Tenía un sistema para liberar celulares robados y revenderlos; terminó condenado

Las estadísticas son difusas, pero la escena se repite a cualquier hora y en todas las latitudes: el arrebato de teléfonos celulares representa un cuarto de los robos y hurtos que se denuncian en el país; y, lejos de ser un delito menor, es el primer eslabón de una economía ilegal que combina el desbloqueo de equipos y la reventa.

Es infrecuente que una investigación criminal escale más allá del arrebatador. Pero ocurrió. El Tribunal Oral Federal de Paraná acaba de condenar a un hombre que se dedicaba al desbloqueo de celulares para facilitar la reventa y le impuso una pena de dos años y diez meses de prisión condicional, además de una serie de reglas de conducta, como la obligación de realizar un curso de reparador de electrodomésticos en una escuela pública, como condición para no terminar en prisión.

El robo de teléfonos celulares suele ser, eventualmente, la puerta de entrada a un segundo robo, como describen especialistas. A la sustracción del aparato le sucede un intento de acceder a las aplicaciones financieras antes de que sean bloqueadas o estafas en cadena que consisten en pedidos de dinero a través de los sistemas de mensajería.

Una vez agotada esa posibilidad, el aparato ingresa en una red de reventa en la que intervienen intermediarios que compran equipos a bajo precio, técnicos que los formatean y canales informales para devolverlos al mercado como usados.

El instrumento para frenar estos casos parte de una acción simple: la denuncia. El reporte policial implica, además, la incorporación del equipo a una base de datos negativa de IMEI que comparten las empresas telefónicas, lo que impide que el dispositivo vuelva a funcionar en redes móviles del país.

El IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil, por sus siglas en inglés) es un código único de quince dígitos, pregrabado por el fabricante, que identifica a cada teléfono celular en todo el mundo.

Eclipse lunar

El protagonista de esta historia tenía 25 años, hace ocho, cuando irrumpió un allanamiento irrumpió en la casa de sus padres, donde tenía montado una especie de local clandestino de reparación de artículos electrónicos.

En su computadora personal tenía instalado un software con herramientas polifuncionales que le permitía desbloquear, liberar y formatear teléfonos celulares y netbooks que luego procedía a la reventa.

No había local comercial ni licencia de alguna empresa prestataria de telefonía. El muchacho operaba en su casa, desde su habitación; ofrecía sus servicios como técnico a conocidos o vecinos. Esa era su changa.

Aquel viernes, 27 de julio de 2018, mientras las noticias discurrían en torno a un episodio astronómico infrecuente, un eclipse total de Luna conocido como la Luna de sangre, la Policía irrumpió en una vivienda en la zona oeste de Paraná buscando un teléfono celular que había sido denunciado como robado. No lo encontraron, aunque dieron vuelta la casa. Sí hallaron, en cambio, más de treinta dispositivos, seis con denuncias de robo, otros siete a los cuales no se les pudo establecer el número de IMEI –aunque tres figuraban como bloqueados por robo, hurto o extravío– y tres notebooks del Plan Conectar Igualdad cuya procedencia no se pudo determinar.

La educación como sanción

El hombre no quedó detenido ni se le imputó robo ni hurto alguno, sino una infracción a la Ley de Servicios de Comunicaciones Móviles que, entre otras cosas, prohíbe la venta de equipos móviles fuera de las empresas legalmente autorizadas y prohíbe la reactivación de equipos de comunicaciones móviles que fueran denunciados por robo ante las empresas licenciatarias, sin expresa autorización de los propietarios.

En su caso, terminó acusado por el delito de alteración o modificación de un número de serie electrónico o mecánico de un equipo terminal, de modo que pueda ocasionar perjuicio al titular o usuario del servicio; y por la adquisición o utilización de terminales celulares, módulos de identificación removible del usuario (tarjetas de telefonía), a sabiendas de su procedencia ilegítima, todo con ánimo de lucro.

Ocho años después terminó confesándose ante la jueza Noemí Berros y acordó en un juicio abreviado cumplir una pena de dos años y diez meses de prisión condicional. También deberá realizar un curso de “reparador de electrodomésticos”, que se dicta en el Centro de Formación Profesional, que funciona en la Escuela de Educación Técnica Número 5 de Paraná, “para favorecer su capacitación laboral y profesional”.

Fuente: Pagina Judicial