos, la resolución aclara que no son agentes ni tienen legajo activo en la Administración Pública Provincial ni en la Municipalidad de Concordia, por lo que el Estado carece de potestad disciplinaria sobre ellos. En cuanto a los comercios involucrados, su eventual responsabilidad quedará sujeta a lo que resuelva la Justicia penal.
El caso pasa al Consejo General de Educación
La Fiscalía de Estado determinó que Murúa no puede ser sancionada bajo la Ley N° 9755, ya que fue desplazada del cargo cuando se conoció el escándalo. Sin embargo, al comprobarse que mantiene un cargo docente y continúa vinculada laboralmente con la Provincia bajo el Estatuto del Docente Entrerriano, se dispuso remitir las actuaciones al Consejo General de Educación, que deberá evaluar si corresponde instruirle un sumario administrativo.
La causa penal
En sede judicial, Murúa está imputada desde mayo en la investigación que llevan adelante los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning. Según la acusación, desde enero de 2024 habría utilizado su cargo en la Secretaría de Gestión Social para montar un esquema de direccionamiento de compras.
Los fiscales sostienen que, junto a sus hermanos Adrián y Vanessa Murúa y su cuñado Esteban Godoy, mediante maniobras de intimidación o persuasión, habría presionado a más de treinta responsables de las tarjetas de compra de los comedores escolares para que se abastecieran en determinados comercios de Concordia.
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