La Fiscalía de Perú pide investigar a Pedro Castillo por presunto "liderazgo" de grupo criminal
La Fiscalía de Perú solicitó investigar al presidente Pedro Castillo como supuesto "líder de una organización criminal" enquistada en el Estado para obtener "beneficios ilegales" de contratos.
El representante de la Fiscalía de la Nación Samuel Rojas explicó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú los motivos por los cuales el fiscal general, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar contra Castillo, al responder a la demanda de "tutela de derechos" presentada por el abogado del mandatario, Benji Espinoza, para que se anule este proceso
"Es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado" a los que juró defender al asumir el cargo, para "cometer delitos de corrupción", aseguró Rojas durante su exposición.
El fiscal pidió a la sala que evalúe la necesidad de compatibilizar los artículos de la Constitución Política que señalan, por un lado, que el presidente de la República sólo puede ser investigado por traición a la patria o impedir las elecciones, mientras esté en el cargo, en tanto que la Carta Magna pide al Estado combatir los actos de corrupción.
Audiencia reprogramada para este 17 de junio
Benji Espinoza, abogado del mandatario, manifestó que la audiencia para evaluar su solicitud en contra de la decisión tomada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, fue reprogramada, así como la declaración de Castillo Terrones que tendrá lugar el viernes 17 de junio.
“La Fiscalía de la Nación ha reprogramado para el viernes a las 10 a. m. la declaración del presidente Pedro Castillo. Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de tutela de derechos, cuyo resultado incide en todas las diligencias, incluyendo la declaración indagatoria del presidente”, confirmó en diálogo con RPP.
El último lunes 6 de junio, el jefe de Estado envió una solicitud al Poder Judicial que pedía la anulación de la disposición fiscal que determinó incluirlo en la investigación preliminar iniciada contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, ahora prófugo de la justicia.
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