Rechazo de CAME a la suba de impuestos propuesta por el FMI

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó la reforma tributaria del Fondo Monetario Internacional (FMI), calificándola de “regresiva” y propuso un “nuevo consenso fiscal” entre los distintos niveles de gobierno.

Al analizar la reforma tributaria pedida al gobierno de Javier Milei por el organismo internacional, que incluyen ampliar la base del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, extender el IVA a bienes exentos y elevar las categorías del Monotributo, la entidad gremial-empresaria cuestionó que “recaen principalmente sobre los asalariados y el consumo doméstico”.

En esa línea, consideró que “son reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, sin tocar ninguno de los impuestos distorsivos estructurales que verdaderamente frenan la inversión, la producción y el empleo formal en la Argentina”.

Para CAME, el FMI ignora en su diagnóstico el nivel de tributación subnacional, señalando que “es donde reside el nudo fiscal más dañino para la actividad económica: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas retributivas de servicios municipales”.

El comunicado remarcó que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las diversas tasas municipales representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de si esta tiene rentabilidad o no.

Sobre este punto, la institución planteó que el IIBB funciona como un “impuesto en cascada” que se acumula en cada etapa de la cadena productiva. Además, alertó sobre la generación de “saldos a favor” debido a regímenes de retención y percepción que superan lo que el contribuyente efectivamente debe pagar.

Al respecto, explicó que “las empresas pagan más de lo que deben en cada operación, acumulan un saldo a favor en su cuenta tributaria provincial y, en teoría, deberían recuperar ese excedente ya sea por compensación con obligaciones futuras o por devolución directa del fisco provincial”, pero en la práctica eso no sucede.

En ese sentido, desde CAME sostuvieron que “la compensación es insuficiente porque los saldos nuevos que genera el régimen superan mes a mes lo que el contribuyente puede absorber en su liquidación mensual”.

Asimismo, señalaron que estos excedentes, que el Estado demora entre 12 y 36 meses en devolver, pierden entre el 60% y el 80% de su valor real por efecto de la inflación, funcionando en la práctica como un “préstamo forzoso sin remuneración” al fisco.

De esta manera, denuncian que “el Estado captura un beneficio financiero real a costa del capital de trabajo de las empresas, sin que ello figure en ningún indicador de presión tributaria oficial”.

Frente a este escenario, CAME insta al Gobierno nacional, a las provincias y a los municipios a convocar de forma urgente a un nuevo consenso fiscal.

La propuesta consiste en una reforma estructural que ponga el foco en la presión impositiva subnacional, al señalar que es el principal obstáculo para la producción y el empleo.

En este marco, expuso que el objetivo de la iniciativa “no debe ser la reducción nominal de alícuotas, que puede revertirse por decreto, sino el establecimiento de reglas de juego permanentes que armonicen la base imponible, los regímenes de retención y percepción, y los mecanismos de devolución en todo el territorio nacional”.

LA PROPUESTA DE CAME

La propuesta de la confederación incluye la racionalización de Ingresos Brutos; fijar alícuota máxima de retención en base a la tasa efectiva por actividad; la indexación automática por CER desde el día 31 de generado el saldo; establecer criterios permanentes para la base imponible y los mecanismos de devolución en todo el país; que la comisión arbitral del convenio multilateral actúe como organismo fiscalizador para asegurar el cumplimiento de los plazos de devolución y la validez de los coeficientes de distribución; la publicación trimestral obligatoria de stock de saldos acumulados y el control de tasas municipales, consistente en poner fin a la proliferación de tasas “opacas” exigidas por más de 2.300 municipios que no tienen un correlato verificable en servicios prestados.