La jueza Bértora contó cómo son los días de Urribarri en la celda que ocupó Laurta en la cárcel de Paraná: sería trasladado a Gualeguaychú

La jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, brindó detalles sobre las condiciones de detención del exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez. Los exfuncionarios fueron trasladados a la Unidad Penal N°1 de Paraná durante este fin de semana luego de que quedara firme la condena en su contra. En diálogo con Canal 9 Litoral, la magistrada repasó la situación de cada uno, el estado de las celdas y los posibles traslados.

Como primer paso en esta nueva etapa, Bértora indicó que necesitan confirmar la representación legal de cada uno de los detenidos. La jueza explicó que en esta instancia muchas personas privadas de su libertad cambian de defensa, por lo que se requiere la ratificación o presentación de los abogados que los van a asistir.

Por otra parte, ante los fuertes rumores sobre derivaciones a otras cárceles, la magistrada confirmó que se iniciaron gestiones extraoficiales. La jueza detalló que “hubo un pedido acá durante el fin de semana para Urribarri, para ver si se lo podía trasladar a la Unidad Penal N° 9“. Sin embargo, aclaró que “yo no puedo intervenir si no tengo una información de calidad, si no me llega desde los organismos oficiales la documentación oficial”.

La jueza remarcó que las situaciones deben evaluarse de manera particular y que “hay que tomar las cosas como son, que es individualmente”. En este sentido, analizó el escenario de cada exfuncionario. Sobre Aguilera, consideró que tiene su familia y su centro de vida en Paraná, por lo que tal vez le convenga quedarse en la capital provincial. En cuanto a Báez, mencionó que atraviesa problemas de salud y podría ser necesario que permanezca en la ciudad para ser atendido por los profesionales correspondientes o realizarse estudios de mayor jerarquía. Respecto al exgobernador, la jueza deslizó que “tal vez Urribarri quiera estar más cerca de su familia en la costa del Uruguay”.

En caso de concretarse el traslado de Urribarri a la Unidad Penal N° 9, Bértora precisó que se trata de una cárcel con menos internos, lo que permite un mejor acceso a la educación y a tratamientos psicológicos. Además, al ser una unidad nueva con más de 40 hectáreas, es mucho más espaciosa y no está tan restringida como el penal de Paraná. De todas formas, aclaró que esas decisiones se toman en base a lo que sugiere el servicio penitenciario.

Condiciones de las celdas y régimen de visitas

Al ser consultada sobre el lugar específico donde se encuentran alojados actualmente en Paraná, la magistrada detalló que “son celdas nuevas que se hicieron para personas que tienen problemas de convivencia”. Bértora explicó que se habilitaron recientemente para evitar que los internos terminen en los denominados “buzones“, que son lugares de aislamiento muy precarios e inhumanos para estadías largas.

En cuanto a la alimentación, los exfuncionarios reciben el menú general destinado a la mayoría de las personas privadas de su libertad, aunque también tienen la posibilidad de cocinar adentro de los pabellones. No obstante, la magistrada indicó que si alguno requiere cuidados médicos particulares, como sería el caso de Báez, existen regímenes específicos. La jueza explicó que “hay dietas especiales”, las cuales pueden ser reforzadas para enfermedades infectocontagiosas o restrictivas para cuadros como la diabetes.

Sobre el contacto con el exterior, Bértora fue tajante al indicar que el uso de dispositivos de comunicación está regulado y que los internos no poseen un celular propio. El servicio penitenciario les provee un teléfono en días y horarios específicos para que puedan contactarse con sus allegados, en márgenes escasos de tiempo. Las visitas presenciales, por su parte, dependerán de los días y horarios que asigne cada pabellón.

Salidas transitorias

Finalmente, la jueza se refirió a los plazos que deben cumplirse para que los condenados puedan acceder al beneficio de las salidas transitorias. Bértora confirmó que esto se habilita “a partir de la mitad de la condena”. De esta manera, Urribarri recién podría solicitar el beneficio dentro de cuatro años, mientras que Aguilera y Báez podrían hacerlo transcurridos los tres años de cumplimiento efectivo.