“Lo que nosotros advertimos es que no basta con asegurar la viabilidad económica del sistema previsional, como se ha puesto en los objetivos de este proyecto de ley, sino que hay que hacerlo dentro del marco constitucional. Y en ese sentido, lo que vemos es que hay algunos puntos del proyecto que generan tensiones y que también esas tensiones se replican en los integrantes del Poder Judicial, específicamente -esbozó-. Aunque no es el único sector, sino que se trata de un sector un poco más grande afectado directamente”.
Cánepa remarcó que se trata de “un proyecto” que podría ser sometido a revisión en comisiones en el Senado. “Esto hay que conversarlo. El ámbito es en la Legislatura. Nosotros hemos pedido las reuniones a los presidentes de bloque, a los presidentes de las comisiones, a la vicegobernadora, justamente para advertir a priori estas tensiones o estas estas cuestiones que advertimos que podrían generar algún problema o algún inconveniente a futuro”, sostuvo en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.
-¿Confían en que el trabajo en comisión pueda modificar parte del espíritu de este proyecto?
-Y, bueno, si no confiáramos, no iríamos. Iremos a las comisiones del Senado a dar nuestro punto de vista. Creemos que tenemos argumentos muy concretos que están fundados, no solo en nuestro conocimiento del sistema constitucional local, sino también en jurisprudencia nacional, que ya ha definido alguna de las cuestiones con las que se insiste en este proyecto. Y digo se insiste porque nosotros las marcamos oportunamente cuando se hablaba de los vectores. En un documento sostuvimos que podría haber inconvenientes con algunos puntos. Bueno, algunas de esas cuestiones que marcamos han subsistido en el proyecto de ley, y, bueno, ahora toca hablar con los legisladores para hacerles ver, hacerles notar de estas tensiones o estos conflictos.
-El presidente del Superior Tribunal, Germán Carlomagno, habló de la posibilidad de que se afecte el principio de intangibilidad. ¿Tienen la misma mirada?
-Hay varios problemas, o dificultades con la declaración de emergencia que está propuesta. En primer lugar, porque hay una contradicción bastante grande entre lo que es el mensaje del Poder Ejecutivo en este en este proyecto de ley y las medidas o la solución que se decide tomar. Es decir, el Poder Ejecutivo lo presenta como una medida, como un fenómeno estructural. El problema de la Caja es un fenómeno estructural. Y esto significa que es un fenómeno que estaba. De hecho, del déficit previsional se viene hablando hace mucho tiempo. Es un problema que está. Reconocemos que se han tomado medidas para para paliar o bajar ese déficit. Y la emergencia es otra cosa. Con la emergencia estamos hablando de un problema general. Se habla de emergencia en un sector que ni siquiera es el más grande en el Estado. La emergencia es un problema general, es un problema súbito, es un estado de necesidad, en donde, básicamente, se deben tomar medidas excepcionales por muy poco tiempo, con las cuales se sale de esa emergencia. Acá lo que se ve es otra cosa: se ve un problema que tiene más que ver con un desequilibrio económico, que se buscan medidas que tengan que ver con obtener flujos de caja rápidos. Es decir, parecería un atajo esta declaración de emergencia para echar mano de otras fuentes de financiamiento del sistema previsional que hoy el sistema no está teniendo.
El integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná sostuvo: “Lo que se advierte es que se está depositando en un sector las disposiciones de esta emergencia, que va a caer justamente, va a recaer solamente en ellos todo el peso del desequilibrio de la caja. En ese punto hay una diferencia sustancial con la emergencia de la pandemia. Ahí se suspendieron, por ejemplo, las las paritarias para todo el mundo.
-¿Este proyecto apunta a suspender la Ley de Enganche?
-No, en realidad lo que se decide es un aporte extraordinario. Lo de las paritarias es otro problema que tiene que ver ya con el capítulo estrictamente de la reforma previsional, que también genera tensión. Y respecto de la emergencia, no tiene que ver con la que se dictó durante la pandemia. Aquella era una emergencia económica, financiera, previsional, de los servicios públicos, y no sé cuántas cosas más, de todo el Estado entrerriano. Lo que había era una crisis económica tan importante producto de la baja de la actividad productiva, que realmente era muy difícil para los Estados sostener toda su actividad. Acá no pasa eso, pero no es que a mí se me ocurre que no pasa. El Poder Ejecutivo está diciendo que no pasa y limita solamente la emergencia al sistema previsional. Además, un sistema previsional respecto del cual sus propias autoridades están diciendo que están cumpliendo en tiempo y forma con todos los compromisos y con todas las prestaciones, y que incluso han reducido el déficit.
-¿Si el proyecto sale tal como lo envió el Ejecutivo puede derivar en planteos judiciales?
-Bueno, no lo sé. Yo lo que advierto son tensiones, son problemas. Nosotros hoy tenemos que la determinación del haber inicial se realiza en función de un promedio de los últimos 10 años, es decir, los últimos 120 meses. Y se realiza un promedio para determinar el haber inicial. En el proyecto que está en la Legislatura eso se cambia, y se ponen 240 meses, es decir, se duplica el plazo, lo cual ya produce una licuación de ese 82% móvil. Pero además se dice algo más, que me parece que está escrito de manera un poco opaca, y es muy importante. Porque el promedio que se toma es de los 240 meses actualizados, que no es lo mismo que actuales. Es decir, que ahora con este proyecto de ley, si sale como está, la determinación del haber inicial será tomando los 240 meses últimos, o sea, los sueldos de esos 240 meses últimos, a valores históricos, no actuales, históricos, y se van a actualizar. ¿Y cómo se van a actualizar? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque está delegada esa actualización en el presidente de la Caja. Y eso es un problema, porque ya no estamos hablando del 82%: estamos hablando de un porcentaje un poco menor, además de que no conocemos cuál es el índice que va a utilizar el presidente de la Caja para actualizar. Además, se trata de una delegación legislativa que está prohibida por la Constitución. Usted tiene que saber que nuestra Constitución habla de que ningún poder puede delegar sus competencias o sus facultades en el otro. Aquí no existe la legislación delegada como existe a nivel nacional. Aquí no existen los decretos de necesidad y urgencia como existen a nivel nacional. Entonces, todo esto que es competencia de la Legislatura, este proyecto de ley se lo está delegando ni siquiera el Poder Ejecutivo: se lo está delegando al presidente de la Caja.
“Y lo mismo pasa -apunta- con el sistema de movilidad que establece este proyecto de ley. Este sistema es el que utiliza Anses. Y Anses está lleno de juicio por este tema, y por la movilidad también. Entonces, acá hay una nueva delegación respecto de la movilidad. Se está delegando en el Poder Ejecutivo que la actualización de los haberes previsionales se haga a partir de una paritaria, sin fijarle pautas para esa actualización. No sabemos cuántas paritarias va a haber. No sabemos qué índice se va a utilizar para actualizar o cuál va ser el índice mínimo a tener en cuenta en esas paritarias para establecer la movilidad”.
Cánepa entiende que “la Legislatura debe tomar las riendas en este asunto en lo que hace su propia competencia, y fijar un índice, y no delegarlo en el Poder Ejecutivo. Y eso más allá de los problemas que se susciten, dado que, como se quiere hacer un solo índice, ese es el primer problema a resolver. Luego, los segundos o terceros problemas a resolver tendrán que ver con que esos índices que se fijen deberán garantizar también la proporcionalidad entre los haberes de activos y pasivos de cada escalafón, y eso es un problema también”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora