Bolivia: detienen al fiscal general que investigaba a Cerimedo

Luego del anuncio del gobierno estadounidense del veto migratorio para una docena de altos funcionarios del gobierno de Paz y la fiscalía, en horas de la mañana, en un irregular operativo policial fue detenido el fiscal general, Roger Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y una veintena de personas acusadas de relaciones con el narcotráfico y la corrupción.

En la reunión anual de la ONU, Trump defendió el robo de los recursos venezolanos con la colaboración de los restos del chavismo gobernante y amenazó a Cuba. Su administración anunció el veto migratorio contra funcionarios bolivianos y de otros países de la región que investigan o forman parte de escandalosos procesos por narcotráfico y corrupción que involucran, en este caso directamente al gobierno de Paz y a su entorno íntimo.

El retiro de las visas, además de formar parte de una política injerencista sobre el país, condicionan las investigaciones judiciales por el caso Cerimedo que podrían terminar con el gobierno de Rodrigo Paz. Como es conocido, luego de que Nadia Beller revelara audios, mensajes, fotos y un sinúmero de hechos que comprometen seriamente a la esposa del presidente, ministros y asesores por la estrecha relación con el lumpen libertario Cerimedo, el conjunto de la derecha continental está montando un operativo político para evitar que estas investigaciones terminen de hundir a Rodrigo Paz, Milei y a varios derechistas comprometidos por su asesor.

Una operación que comienza con la presión de Washington

El lunes 28 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones o retiro de visas para funcionarios y exfuncionarios bolivianos, entre ellos el fiscal general Roger Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Washington los acusó de corrupción, de obstaculizar investigaciones y, en el caso de Mariaca, de favorecer actividades vinculadas al narcotráfico. Mariaca rechazó las acusaciones y sostuvo que la medida constituía una forma de presión política y vulneración de la soberanía nacional.

Dos días después, durante la noche del miércoles 30 de septiembre, Mariaca y Zeballos fueron aprehendidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando llegaban desde Sucre. La detención se produjo en medio de un amplio despliegue policial y mientras Mariaca debía cumplir una agenda institucional en Santa Cruz. El operativo llamó inmediatamente la atención porque ambos fiscales acababan de ser señalados y sancionados por Washington.

Pero la intervención no terminó en Viru Viru. Casi simultáneamente, efectivos del Centro Especial de Investigación Policial ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Sucre, donde los funcionarios se preparaban para realizar una conferencia de prensa para denunciar la detención de Mariaca.

La escena es particularmente grave: mientras la Fiscalía intentaba denunciar públicamente lo que consideraba una detención irregular de su máxima autoridad, la Policía ingresó a sus oficinas, impidió el desarrollo normal de la conferencia y terminó arrestando a un aproximado de 20 funcionarios que se encontraban en el lugar. La propia transmisión institucional registró las denuncias de los trabajadores, que afirmaban desconocer las razones del operativo y reclamaban por la vulneración de la institucionalidad del Ministerio Público. La Policía también intervino la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y se allanó el domicilio de Mariaca.

Detenidos, acusaciones gravísimas y vulneración de derechos

En las horas siguientes, el Gobierno presentó oficialmente el operativo como una gran acción contra una supuesta estructura criminal enquistada en la Fiscalía y otras instituciones del Estado.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien según fuentes extraoficiales también habría recibido la información del retiro de visas de EEUU, informó que son 14 las personas detenidas, entre ellas Mariaca y Zeballos, y acusó al exfiscal general de encabezar desde el Ministerio Público una organización criminal destinada a proteger e incentivar actividades vinculadas al narcotráfico. Las acusaciones incluyen organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas. Entre los detenidos se encuentra el exministro de gobierno y excandidato presidencial, Eduardo del Castillo.

Entre los detenidos aparecen también el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio, además de otros funcionarios y personas que, según la versión gubernamental, estarían vinculados con una estructura de protección al narcotráfico.

El Gobierno afirmó asimismo que cuatro personas fueron detenidas cuando presuntamente intentaban retirar dinero de la vivienda de Mariaca (entre ellos los medios de prensa informan que se encuentra una persona menor de edad, de 13 años) y que otros seis funcionarios de la Fiscalía fueron aprehendidos cuando intentaban retirar documentación del inmueble. Según la información oficial, en la ambulancia utilizada para trasladar el dinero se encontraron Bs 3,5 millones y 10.000 dólares.

Las detenciones se realizaron sin órdenes judiciales, sin elementos de pruebas y para colmo sin derecho a la defensa. De esta manera, los funcionarios judiciales y de la fiscalía que fueron detenidos reciben una parte de la misma medicina que han estado brindando a los detenidos por las movilizaciones de mayo y junio a quienes también se les vienen vulnerando sus derechos.

Mariaca, de héroe a villano del poder

Nada de esto convierte a Roger Mariaca en una figura que las y los trabajadores deban defender. Mariaca es parte de un aparato judicial profundamente cuestionado y una fiscalía sospechada de “armar” casos en función de las necesidades políticas de los gobiernos de turno, además que sobre él pesan ahora acusaciones gravísimas que deben ser esclarecidas. Los vínculos que han sido denunciados entre funcionarios de la Fiscalía, policías y organizaciones vinculadas al narcotráfico deben investigarse hasta las últimas consecuencias.

Pero una cosa es exigir que se investigue la corrupción, el narcotráfico y las relaciones entre funcionarios estatales y organizaciones criminales, y otra muy distinta aceptar que sea Washington quien establezca quién puede o no investigar en Bolivia, volver a utilizar la visa estadounidense como condicionamiento de la vida política nacional como en los años 90 y qué autoridades deben ser perseguidas.

Estados Unidos no tiene ninguna autoridad sobre las instituciones bolivianas, lo que significa que el cumplimiento de sus amenazas es por la cobardía y complicidad del gobierno de Paz. Cobardía ante la obscena injerencia imperialista en la política y en las instituciones nacionales, pero complicidad ya que, al hacerlo, puede dirigir la investigación hacia un nuevo pozo ciego que garantice la continuidad de la corrupción y de un gobierno que no tiene legitimidad alguna para continuar.

Mientras el gobierno estadounidense secuestra y exige extradiciones de fiscales, presidentes y otros y los gobiernos cipayos de América Latina ceden, son décadas que Estados Unidos se niega a extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada y otros responsables de masacres del 2003.

Un operativo para controlar el caso Cerimedo

Las investigaciones desarrolladas en Bolivia alrededor de Fernando Cerimedo han colocado bajo presión al gobierno de Rodrigo Paz y a su entorno. Las denuncias y materiales difundidos por Nadia Beller —audios, mensajes, fotografías y otros elementos— revelaron los vínculos entre Cerimedo y personas del círculo más próximo al presidente, pero también se han difundido imágenes donde estaría presente junto a Cerimedo, Donald Trump Jr. y Brad Parscale. Se abre una crisis política que excede ampliamente el terreno judicial y que toca a Milei en Argentina, el eventual fraude electoral en Honduras, el resultado del referéndum constituyente en Chile y de conjunto a toda la llamada Nueva Derecha continental.

En este contexto debe entenderse la enorme importancia que tiene para el gobierno de Paz controlar el rumbo de estas investigaciones, cubriendo al gobierno con nuevas investigaciones sobre narcotráfico y corrupción.