Este miércoles, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJ) emitió un comunicado advirtiendo sobre un “entorno en extremo hostil que no puede ser tolerado por ningún funcionario ni poder estatal…”.

Si bien el comunicado refiere a las dos denuncias que se formularon en el Honorable Jurado de Enjuiciamiento (HJE), contra el juez de Garantías de La Paz, el posicionamiento cobró relevancia porque se dio a conocer tras la audiencia en la que el defensor del actual intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, alias Dani, y de la pareja de este, la senadora y presidenta del HJE, Patricia Díaz, iba a reiterar el pedido de sobreseimiento de sus asistidos.

Allí, el defensor, Guillermo Reggiardo, informó que había recusado al fiscal, Álvaro Piérola, y recusó al juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl.

TOLERANCIA CERO

En el comunicado se advirtió sobre “la amenaza constante y, en algunos casos, explícita, de recusaciones, procesos de jury o de juicio político, o aún, de denuncias penales contra miembros de la Magistratura y de los Ministerios Públicos, de cualquier instancia, ubica al Poder Judicial en su conjunto en un entorno en extremo hostil que no puede ser tolerado por ningún funcionario ni poder estatal, toda vez que defender la integridad y la independencia del Poder Judicial es esencial para proteger el Estado de derecho y fortalecer las bases de nuestra democracia”.

En el mismo sentido, se cuestionó que “los embates contra el Poder Judicial de Entre Ríos son un recordatorio contundente de los desafíos que enfrentamos las y los miembros de la Magistratura y de los ministerios Públicos de la Provincia, pero nunca serán suficientes para cejar nuestra voluntad y compromiso de avanzar hacia un Estado más transparente y una sociedad más justa”.

MESA

En una tensa audiencia que se realizó este miércoles desde las 8:15, Reggiardo informó que momentos antes había presentado una denuncia ante el HJE contra Piérola, entendiendo que éste sería parte de una “mesa judicial”, integrada, de acuerdo a las manifestaciones del defensor, por la intendenta de la Municipalidad de Paraná, Rosario Romero; el ex interventor del Ente Regulador de la Energía (EPRE), José Carlos Halle; el Procurador General de la provincia, Jorge García; y el presidente de la Asociación de Magistrados y la Función Judicial, Alejandro Cánepa; y sectores del periodismo local.

JURY

En el comunicado de la AMFJ, se destacó que “se deja constancia de que Laura Soage (N de la R: se trata de la vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia), se ha excusado de intervenir en las conversaciones y deliberaciones, no ha emitido ninguna opinión, ni participado de manera alguna en la toma de decisiones ni del posicionamiento de la AMFJER con relación a este tema”.

El tema de referencia es la denuncia que presentó contra el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, el ex secretario de Gobierno de Santa Elena durante una de las gestiones de Rossi al frente de aquella comuna, en una causa que investiga a Rossi y funcionarios de la gestión señalada por el presunto delito de Peculado.

PERFIL

La AMFJ precisó que el 27 de marzo la AMFJ y Federación Argentina de la Magistratura (FAM),  recibieron a Carballo, ocasión en la que este se expresó sobre la denuncia de jury que enfrenta por partida doble, puesto que fue denunciado dos veces ante el Jurado de Enjuiciamiento. La primera vez por Reggiardo en el marco de aquella causa.

En el comunicado se destacó que Reggiardo es “abogado personal y familiar de Rossi y de la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, la senadora Patricia Diaz”. Para la Asociación, la situación “se revelaría no solo como una represalia hacia su persona, sino también como una inadmisible e indebida presión hacia aquellos/as funcionarios/as judiciales y/o de los Ministerios Públicos que intervengan o hayan intervenido en la misma causa, que hoy se está juzgando en los tribunales de La Paz”.

En tal contexto, la AMFJ sostuvo que “por tal razón, en nombre del colectivo que representamos -integrantes de la magistratura judicial y de los ministerios públicos- rechazamos cualquier condicionamiento o amenaza a nuestra independencia y función, toda vez que tienen como objetivo socavar la confianza en el sistema judicial y en sus integrantes”.