El balance humano tras el inédito doblete sísmico que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio sigue agravándose: el Gobierno venezolano confirmó este jueves que la cifra de fallecidos ascendió a 3.889, consolidando este desastre como uno de los eventos sismológicos más mortíferos en la historia reciente de América Latina.
De acuerdo con el último parte oficial emitido por el Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Viviendas, difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la cantidad de heridos se mantiene estable en 16.740.
Mientras tanto, la emergencia social se traslada a los refugios: cerca de 17.000 personas se han quedado sin hogar y 16.891 ciudadanos continúan subsistiendo en 89 campamentos transitorios, a la vez que unas 86.794 familias que reciben apoyo gubernamental.
El impacto en la infraestructura de las zonas afectadas, focalizadas principalmente en el oriente y la costa norte del país, sobre todo en La Guayra, es muy grave. Las autoridades reportan 856 edificios dañados, de los cuales 190 colapsaron por completo. La tierra, además, no da tregua: desde los sismos principales de magnitud 7,2 y 7,5, los sismólogos han registrado 1.142 réplicas, manteniendo en vilo a la población y dificultando las tareas de evaluación de daños.
Despliegue de los operativos de emergencia
La magnitud de la crisis ha obligado al gobierno a flexibilizar sus fronteras y coordinar un esfuerzo logístico masivo, lo que llevó a afectar
30.076 efectivos de seguridad ciudadana y fuerzas militares venezolanas controlan el orden y la distribución de suministros.
3.931 rescatistas internacionales (provenientes de países aliados de la región y agencias humanitarias globales) operan en el epicentro.
29.344 voluntarios civiles que complementan las tareas de remoción de escombros.
Venezuela exigió a la ONU la liberación de los fondos para la reconstrucción tras el doble terremoto
El canciller de Venezuela, Yván Gil, exigió que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habiliten el desbloqueo de los fondos soberanos retenidos al Estado para reconstruir las zonas afectadas por los dos terremotos registrados el 24 de junio, que afectaron especialmente al norte del país caribeño.
En una publicación en Telegram, Gil confirmó el pedido ante la ONU y explicó los motivos: "El Gobierno Bolivariano ha instado a los países miembros de las Naciones Unidas a liberar los fondos soberanos retenidos del Estado venezolano. Esta medida es crucial para que Venezuela disponga de los recursos necesarios para reconstruir tanto la infraestructura material como la calidad de vida de todos los ciudadanos afectados".
El mensaje del diplomático se produjo después de una reunión liderada por el subsecretario general para Asuntos Humanitarios y coordinador de Socorro ante Emergencias de la ONU, Tom Fletcher. Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre la asistencia de distintos países para las víctimas del doble terremoto, por el cual ya se registraron 3.811 muertos y 16.740 heridos.
Según el último balance oficial, los operativos permitieron rescatar a 6.462 personas, asistir a 86.794 familias y distribuir más de 9.600 toneladas de alimentos, además de agua potable, medicamentos e insumos de primera necesidad. Paralelamente, comenzaron las inspecciones estructurales para determinar qué edificios podrán ser reparados y cuáles deberán demolerse antes de iniciar la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales.
Las zonas más afectadas continúan siendo los estados del norte del país, donde barrios enteros quedaron destruidos y miles de familias permanecen alojadas en refugios temporales. En muchas localidades todavía se registran cortes de servicios básicos y dificultades para acceder a agua potable, electricidad y atención sanitaria.
La magnitud de los daños obligó a desplegar uno de los mayores operativos de emergencia de la historia reciente del país. Organismos nacionales e internacionales advirtieron que la reconstrucción demandará inversiones millonarias y podría extenderse durante varios años debido al nivel de destrucción en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura pública.