A medida que los gremios más conflictivos profundizan las medidas de fuerza o suben el tono de las advertencias, el Gobierno nacional sostiene una postura intransigente frente a los sindicatos, y avisa sobre acciones contra sus líderes en represalia por la suspensión de actividades en los rubros que ya anunciaron paros y se adelanta a la discusión por los salarios de los docente. Tras convocar a la paritaria nacional, avizora acciones de protesta, pero no muestra preocupación y planea endilgar a las provincias cualquier costo político por una huelga.

En tanto el Gobierno nacional defiende el ajuste y mantiene en un podio sagrado la meta de equilibrar el déficit fiscal, la CGT amenaza con un segundo paro general; el martes no trabajaron los ferroviarios agrupados bajo el paraguas de La Fraternidad que conduce Omar Maturano; este jueves paran los trabajadores de sanidad (que afectarán el servicio de todos los centros de salud del país, públicos y privados); y los cuatro gremios docentes nacionales de la CGT (UDA, CEA, AMET y SADOP) anunciaron un cese de tareas preventivo para el lunes.

Justamente en el delicado ámbito educativo abundan las señales de que el conflicto es inminente. El jefe de Suteba, el kirchnerista Roberto Baradel, puso el grito en el cielo el lunes cuando se confirmó la decisión de Milei de declarar la educación como servicio esencial, lo cual impediría suspender actividades a los trabajadores para que se respeten los derechos adquiridos y la lucha por los salarios, que los libertarios consideran un tipo de extorsión.

Y el martes, representantes de CTERA se reunieron con el bloque de Diputados de Unión por la Patria, la coalición más distante del oficialismo junto a la izquierda, con el objetivo formal de pedir sendas reuniones con los bloques del cuerpo legislativo “para expresar la preocupación de la organización ante el brutal ajuste en el sistema educativo”. El acercamiento a los partidos políticos fue, en realidad, un aviso al Gobierno sobre el endurecimiento de la postura si no se respetan los porcentajes de aumento exigidos en el contexto inflacionario. 

Con todo, en la Casa Rosada se muestran muy firmes, entre descargos contra los líderes sindicales y amenazas de represalias por la vía judicial (aunque por ahora demoran las definiciones en ese sentido). Simbólicamente, desde el relato oficial, los asesores del Presidente apuestan al fuerte rechazo que generan esos referentes entre la población, especialmente la mitad que eligió a La Libertad Avanza en el balotaje. Y no temen la gran pelea que se viene, en el sensible ámbito educativo.

Este miércoles, el Gobierno convocó a la paritaria nacional docente para el martes, al día siguiente del comienzo de clases en varios distritos. Y en los principales despachos del oficialismo, donde ven venir una huelga en la Provincia de Buenos Aires, adelantan que endilgarán el costo político de eventuales medidas de fuerza en ese o cualquier otro distrito a sus respectivos gobernadores.

Después del fracaso de la ley Ómnibus y de cara a la presentación de las reformas fallidas en sesiones ordinarias, la Nación intenta acercar posiciones con algunos mandatarios. Pero en el caso del kirchnerista Axel Kicillof, probablemente el mandatario más crítico de Javier Milei, no tienen ninguna aspiración de acuerdo, y no dudarán en responsabilizarlo por un paro. “Ctera todavía no convocó y no está claro que lo vaya a hacer. Pero si paran la responsabilidad va a ser de él“, dijeron, en referencia al poderoso gremio que maneja Sonia Alesso.

Los libertarios no sólo creen que quedarán prácticamente eximidos de la carga de un paro docente, sino que están convencidos de que Kicillof no tendrá otra opción que pagar o adoptar una postura muy dura, contraria a las predicaciones históricas de su espacio. “Una de las peores cosas que les pasó a Alberto y a Axel fue cuando los chicos se quedaron sin ir a clases por un año en la pandemia. Ese fue el principio del fin. No pueden permitirse que pase de nuevo, todavía está fresco el recuerdo y la gente no se lo perdonaría”, evaluó un referente con llegada de primera mano al Gabinete.

A pesar de la ola de medidas de fuerza y del malestar por la economía, cerca de Milei se sienten fuertes frente al ámbito que más les importa: la opinión pública. Creen que el apoyo a sus medidas se sostiene casi intacto a pesar de la extensión y profundización de los efectos del ajuste en las capas medias y bajas. “La gente todavía tiene para comer. La clase media es la que más sufre, pero todavía están dispuestos a hacer frente”, dijeron. De hecho, no planean ceder un ápice en el recorte de los fondos de incentivo docente (FONID) por el que protestan tanto en las administraciones de las provincias como en las filas gremiales. “Era una jugada complicada y parecía riesgosa, pero salió bien”, dijeron sobre la discusión política central de la semana pasada.

La perspectiva triunfalista es similar, insólitamente, sobre el fracaso de la ley Bases en el Congreso. “Si la gente está enojada con alguien, es con aquellos que no nos ayudaron”, dijeron en la bancada libertaria el martes al mediodía. Y apuntaron a la situación en particular de sus pares de la Coalición Cívica, cuya líder, Elisa Carrió, se puso en pie de guerra contra el Gobierno y hoy, aseguran, enfrenta críticas de parte de su propio electorado.