El mega DNU y el proyecto de ley ómnibus del Gobierno nacional que se debate en comisiones en el Congreso de la Nación han puesto en estado de alerta a distintos actores de la actividad azucarera y de la producción de alcohol derivado de la caña de azúcar, que tiene una fuerte presencia en las economía del NOA, en especial en Tucumán, Jujuy y Salta. De avanzar las iniciativas y de no haber cambios, las consecuencias serían que se permitiría el ingreso de azúcar de importación, sin barreras arancelarias, y se desregularía la producción y comercialización del mercado del bioetanol, lo que pondría a la industria sucroalcoholera en riesgo de quebranto, según el empresariado y los cañeros de la región.

Tucumán es el distrito desde donde han surgido los mayores cuestionamientos y tienen múltiples razones quienes han levantado la voz en contra de las decisiones del presidente Javier Milei. Desde el Centro Azucarero Argentino (CAA), su presidente Jorge Feijóo, informó  que el complejo sucroalcoholero está integrado por 20 ingenios azucareros (15 en Tucumán, 2 en Salta, 3 en Jujuy); 16 destilerías de alcohol, con una capacidad instalada conjunta de 700.000 m3 año; 12 deshidratadoras de alcohol; 7.100 productores cañeros independientes, 6.200 de ellos con explotaciones de menos de 50 hectáreas y 160 industrias metalmecánicas de servicios. Además, emplea en forma directa a 61.000 trabajadores; 19.800 en la industria, 34.800 en campo, 4.300 en los servicios de cosecha y 2.000 en el transporte de productos elaborados. Para Tucumán esto se traduce en un ingreso provincial de casi 540 millones de dólares anuales, uno de los más importantes junto a la citricultura del limón, una industria también en jaque por el proyecto de la ley ómnibus.