El 13 de octubre de 2020, el Ministerio de Salud emitió el decreto N° 1.659 a través del cual se ordenó la instrucción de un sumario administrativo a José Orlando Ramírez, empleado del Hospital Neuropsiquiátrico Raúl Camino, de Federal.

Cuatro años antes, el 2  de febrero de 2016, el trabajador había sido hallado culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado doblemente agravado y abuso sexual con acceso carnal reiterado doblemente agravado, en concurso real, y condenado a la pena de 11 años de cárcel por el  Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia.

En realidad, el empleado arrastraba con una condena previa por los mismos  delitos. El 24 de octubre de 2013 había recibido condena del Tribunal Oral en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Cruz; luego, el 4 de diciembre de 2014 recibió condena del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia.

El 3 de octubre de 2022 Salud emitió el decreto N° 3.453 –que se publicó en el Boletín Oficial de Entre Ríos este último viernes 3 de marzo- a través del cual se dio por finalizado el sumario y se le aplicó a Ramírez la sanción de cesantía.

Esa norma revela un dato llamativo: a pesar de tener un cargo en el Hospital Raúl Camino, Ramírez se desempeñaba en un dispositivo del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf): concretamente en la residencia socioeducativa Mi Lugar, de Federal.

El dato se reveló al prestar declaración en el sumario las autoridades de la Colonia Psiquiátrica de Federal y expresaron que “en las fechas en que condenaron al sumariado, el declarante se desempeñaba en los equipos técnicos de la RSE ´Mi Lugar´, dependiente del Copnaf, y tuvo que atender profesionalmente a los menores, sospechándose de varias situaciones de abuso de los mismos”.

Desde la dirección del Hospital Raúl Camino calificaron esa situación como “un hecho grave, que generó indignación dentro del Hospital”.

En el cierre del caso el decreto N° 3.453 se señala que “del plexo probatorio colectado y relacionado precedentemente, puede afirmarse sin hesitación que los hechos reprochados al encartado en el presente procedimiento han quedado debidamente acreditados, además no debe perderse de vista, que los empleados públicos tienen el deber especial de realizar una observancia estricta de la ley, en tanto están encargados de resguardar la juridicidad y asegurar, en el límite de sus competencias, que las relaciones sociales se desenvuelvan en un marco de legalidad”.

Y agrega que “conforme lo expuesto y habiendo quedado acreditada la responsabilidad y autoría de la falta cometida por el Agente Ramírez, la gravedad de la misma, le corresponde la aplicación de la máxima sanción, encuadrándose su conducta en la causal de cesantía”. (Entre Ríos Ahora)