La carta del INVYTAM: cuando una reforma administrativa se convierte en un juicio público

La disolución del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (INVYTAM) no solo abrió un capítulo institucional en Concordia: también destapó un conflicto silencioso entre la gestión municipal y los trabajadores del organismo. Ese malestar tomó forma en una carta abierta que comenzó a circular por canales digitales, sin firmas individuales pero con un mensaje colectivo contundente.

El texto, atribuido a empleados del instituto, no cuestiona la potestad del intendente Francisco Azcué para reorganizar el Estado municipal. Lo que sí cuestiona —y con énfasis— es el modo en que la reforma fue presentada ante la opinión pública. Para los trabajadores, la narrativa oficial dejó entrever una descalificación hacia su labor, una suerte de sentencia implícita sobre la eficiencia y la integridad del organismo.

Una respuesta a la “mirada generalizadora”

La carta surge como contragolpe a las declaraciones del jefe comunal, que describió al INVYTAM como un ente con falencias estructurales. Los empleados interpretaron esas palabras como un manto de sospecha que los incluye a todos por igual. Y ahí está el núcleo del reclamo: no discuten la reforma, discuten el relato.

Para sostener su posición, enumeran lo que consideran los pilares de su gestión: urbanización de barrios postergados, soluciones habitacionales históricas y recientes, y procesos de regularización dominial que —según afirman— ordenaron el patrimonio municipal y generaron ingresos genuinos. No es solo una lista de tareas: es una defensa de identidad profesional.

El capital humano como campo de disputa

El tono del comunicado deja en claro que el conflicto no es técnico, sino simbólico. “Nos duele que se pretenda justificar una reforma desprestigiando el capital humano del Instituto”, escriben. La frase sintetiza el trasfondo del debate: la tensión entre la búsqueda de eficiencia estatal y el reconocimiento del trabajo acumulado por quienes sostuvieron el organismo durante años.

Los trabajadores aceptan que toda gestión tiene derecho a reorganizar, pero marcan un límite ético: la dignidad laboral no puede ser variable de ajuste ni argumento colateral. Reclaman que se reconozca públicamente la calidad de su desempeño, porque —afirman— eficiencia y respeto no son conceptos incompatibles.

El final de una etapa, no de una historia

Hacia el cierre, la carta adopta un tono casi testimonial. Los empleados asumen que el ciclo institucional del INVYTAM llega a su fin, pero rechazan que ese final sea leído como una condena a su trabajo. “Aceptar el fin de una etapa institucional no significa aceptar el desprestigio de nuestra labor”, sostienen, reivindicando que detrás de cada expediente hubo personas, no estructuras abstractas.

La misiva deja flotando una pregunta que excede al organismo: ¿cómo se construyen los relatos de reforma en la administración pública? ¿Y qué lugar ocupan los trabajadores en esas narrativas? En Concordia, al menos por ahora, la discusión recién empieza.

Aquí, el texto de la nota de los "ex-trabajadores del INVYTAM":