La justicia federal investiga una serie de pagos millonarios a Jonathan Morel, referente del espacio conocido como Revolución Federal, por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma "Caputo Hermanos", informaron este jueves fuentes de la investigación.

La información fue revelada este jueves por el canal de noticias C5N y confirmada por el propio Morel ante una consulta que le realizó el portal de noticias El Destape.

"Morel reconoció en diálogo con El Destape que él, su socia y su ex pareja recibieron pagos millonarios por parte de dos fideicomisos pertenecientes a la firma Caputo Hermanos", informó ese sitio en un artículo publicado esta tarde.

"Morel no quiso precisar los montos, pero sí reveló un detalle hasta ahora desconocido: la persona que lo contrató fue Rossana Pía Caputo, una de las socias de 'Caputo Hermanos'", agregó la nota publicada por el portal de noticias.

Los pagos recibidos por Morel y sus supuestas socias se habrían concretado entre diciembre del 2021 y agosto del 2022 y están bajo la mira de la justicia en el marco de un expediente que se encuentra bajo secreto de sumario y está radicado en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, quien delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita.

En su momento, el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Pollicita entendieron que la actividad de Revolución Federal, con consignas de odio y amenazantes contra dirigentes del oficialismo y la oposición, debía tramitarse junto a la causa en la que se investiga el atentado fallido del jueves 1 de septiembre último contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, la jueza que tiene esa causa, María Eugenia Capuchetti, rechazó la competencia y luego la Cámara Federal porteña decidió que el expediente en el que se investiga a Revolución Federal siguiera tramitando en el juzgado de Martínez de Giorgi.

En este expediente se encuentra también la información aportada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos miembros del grupo Revolución Federal que incluyeron amenazas de muerte contra la vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner y el jefe de Estado Alberto Fernández como también incitaciones a cometer delitos.

Rossi presentó en su momento las pruebas recolectadas por la AFI en el marco de la ley de inteligencia 25.520 y sus modificatorias, que facultan al organismo a presentarse ante la justicia para velar por la seguridad nacional y el orden democrático, ante la convicción de que hubo quien pretendió ponerlas en riesgo.

La denuncia presentada por el organismo de inteligencia contiene los audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título "hay que pudrirla?" y en la que participaron dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.

En uno de los audios desgrabados que forman parte de la denuncia y que la AFI presentó ante la justicia se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la vicepresidenta para hacerla "pasar a la historia", en referencia a la intención de cometer un magnicidio.

"Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje...", decía allí uno de los miembros de Revolución Federal.