“Mi dinero, sea mucho, poco o más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor.”, fue una de las respuestas que dio el jefe de Gabinete en esa conferencia a la que se sometió el miércoles último y de la que huyó como quien da un portazo tras responder —o esquivar— preguntas de solo cinco periodistas. El tema a despejar no era como gastaba su dinero sino como lo obtuvo. De eso se trata el concepto de transparencia.
- El ministro no dio precisiones sobre cómo se financió su viaje a Punta del Este en avión privado, entre el 12 y el 17 de febrero, con su familia y su amigo, el periodista Marcelo Grandío.
- No esclareció las dudas sobre su patrimonio y se refirió a anexos que no expuso.
- No aclaró por qué no aparece en su propiedad el departamento que habita en Caballito y que habría comprado, según la documentación exhibida por el diario ñ La Nación esta semana.
“Para qué dio la conferencia si no respondió las preguntas que generan dudas y malestar en la sociedad”, se preguntó una fuente del oficialismo que cuestionó el papel del ministro. “Eligió el camino de la confrontación con el periodismo que le servía antes cuando no estaba en discusión su patrimonio”, remató.
De los creadores de “no odiamos lo suficiente a los periodistas” nació en esta conferencia el “apenas sos un periodista, no un juez”. Así le respondió Adorni al periodista de El Destape, Jon Heguier. Ocurre que la consulta del periodista era la misma que cualquiera podría querer hacerle en la calle.
En un punto, cierta razón le asiste al ministro: tiene a su favor la presunción de inocencia. Pero en su contra hay, al menos, dos jueces que podrían requerir sus explicaciones: Ariel Lijo, en la causa por el viaje a Punta del Este; y Daniel Rafecas, por el viaje de la mujer de Adorni a Estados Unidos en el avión presidencial. Una tercera causa por presunto enriquecimiento ilícito aterrizó primero en manos de la jueza Romilda Servini, pero en las últimas horas se acumuló a la causa por el viaje a Punta del Este.
¿Puede justificar Adorni su nivel de vida? Es misma pregunta se hizo en las últimas horas el fiscal Gerardo Pollicita que lo imputó y ordenó 12 medidas de prueba que van desde confirmar cuántas propiedades tiene en Ciudad y Provincia de Buenos Aires y cuáles fueron los viajes que hizo desde el 2022 a la fecha. El fiscal puso quinta a fondo y hasta pidió que se solicite al Registo Nacional de Buques y al Registro
Nacional de Aeronaves que informen sin Adorni o su esposa Bettina Angeletti tienen o tuvieron embarcaciones o naves registradas a su nombre desde el 2022.
En la causa por el viaje a Punta del Este en Carnaval, la prueba comenzó a acumularse. En la semana que pasó, declararon dos testigos y ofrecieron prueba documental que sostiene la teoría de que no habría sido Adorni quien pagó el viaje a Punta del Este. Los elementos indicativos son al menos tres: la factura por el viaje de ida está a nombre de ImHouse, la productora vinculada a Grandío; la del vuelo de vuelta está directamente a nombre del periodista; entre las dos suman más de 7.000 dólares. El tercer elemento es un intercambio de WhatsApp entre Grandío y Vanesa, la empleada que trabaja para el broker Agustín Issin Hassen. Ella le pide al periodista que le aclare a nombre de quién facturar, cuando ya tenía claro que iba a viajar Adorni. La respuesta fue que lo hiciera a ImHouse. ¿Por qué no facturarle al jefe de Gabinete si la plata supuestamente era suya? Pregunta que ya se hacen los investigadores.
La declaración de Vanesa Tossi, secretaria del Broker Issin, fue explosiva. Confirmó que el viaje lo pagó Grandio, que este no quería que se hiciera ninguna factura y que, incluso, se preocupó por bajar el precio -habilitando la ocupación de algunas plazas en el vuelo de vuelta- porque se trataba de una “invitación”. También relató que estaba al tanto de que los vuelos serían utilizados por la familia de Adorni.
Por si le faltaban escándalos al caso, los empleados del juzgado y la fiscalía se sorprendieron cuando el teléfono de la testigo comenzó a sonar en medio de la declaración. Por supuesto que no lo atendió: el llamado provenía del teléfono de Grandio y así quedó asentado en el acta de la testimonial. La testigo también contó que el periodista amigo del jefe de Gabinete le había mandado una carta documento días atrás para intentar desconocer la factura, luego del que el caso tomara estado público. Ese documento también se integró al expediente.
