El que no tiene propiedades ocultas en Miami no es funcionario del gobierno nacional.
Esta nota fue incluida en la sección POLITICA pero debería haber sido puesta en la sección Judiciales.
Pues, seguramente, esta causa será judicializada en las próximas horas y este funcionario, al igual que al Coordinador de Economía que "se olvidó" de declarar otros tres departamentos en Miami será echado del gobierno. En tanto, en Concordia, la gente va presa por robarse una latita de picadillo.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó la indagatoria del titular de ARCA por presunta omisión maliciosa en su declaración patrimonial. La investigación incluyó propiedades en Miami valuadas en más de 2 millones de dólares.
Un pedido de indagatoria contra el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, fue presentado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en el marco de una causa por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial. La investigación se centró en la falta de declaración de tres propiedades en Miami valuadas en más de 2,1 millones de dólares.
El titular de la PIA, Sergio Rodríguez, sostuvo que existieron elementos suficientes para considerar que el funcionario “maliciosamente obvió” consignar su vínculo con sociedades offshore que registraban bienes en el exterior. En ese sentido, afirmó: “Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”.
Propiedades en Miami y sociedades offshore
Según el dictamen, las propiedades en cuestión correspondieron a dos unidades en el complejo Icon Brickell y una en el condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles. Estas adquisiciones se realizaron entre 2013 y 2015 a través de sociedades constituidas en Panamá, que posteriormente quedaron bajo control de una firma radicada en las Islas Vírgenes Británicas, publicó La Nación.
De acuerdo a la investigación, el funcionario figuró como beneficiario final de esas estructuras societarias, aunque no las declaró ante la Oficina Anticorrupción ni ante el organismo fiscal que encabezaba. La PIA indicó que el uso de estas sociedades permitió ocultar la titularidad real de los inmuebles.
El pedido de indagatoria deberá ser resuelto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, mientras que la investigación se encuentra a cargo del fiscal Guillermo Marijuán. Además, el expediente contó con la intervención de organismos especializados como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El fiscal Rodríguez también solicitó ampliar la investigación hacia posibles delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La hipótesis principal apuntó a una desproporción entre los ingresos declarados y las adquisiciones realizadas en el exterior.
Movimientos patrimoniales y uso de bienes
Entre los elementos reunidos, la PIA destacó el pago de impuestos municipales en Miami por parte del funcionario y su entorno familiar, así como el uso efectivo de los inmuebles por parte de sus hijas. Estos factores fueron considerados indicios de control sobre las propiedades, más allá de su titularidad formal.
Asimismo, la investigación detectó que el funcionario declaró ingresos provenientes del exterior en sus declaraciones impositivas, pero no los activos que los generaron. Esta situación fue incorporada como parte del análisis patrimonial.
Otras operaciones bajo análisis
El dictamen también incluyó operaciones inmobiliarias en Argentina, entre ellas la adquisición de un departamento en Puerto Madero a un valor inferior al estimado de mercado. Según la PIA, esta transacción podría estar vinculada a maniobras de subvaluación.
Además, se analizaron movimientos societarios vinculados a empresas que habrían otorgado préstamos al funcionario y gestionado bienes a su nombre. Estas estructuras fueron consideradas relevantes para evaluar la posible existencia de un circuito de ocultamiento de activos.
Medidas solicitadas
Para avanzar en la causa, la PIA solicitó la realización de exhortos internacionales a entidades bancarias en Estados Unidos y a autoridades de las Islas Vírgenes Británicas. También requirió información sobre movimientos migratorios del funcionario y su grupo familiar.
El expediente se sumó a otras investigaciones judiciales en curso que involucraron a funcionarios nacionales y que tramitaron en los tribunales federales.
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