En una corta resolución dada a conocer en la tarde del jueves, la Corte asume como propio el criterio del Procurador General interino Eduardo Casal. El razonamiento del jefe de los fiscales fue que, antes de emitir opinión para que el máximo tribunal defina la cuestión de competencia entre Barbagelata y el juez Federal Daniel Alonso sobre quién debe tramitar la causa, se le remita a la jueza de Garantías el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

La CNE resolvió hace unos meses avalar la competencia de Alonso en el expediente a la luz del criterio normativo que establece que en caso de que exista una infracción electoral, la investigación “estará a cargo del juez federal con competencia electoral correspondiente”.

Entre Barbagelata y Alonso quedó planteado un conflicto cuando ambos reclamaron la competencia de la causa. La jueza de Garantías sostiene que hubo una malversación de fondos públicos y el magistrado Federal entiende que esos fondos fueron utilizados para actividades políticas y electorales. Como el superior jerárquico común de ambos es la Corte, el entredicho trepó a esa instancia.

Esta es la segunda dilación que se produce en esta instancia. En un primer momento, Casal había sugerido al alto tribunal esperar que la CNE confirmara la decisión de Alonso de declararse competente.

La Cámara Electoral ratificó al juez Federal que subroga a Leandro Ríos, recusado por las defensas de los imputados en “Contratos”. En esa misma resolución, señaló: “Si en el marco de los procesos previstos en las leyes electorales, se evidenciara o fuese denunciada la posible comisión de un delito tipificado en el Código Penal o sus leyes complementarias, su investigación estará a cargo del juez federal con competencia electoral correspondiente […] [y] en todos los casos será tribunal de alzada la Cámara Nacional Electoral”.

Es este párrafo lo que a Casal y a la Corte le interesa que Barbagelata contemple. Y que en orden a eso asuma la competencia federal en la causa. Si no lo hace, serán los ministros del alto cuerpo los que tendrán que definir en función del criterio solventado por la CNE. (APFDigital)