El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sancionó una reforma constitucional que establece la cadena perpetua en el país centroamericano. La nueva legislación, aprobada previamente por una Asamblea Legislativa con amplia mayoría oficialista, apunta directamente contra autores y cómplices de homicidios, feminicidios, violaciones y la pertenencia a estructuras de pandillas.
La novedad de esta reforma radica en su alcance etario: la pena de cárcel de por vida podrá aplicarse no solo a adultos, sino también a menores de edad a partir de los 12 años.
Hasta esta modificación, la Ley Penal Juvenil salvadoreña establecía un techo de 20 años de prisión para menores de 16 años y de 10 años para los niños de entre 12 y 15 años. Con la nueva normativa, el gobierno busca equiparar el castigo de los menores "que pertenecen a organizaciones terroristas".
"Estamos proponiendo traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua aún en el caso de menores de edad, así como estamos tratando a los menores de edad que pertenecen a organizaciones terroristas" que comentan esos delitos, afirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al defender la iniciativa.
La ley incluye un sistema de revisión de penas
La ley contempla un mecanismo de revisión obligatoria de la pena máxima en caso de que los acusados "sean menores que han cometido uno o varios delitos o si se trata de una infracción con agravantes".
Los jueces deberán analizar cada caso para evaluar la posibilidad de un régimen de libertad controlada, bajo cronogramas específicos según el perfil del condenado.
La revisión se debería hacer de forma obligatoria a "a todos los reos condenados a perpetuidad cada cinco años a partir de 25 años de prisión para los menores, 30 años para los adultos, 35 para los adultos condenados por varios delitos y a partir de los 40 años de prisión por delitos con agravantes".
Esta medida se suma al "estado de emergencia" vigente desde marzo de 2022 y a la denominada "guerra contra las pandillas", que transformó el sistema carcelario y judicial de El Salvador.
Sectores de la oposición y organismos internacionales advierten que estos cambios, sumados a otros proyectos como la eliminación de límites al mandato presidencial, son un impacto grave sobre la democracia y los derechos humanos, permitiendo una eventual perpetuidad de Bukele en el poder.