En marzo, los docentes se despidieron, de momento, de una parte de su salario: el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que nació en una épica lucha a finales de 1990 y que se cierra con una decisión administrativa, un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei. También pierden el complemento por Conectividad, que surgió durante la pandemia de coronavirus como un modo de incentivar la enseñanza virtual y que luego había quedado incorporado al sueldo.

La administración Milei no envía los recursos a las provincias para liquidar esos dos adicionales -así fue en los últimos años- y la Provincia lo sostuvo hasta febrero. En el bolsillo de un docente significan $16.450 y$ 12.250. O sea, $28.700 por cargo o 15 horas cátedra. Un profesor con hasta 30 horas cátedra cobra $ 57.400 por esos conceptos.

"El pago del Fonid y Conectividad, en Entre Ríos se abonó en febrero `por única vez`, así lo dice el decreto, no sabemos si se continuará pagando en los próximos meses, el decreto no lo garantiza. De todas formas, al pagarse con el valor congelado de septiembre de 2023, tiende a desaparecer por inflación. Ya perdimos el 55% de su valor, en breve pasará a ser una suma insignificante", analiza el docente uruguayense Víctor Hutt, especialista en salario de los maestros.

El decreto Nº 578, que aprobó la última pauta salarial, estableció para febrero de 2024 el monto del haber mínimo de bolsillo para un cargo docente de jornada simple cuya carga horaria semanal mínima sea de 20 horas en $314.589; para un docente de jornada completa con menos de 600 puntos índice, en $406.210; y para cargos docentes de jornada simple con carga horaria inferior a las 20 horas, $271.723. Dice además ese decreto que “se ha acordado en lo referido a la negociación paritaria que la Provincia asumirá para el mes de febrero un pago excepcional sustitutivo del Fonid y del Complemento por Conectividad de carácter no remunerativo, equivalente al valor a diciembre de 2023 de ambos conceptos”.

El Fonid tiene una larga historia. Empezó a escribirse el 2 de abril de 1997, cuando la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) instaló la Carpa Blanca frente al Congreso para reclamar una ley que financiara mejoras salariales.

Por entonces gobernaba Carlos Menem, y su ministra de Educación era Susana Decibe.

A fines de 1998, el Congreso Nacional creó un impuesto que gravaría con el uno por ciento anual a los autos, aviones y embarcaciones. La idea era destinar esa recaudación a un aumento de los salarios docentes. Pero la iniciativa fue un fracaso: el Gobierno no logró recaudar los 660 millones necesarios para asignarles a los maestros un aumento mensual de 60 pesos.

Este revés y la larga permanencia de la Carpa frente al Congreso fueron en parte los motivos que llevaron a Decibe a renunciar a su cargo, sin haber logrado superar el conflicto.

El 30 de diciembre de 1999 el conflicto por el financiamiento del Fondo pareció llegar a un final. Veinte días después de asumir la presidencia, Fernando de la Rúa logró la aprobación de una ley que garantizaba el incentivo docente con fondos del Tesoro Nacional para el período 2000-2001.

Ese mismo día, después de 1.003 días —dos años y nueve meses— de protesta, la Carpa fue desmantelada por maestros que se habían turnado para ayunar, artistas y otras personas que durante esos meses se solidarizaron con la lucha de los maestros.

El Incentivo fue uno de los logros que consiguieron arrancarle los docentes al gobierno de Carlos Menem en 1999, tras la instalación de la carpa blanca frente a la Plaza de los Dos Congresos, que duró mil días. Aquel beneficio se pensó por un plazo de cinco años, pero todavía subsiste. (Entre Ríos Ahora)