La cobertura que inició la causa
La causa dervia de una cobertura periodística realizada el 15 de septiembre de 2025, cuando los periodistas llegaron a Las Lomitas para visitar las comunidades nivaclé de San José y El Algarrobal, junto con integrantes de la Asociación para la Promoción de la Cultura y del Desarrollo (APCD).
Durante la jornada realizaron entrevistas al cacique de la comunidad, Guillermo López, su mujer, su hija y su nieta.
La denuncia fue presentada el 19 de septiembre, donde los comunicadores fueron acusados de alterar el orden público y de no retirarse del lugar cuando se les solicitó, hecho que los profesionales negaron y afirmaron que tenían autorización para realizar la cobertura en el lugar.
FOPEA denunció irregularidades y hostigamiento
Desde el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtieron irregularidades en el caso, ya que en la denuncia figuraba el nombre del cacique Guillermo López, quien negó haber realizado la acusación y afirmó que agentes de la Policía lo trasladaron para firmar un escrito que desconocía.
Además, FOPEA denunció persecusión y hostigamiento a los periodistas durante la cobertura, alegando que vehículos sin identificar los siguieron por la zona y los vigilaron constantemente. Además, cuestionaron el accionar policial, quien los interceptó y retuvo en la ruta.
"La Justicia recurrió, entre otros argumentos, a la falta de acreditación en el lugar de la matrícula profesional o de vínculos laborales locales, en referencia a la Ley 12.908, para sancionar el trabajo periodístico. Un proceder por demás cuestionable, sobre todo porque para ejercer el periodismo no es imperativo uso de un carnet en ningún lugar del país", señalaron desde la organización.
En su comunicado, desde FOPEA reclamaron que el ejercicio de la libertad de expresión "no puede quedar condicionado por exigencias administrativas o matriculares utilizadas como barreras para realizar una cobertura periodística".
"La aplicación de este tipo de normas para sancionar a periodistas por el desarrollo de su tarea constituye un grave precedente y genera un efecto inhibitorio sobre quienes investigan e informan acerca de asuntos de interés público. FOPEA insta a los poderes públicos a garantizar el libre ejercicio del periodismo y el cese de mecanismos de amedrentamiento o criminalización de la labor de la prensa".