Italia decreta el estado de emergencia migratorio durante seis meses

El Gobierno italiano ha declarado en el Consejo de Ministros celebrado el martes por la tarde el estado de emergencia en el país para afrontar la cuestión migratoria. Las consecuencias de la medida, con un solo precedente en esta materia, aún no están claras porque el Ejecutivo no ha explicado su alcance ni ha detallado sus planes. El anuncio tiene un claro componente de advertencia a Bruselas y al resto de socios comunitarios ante una cuestión que Italia considera que no está siendo afrontada de manera conjunta. Es también evidente que la decisión abre una brecha legal para derogar normas del ordenamiento vigente y tomar decisiones que hasta ahora, por distintos motivos, el Gobierno ultraderechista que preside la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, no había puesto sobre la mesa. Especialmente en relación con la expulsión de migrantes que se encuentren en situación irregular.

El estado de emergencia se ha declarado en Italia 128 veces en los últimos 20 años. Normalmente, se utiliza para catástrofes naturales como terremotos o inundaciones. Solo en 2011, el entonces primer ministro, Silvio Berlusconi, optó por este recurso para una cuestión de este tipo, pero subrayando su carácter “humanitario” y con la idea de fondo de redistribuir a los migrantes por todo el país para aliviar la presión que sufrían algunas regiones a causa del aumento de las llegadas por mar. La última vez que se empleó esta figura legal, que permite tomar decisiones de carácter excepcional sin consultar al Parlamento, fue durante la pandemia. La medida ya fue entonces muy discutida cuando avanzaban los meses y el Ejecutivo seguía imponiendo restricciones que en algunos casos fueron contestadas por parte de la ciudadanía. Ahora parece más complicado de justificar que el Ejecutivo de Meloni —ella misma estuvo entre quienes contestaron y atacaron la prolongación del estado de emergencia entonces— recurra a una figura de este tipo para afrontar un problema para el que teóricamente tiene las herramientas necesarias.

El problema es que el Gobierno llegó al Palacio Chigi prometiendo afrontar con convicción y dureza el fenómeno migratorio. Los reproches a los anteriores Ejecutivos sobre cómo habían tratado la cuestión fueron uno de los principales caballos de batalla de la campaña del pasado septiembre. Pero desde entonces, y pese a las promesas electorales, los flujos migratorios se han triplicado. La foto para el electorado de Meloni no es buena: en los últimos tres días han desembarcado en las costas italianas más de 3.000 personas, según los medios italianos; las negociaciones con la Unión Europea, además, tampoco han dado el resultado esperado. Y la desastrosa gestión de catástrofes como el naufragio en las costas de Calabria el pasado febrero (con 91 víctimas) no han transmitido una sensación de fiabilidad del Ejecutivo.