Postergaron para octubre el juicio contra Alcides Camejo

Según recordó Concordia Policiales, la investigación penal abarca dos hechos principales. La provisión ilegítima del arma de fuego utilizada por su sereno, Kevin Guardia, para quitarse la vida a finales de noviembre de 2024 en un inmueble del sindicalista, ubicado en el barrio Villa Adela.

Y, en segundo término, el hallazgo de un arma sin la documentación legal correspondiente durante un allanamiento efectuado por la División Investigaciones en el domicilio particular de Camejo. Las autoridades aclararon que el imputado no afronta cargos por homicidio en relación con el fallecimiento de Guardia, por lo que el proceso se centra exclusivamente en los delitos vinculados a la ley de armas.

Una muerte evitable

El 28 de noviembre de 2024, el joven Kevin Guardia, de 21 años, fue hallado sin vida en el interior de la vivienda de Camejo, en calle Capitán Rojas al 2.800, en el Barrio Frigorífico La Paz. El joven trabajaba como sereno en la casa del entonces dirigente sindical y , aparentemente, habría manipulado un arma 9 milímetros, que se terminó accionando. El disparo impacto en su cabeza, dejándolo mal herido. Al ser hallado por los propietarios del hogar, fue llevado de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Un mes después de la trágica muerte, el 24 de diciembre, la Fiscalía llevó adelante un allanamiento en la casa de Camejo en el marco de la investigación por la muerte de Guardia. El procedimiento de fue llevado a cabo por efectivos de la División Investigaciones, quienes cumplieron con una orden de allanamiento expedida por el Juzgado de Garantías N°1.

En la vivienda se logró el secuestro de una carabina calibre .22, con mira telescópica, y varios cartuchos de diferentes calibres, entre ellos, cartuchos de calibre 9 mm, .44 mm y .22, así como vainas calibre 12. En aquel operativo, el fiscal Arias dispuso la aprehensión de Camejo por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, puesto que las encontradas no contaban con la correspondiente documentación.

Expulsión del gremio

El 16 de enero de este año, la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (FATREFU) resolvió la expulsión del ex Secretario General del Sindicato Obrero de la Fruta de Concordia a raíz de la tramitación de otra causa judicial en su contra por el presunto delito de administración fraudulenta del sindicato durante su gestión. La decisión también alcanzó al ex tesorero Walter Rodrigo Monzón.

La investigación judicial está a cargo de la fiscal federal María Josefina Minatta, y abarca presuntos desvíos de fondos del gremio y de la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola (OSPAF), ocurridos entre 2014 y 2017, con proyección hasta 2021.

La denuncia fue impulsada por trabajadores que expusieron diversas irregularidades. Según el expediente, las maniobras bajo sospecha incluyen uso irregular de cheques, adquisición de vehículos a nombre de familiares, compras de bienes inmuebles, operaciones financieras vinculadas a la compra de dólares y viajes al exterior, principalmente a Uruguay.