Judiciales Por: TABANO SC25/09/2026

Urribarri, Báez y Aguilera, frente a la jueza: la vida en la Unidad Penal 9 tras "siete días horribles"

Los tres condenados fueron entrevistados por separado por la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora. El exgobernador denunció insultos de otros internos; el exministro planteó problemas de salud, y Aguilera fue el que mostró mejor ánimo, enfocado en retomar sus estudios.

El exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Comunicación y Cultura Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera tuvieron este jueves su primera audiencia de conocimiento como penados ante la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora. Los encuentros se hicieron por videoconferencia desde la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, con la participación de la fiscal Fernanda Ruffatti y de los defensores Miguel Ángel Cullen (por Urribarri y Aguilera) y José Velázquez (por Báez).

Tanto la magistrada como los abogados aclararon que no se trataba de una instancia para formular pedidos, sino de un primer contacto entre quienes empiezan a cumplir la condena y la jueza encargada de controlar que se ejecute conforme a la ley.

Los tres están alojados en un sector originalmente construido para el área de Sanidad: un pabellón de 14 habitaciones para ellos solos, cuatro baños (dos fuera de servicio) y climatización centralizada frío/calor. Bértora describió esas condiciones como "inmejorables". El Servicio Penitenciario de Entre Ríos debió trasladarlos allí porque eran hostigados e insultados por el resto de la población carcelaria, algo que ya había ocurrido en la Unidad Penal de Paraná, donde Urribarri tenía que ser movido de un sector a otro dentro de un móvil penitenciario.

Urribarri: "Fueron siete días horribles"

El exmandatario relató que su situación mejoró tras el cambio de pabellón, pero recordó con crudeza la primera semana: "Compartía un espacio común de puertas abiertas con 14 condenados por violación y abusos, y con dos homicidas, uno de los cuales había matado a cuatro personas y era mi vecino de celda. Dormía de día algunas horas porque era imposible conciliar el sueño de noche. El otro homicida había asesinado de 21 puñaladas a un vecino. Fueron siete días horribles hasta que me trasladaron".

Hoy comparte el sector con su cuñado y evita los espacios comunes. Dijo que cada vez que camina hasta el lugar de visitas recibe insultos y agresiones verbales. "A un exgobernador que tomó decisiones que afectaron a familiares o a ellos mismos, no les resulta grato verme. Me es imposible estar en una biblioteca, en una cancha de fútbol o en cualquier espacio común", sostuvo. Y resumió su rutina: "Estoy en ese reducto donde voy al baño, me cocino y duermo".

Aun así, reconoció el trabajo del personal penitenciario: "No puedo adjudicarle nada negativo. Al contrario, creo que han hecho un esfuerzo para darme la seguridad".

Urribarri lamentó que no exista un régimen especial para alojar a un exgobernador. La jueza le respondió que su situación no es excepcional: "Esto sucede con un porcentaje alto de la población penal: internos que no pueden salir por miedo a ser agredidos". Explicó que suele deberse a conflictos barriales o delictivos entre presos y que en la Unidad Penal N° 1 "es de lo más frecuente". Sobre el régimen especial, fue tajante: ningún sistema penitenciario prevé ese supuesto, porque "se toma en consideración la media, el promedio de la población".

"Entiendo que la privación de la libertad es lo más doloroso para un ser humano, pero quiero decirle que no es la única persona en esta situación", concluyó.

En materia educativa, Urribarri contó que cursó hasta quinto año de Ciencias Económicas y abandonó al asumir como intendente de General Campos. Dijo no tener interés en sumarse a la oferta educativa del penal.

Bértora le hizo a él —y luego a Báez y Aguilera— una recomendación concreta: iniciar tratamiento psicológico. "Cuando cumpla cuatro años de detención estará en condiciones de pedir salidas, y se evalúa no solo el comportamiento, sino también la parte subjetiva. Trabaje sobre la razón por la cual está condenado", le indicó. "Gracias", respondió el exgobernador.

Báez: celiaquía, rutina y reflexión

Pedro Báez centró su planteo en la salud. Es celíaco y explicó que, como los tres comparten utensilios y cocina, él mismo organiza su alimentación para evitar la contaminación cruzada con gluten. La fiscal Ruffatti se comprometió a pedir a la Dirección del penal que se resguarde su dieta.

Contó que terminó la secundaria y cursó hasta quinto año de Ingeniería de Alimentos, con título intermedio de Técnico Superior en Tecnología de Alimentos. No piensa retomar: "Dejé de estudiar en 1987 y no ejercí. Hay etapas para cada cosa en la vida y eso ya se me pasó". Sí dejó abierta la posibilidad de sumarse a alguna propuesta educativa del penal el año próximo.

Describió una rutina de limpieza, orden, cocina, lavado de ropa, actividad física y lectura, para la que le autorizaron el ingreso de un Kindle con biblioteca digital. Sobre el nuevo alojamiento, dijo: "Nos sentimos más seguros y con más comodidad".

"En noviembre voy a cumplir dos años de pérdida de la libertad. He leído y reflexionado mucho. Siento una gran responsabilidad en poder transmitirle a los jóvenes nuestra experiencia, nuestros aciertos y errores", afirmó.

Aguilera: la carrera universitaria y un dato omitido

Aguilera fue quien se mostró de mejor ánimo. Contó que cursaba a distancia Administración de Empresas en la Universidad Siglo 21 —antes había estudiado Derecho— y que ya coordinó con el área de Educación horarios de conexión y acceso a material. "Buscarle la vuelta a la virtualidad sería muy beneficioso", dijo. La fiscal informó que el Servicio Penitenciario pidió autorización para ingresar una computadora que quedará en el área educativa.

La jueza ofreció el apoyo del juzgado para garantizar la continuidad de sus estudios y señaló que, si el acompañamiento institucional no alcanzara, la defensa podrá plantearlo.

"Vivo una realidad difícil, pero convivo bastante bien con lo que está pasando, con mucha lectura y tranquilidad", describió.

Consultado por su actividad laboral, mencionó un emprendimiento de construcción en seco que cerró hace unos tres años y una granja en General Campos iniciada por su hermano y un amigo, en la que participaba de manera informal. No mencionó, en cambio, que seguía siendo empleado de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, cargo por el que habría cobrado sueldo hasta su detención, con funciones supuestamente cumplidas de forma remota.

Las causas pendientes

Las audiencias corresponden a la ejecución de las penas dictadas en el Megajuicio, que concluyó con condenas en abril de 2022. Los tres tienen otras causas en trámite que, de terminar en nuevas condenas, podrían extender el tiempo de detención.

FUENTE: ANALISIS.

 

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