Ley de propiedad privada: el proyecto oficial podría habilitar desalojos masivos en barrios populares en todo el país

El proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada que se debate en el Senado abre un escenario de fuerte tensión en torno al derecho a la vivienda y la integración sociourbana. La propuesta oficial modifica de manera sustancial la normativa vigente, sancionada en 2018, que había declarado de utilidad pública los terrenos ocupados por barrios populares y suspendido los desalojos para avanzar en procesos de regularización dominial.

La ley actual se enmarca en la política de integración sociourbana, cuyo objetivo es garantizar la seguridad en la tenencia y la posibilidad de escriturar las viviendas de quienes habitan en villas y asentamientos. El mecanismo prevé la expropiación de terrenos, el resarcimiento económico a los propietarios formales y la venta progresiva de las parcelas a las familias residentes. De este modo, se buscaba compatibilizar el derecho a la propiedad privada con el acceso a la vivienda digna.

La iniciativa del Gobierno, en cambio, deroga la declaración de utilidad pública y elimina la suspensión de desalojos. Esto implica que los juicios por desalojo podrían reactivarse de inmediato, afectando a más de 1.200.000 familias que viven en unos 6.500 barrios populares de todo el país. Se estima que dos millones de niños y adolescentes quedarían expuestos a perder su hogar, en un contexto de déficit habitacional estructural.

El impacto sería significativo sobre los certificados de vivienda ya otorgados —cerca de 870.000— que permitieron a las familias acceder a servicios básicos y programas sociales. La derogación de la norma pondría en riesgo la validez de esos documentos y las inversiones realizadas en mejoras habitacionales y urbanas. Además, paralizaría el proceso de escrituración, que si bien es largo y complejo, constituye un paso fundamental hacia la formalización de la tenencia.

Otro aspecto central es la infraestructura. La integración sociourbana requiere obras de apertura de calles, trazado de veredas, transporte público, espacios de salud y educación, así como conexiones formales a servicios de agua y electricidad. Sin estas condiciones, la escrituración resulta inviable. Sin embargo, muchas de estas obras fueron paralizadas por el actual Gobierno, lo que limita aún más la posibilidad de avanzar en la regularización.

El debate también involucra la naturaleza de los terrenos. Una parte importante corresponde a tierras fiscales o de bajo valor por su ubicación en zonas insalubres, como basurales. En los casos de propiedad privada, la ley vigente prevé la expropiación y el reconocimiento económico a los dueños, evitando que pierdan su patrimonio sin compensación.

El Gobierno argumenta que la ley de 2018 fracasó porque en siete años solo el 0,08% de las viviendas logró título de propiedad. Sin embargo, especialistas sostienen que el proceso de escrituración es necesariamente prolongado y que la política tuvo impactos positivos en la calidad de vida de las familias, al mejorar el acceso a servicios y la seguridad en la tenencia.

La discusión sobre la nueva ley pone en tensión dos derechos fundamentales: la inviolabilidad de la propiedad privada y el acceso a la vivienda digna. Su aprobación podría significar un retroceso en las políticas de integración sociourbana y abrir un escenario de conflictividad social, con miles de familias en riesgo de desalojo y un déficit habitacional aún más profundo.