Condenan a un contratista que vendía droga a trabajadores de la fruta en Concordia

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Concepción del Uruguay, integrado por la jueza Mariela Emilce Rojas, dictó sentencia en una causa que desbarató una organización dedicada al narcotráfico en la ciudad de Concordia. La investigación, que se extendió por varios años, reveló un sofisticado esquema de distribución de drogas que aprovechaba la logística del trabajo rural estacional en la provincia de Entre Ríos.

La causa judicial tuvo su génesis el 27 de marzo de 2018. En esa fecha, la Prefectura Naval Argentina presentó una nota de inteligencia que alertaba sobre una pareja quienes estaban vinculados a la venta de estupefacientes en la localidad de Benito Legeren, en el departamento de Concordia.

Sin embargo, a medida que avanzaron las tareas de campo y las intervenciones telefónicas dispuestas por el juzgado instructor, los investigadores descubrieron que ambos eran solo una parte de una estructura mayor. La organización estaba liderada por Héctor Eduardo Núñez y su pareja, Ivana Soledad Martínez.

El rasgo más distintivo de esta banda era su método de comercialización. Núñez, aprovechando su empleo como contratista de jornaleros, utilizaba los colectivos destinados al traslado de trabajadores hacia las quintas de citrus y arándanos para almacenar y ocultar los narcóticos. Según se probó en el juicio, Núñez vendía las sustancias directamente a los trabajadores de la cosecha durante los trayectos o en las zonas de trabajo.

La justicia determinó que la banda funcionaba con una clara división de tareas. Mientras que Núñez ejercía el rol de jefe y organizador, su pareja era la encargada de almacenar, fraccionar y vender los estupefacientes.

En la estructura también participaban hijos y allegados del líder. Roberto Daniel Núñez (alias "Tito") y Jonatan Eduardo Pavón (alias "Jona") fueron señalados inicialmente como los responsables de fraccionar la droga y actuar como vendedores entre los cosecheros. Además, la investigación detectó conexiones con otros individuos ya procesados en causas paralelas por infracción a la Ley 23.737, lo que sugería una red de contactos más amplia en la región.

En cuanto a los sospechosos iniciales, Diego Moledo y Ana Vila, la fuerza de seguridad informó que ambos se encuentran en condición de prófugos, no solo por su vinculación con el narcotráfico, sino también por su presunta autoría en un homicidio ocurrido en Benito Legeren.

El 23 de agosto de 2019, la Prefectura Naval realizó cuatro allanamientos simultáneos en domicilios de Concordia. Finalmente, en la requisa de un colectivo blanco vinculado a la organización, se hallaron recortes de nylon adicionales que coincidían con el material utilizado para los envoltorios de droga.

Las condenas

Tras analizar las pruebas, la jueza Mariela Emilce Rojas dictó las siguientes resoluciones: Héctor Eduardo Núñez fue declarado autor penalmente responsable del delito de comercio de estupefacientes. El tribunal decidió unificar su condena en 4 años de prisión. Esta pena comprende una sentencia previa de tres años (de ejecución condicional) dictada en 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 de la Capital Federal, donde Núñez había sido hallado coautor del delito de reducción a la servidumbre. Al unificarse, se revocó la condicionalidad de su situación anterior.

Ivana Soledad Martínez fue considerada partícipe secundaria del delito de comercio de estupefacientes (art. 5 inc. "c" Ley 23.737). Se le impuso una pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, además del pago de una multa de $3.541.207.

En tanto, Roberto Daniel Núñez recibió la misma calificación que Martínez como partícipe secundario. Fue condenado a 2 años de prisión de ejecución condicional y a una multa de $3.541.207.

Finalmente, Jonatan Eduardo Pavón, a pesar de haber sido requerido en calidad de coautor, el tribunal decidió absolverlo de los cargos de tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de comercio agravado. La magistrada entendió que no había pruebas en su contra.

El fallo pone fin a una etapa judicial clave para combatir la venta de drogas en los sectores laborales vulnerables de Concordia, resaltando cómo la organización utilizaba estructuras de trabajo legítimas para encubrir actividades ilícitas.