De acuerdo a la opinión de distintos consultores y encuestadores, el de Adorni es el caso de presunta corrupcion de mayor impacto en la opinión pública. Y eso que en tan solo dos años el gobierno y sus aliados acumularon varios expedientes explosivos, como lo son los de Libra, Andis y Espert.
A José Luis Espert, por caso, las causas en las que se investigan sus vínculos con Federico “Fred” Machado —juzgado en Estados Unidos por presunta complicidad con el narcotráfico— le costaron su candidatura a diputado nacional, en cabeza de lista, por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Dos causas afronta Espert por este vínculo: una que tramita en San Isidro, por presunto lavado de dinero, al haber recibido al menos 200 mil dólares de Machado; otra tramita ante la justicia federal porteña, con asiento en Comodoro Py, donde se investigan los viajes que hizo Espert en 2019 como candidato a presidente en un avión privado vinculado a Machado. En los últimos días los abogados Santiago Kent y Alex Freeland dejaron de representarlo en la causa de los viajes de campaña y también en la de lavado de dinero. Lo hicieron luego de solicitar que las dos causas tramitaran juntas ante el fuero federal porteño, algo que aún no fue respondido. Mal síntoma para la salud judicial del “profe”, tal como lo bautizara el presidente Javier Milei.
Lo cierto es que ambas causas, con objetos bien diferenciados, registraron avances importantes. De la información incorporada a la causa de San Isidro surge que Espert habría experimentado un importante cambio en su nivel de vida a partir de que se vinculó con Machado. Su consumo mensual llegó a quintuplicarse de un mes a otro, medido en dólares. Otro dato que surge de sus ingresos y gastos es que recibió transferencias de María Pía Novelli. Fue en 2020 y en 2021, cuando Espert estaba vinculado a la escuela de traders de Mauricio Novelli, el hombre radiactivo del caso Libra. Novelli, criptobro del presidente Milei, confió en los libertarios antes que nadie. Quizás por eso el presidente no lo haya soltado.
Quien sí lo soltó —al menos en términos estratégicos— fue su socio Manuel Terrones Godoy. Hasta esta semana compartían el asesoramiento legal de Daniel Rubinovich, pero en los últimos días Terrones Godoy cambió su defensa y presentó en el expediente a los abogados Tomás Briganti y Nicolás Grimaldi. Tras cartón, la defensa de Novelli pidió la nulidad del análisis realizado por la DATIP (Dirección de Asistencia en Materia Tecnológica del Ministerio Público Fiscal) sobre el teléfono del hombre radiactivo. Afirma la defensa que tal análisis no se hizo con los cuidados del caso y que incluyó información que no sería útil para la causa. Lo cierto es que la extracción forense de la información del teléfono celular de Novelli se hizo en presencia de un perito de parte que no la objetó. Y el patrón de desbloqueo lo aportó el propio imputado. Aunque se anulara el análisis, la información en crudo seguiría siendo la misma. Y de allí surge que Milei y Novelli, que estaba en Dallas junto al creador del Libra Hayden Davis, estaban online el día y a la hora en que se lanzó Libra.
La estrategia del planteo de nulidad había sido públicamente adelantada en sendas entrevistas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Y es la misma estrategia utilizada en el caso Andis, en el que se investiga si funcionarios del gobierno recibieron coimas para direccionar contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad. El viejo truco de intentar anular el caso cuando no se puede confrontar la prueba.
Es tal el nivel de preocupación que existe en la Casa Rosada con el caso Andis que, a fines del año pasado, un empresario se llevó una sorpresa cuando el tema se metió de manera imprevista en una conversación. El hombre se estaba ofreciendo para intermediar entre el gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino, para bajar los niveles de tensión. Como en el oficialismo creen que el caso Andis explotó por actores vinculados a esa institución, la respuesta fue que querían la cabeza de quien grabó al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, cuando hablaba de las presuntas coimas. También querían asegurarse que nunca verían la luz los audios en los que se suponía aparecía nombrada Karina Milei. Por supuesto, esa intermediación nunca llegó a iniciarse.