El Consejo Nacional del Partido Justicialista difundió un documento en el que expresó su "solidaridad" con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del pedido de condena de la fiscalía en el juicio el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y convocó a todos los peronistas a "mantenerse unidos, organizados, movilizados y en alerta permanente".

Así lo expresó en un documento dado a conocer al término de una reunión mantenida en la sede partidaria de la calle Matheu 130, en la ciudad de Buenos Aires, de la que participó de manera virtual el presidente Alberto Fernández, titular del partido a nivel nacional.

Al participar del encuentro a través de videoconferencia, el presidente Alberto Fernández propuso realizar una movilización en una fecha "que no sea solo convocante para los peronistas".

En ese sentido, el Jefe de Estado y presidente del PJ propuso una marcha a la que se pueda sumar "toda la comunidad democrática", en la fecha del 16 de septiembre, aniversario de La Noche de los Lápices y del derrocamiento de Juan Domingo Perón.

Ante sus compañeros de partido, Fernández señaló que pueden haber existido diferencias con la vicepresidenta, pero que en lo que se refiere a la causa por obra pública, él la acompaña "desde 2016" cuando aún no habían vuelto a tener relación.

Con posterioridad a la reunión, en esa misma línea,  el PJ llamó a "defender la vigencia de una verdadera democracia y de los derechos conquistados, sin persecución de la más importante líder del pueblo argentino".

"El Consejo Nacional del Partido Justicialista expresa su solidaridad con la Vicepresidenta de la Nación, compañera Cristina Fernández de Kirchner, y repudia enérgicamente la persecución política instrumentada por los poderes fácticos a través del Poder Judicial", apuntaron.

En esta línea, se indicó que "se está utilizando el aparato judicial" para darle una apariencia de legalidad y así conseguir "deslegitimar de los procesos políticos de dignificación y defensa de los pueblos".

También denunciaron que el "mecanismo de lawfare utilizado contra la Vicepresidenta, al igual que sucediera con otros líderes populares latinoamericanos como Lula Da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, entre otros, entraña la utilización del aparato judicial con apariencia de legalidad para deslegitimar los procesos políticos de dignificación, soberanía y defensa de los Pueblos de la Patria Grande".

"El Estado de derecho se encuentra peligrosamente jaqueado por la acción sistémica de los poderes reales, que inescrupulosamente arman causas judiciales para encauzar penalmente a quienes representan y luchan por lo intereses populares, mientras garantizan la impunidad de aquellos saqueadores que endeudaron el país", afirmaron.

Asimismo, el PJ acusó a sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de haberse erguido como "protagonistas del cerco mediático y judicial", y esto evidencia "el miedo que le tienen a una mujer sin miedos que no dudó en defender a su pueblo"

"Sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal han decidido ser personeros de los perpetradores de la ignominia, erigiéndose en protagonistas siniestros del circo mediático y judicial que solo logra evidenciar el miedo que le tienen a una mujer sin miedos que no dudó en defender a su pueblo, y las groseras violaciones a los derechos y garantías constitucionales que se consuman en amañados procesos judiciales guionados en los entretiempos de partidos de fútbol y mesas judiciales", consideraron.

Según afirmaron, ha habido "groseras violaciones a los derechos y garantías constitucionales" de la vicepresidenta durante el proceso judicial "amañado". "Nuestro movimiento debió resistir la feroz persecución contra sus dirigentes en mas de una oportunidad", señalaron.

Finalmente, apoyaron las palabras que expresó la vicepresidenta durante su alegato televisivo en el Senado de la Nación el día martes: "Esto no es un juicio contra CFK; esto es un juicio contra el peronismo".

El cónclave se desarrolló con la presencia de varios dirigentes en la sede del Partido Justicialista nacional, luego de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran una condena de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández de Kirchner en el marco del juicio oral y público por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Allí, además, se resolvió la convocatoria a un plenario del Consejo Nacional del PJ para el próximo martes a las 18 en la misma sede, según consignó el diputado nacional José Luis Gioja.

"La sugerencia es que todos los partidos provinciales hagan lo mismo, que el peronismo está en estado de alerta y movilización. La democracia y las instituciones están en peligro porque hay una banda de facinerosos que quiere manejar a la justicia a su antojo", afirmó Gioja en declaraciones para Télam al salir del encuentro.

El diputado indicó que aún no hay una fecha de movilización pautada, pero sostuvo que "sí se está planificando algo que tiene que ver con una movilización".

En la reunión también se encontraba el Canciller Santiago Cafiero, quién indicó a Télam que se buscará "coordinar las acciones" con la CGT, los peronismos provinciales y locales.

Estuvieron presentes también en la sede partidaria la ministra de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez; el diputado nacional Eduardo Valdés, la senadora nacional Lucía Corpacci y el ex intendente de Merlo Gustavo Menéndez.

A través de la plataforma Zoom, además del Presidente, participaban del encuentro el titular de la AFI, Agustín Rossi, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.

En tanto, el PJ porteño realizará un "cabildo abierto" en apoyo a la vicepresidenta, mientras que ese espacio en la provincia de Buenos Aires definirá acciones en respaldo a la ex presidenta y el Frente de Todos (FdT) marchará en las ciudades de Córdoba, Rosario y Santa Fe.

Mientras, militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles mantenían por cuarto día consecutivo una vigilia frente al domicilio de la vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta, y aseguraron que allí permanecerán al menos hasta el lunes próximo, cuando definirán los pasos a seguir.