El Consejo General de Educación (CGE) dispuso separar de su cargo a la rectora de la Escuela Secundaria N° 16 Gerardo Victorín, de Concordia, María Iris Mattio, bajo una serie de cargos que la resolución N° 1.791, del 11 de mayo, resume así: “presuntas situaciones de maltrato verbal a docentes y personal no docente” del establecimiento a su cargo; “imposición de proyectos interdisciplinarios, metodología de trabajo y evaluación”; “supuestos dichos de discriminación sexual e ideológica”; “hostigamiento a quien no seguía sus indicaciones”; “cambios de horario de trabajo a profesores del citado establecimiento educativo”; “obstaculización de la opinión de los docentes”; “injurias en términos degradantes hacia profesores”; “impedimento de la libre expresión de los mismos”; “calumnias a la comunidad educativa”; “crítica a la vida privada de los docentes”; “ignorar a una persona cuando se enoja con la misma”; “complot para denunciar compañeros”; también le reprochan el hecho de que “asigna a docentes tareas que requieren una exigencia superior a las competencias que poseen, todo con intención de desacreditarlos”; utilización de cartelería en detrimento del actual sistema democrático y representativo”.

A la docente se le reprocha una presunta violación del Estatuto del Docente Entrerriano, y en función de esa situación se resolvió su separación “transitoria con goce de haberes” del cargo de rectora de la Escuela Secundaria N° 16 Gerardo Victorín, “facultándose a la Dirección Departamental de Escuelas Jurisdiccional a reubicar a la docente para cumplir funciones en otro ámbito que se considere conveniente para su desempeño mientras se sustancie el sumario instruido por la presente”.

Todo comenzó con una denuncia de un grupo de docentes de la Escuela Gerardo Victorín que manifestaron haber sido “maltratados, injuriados, agraviados y perseguidos bajo el abuso de poder” de la rectora, y también de parte de la hija de ésta, auxiliar de educación en la escuela. Uno de los principales denunciantes de la rectora es David Ricardo Agostini, profesor de educación física, quien a fines de 2021 “tomó licencia y cuando regresó la rectora Mattio le había cambiado los horarios, lo cual consideró una falta de respeto. Cuando fue a indagarle a la misma, la señora Mattio expresa que quien había cambiado los horarios había sido el secretario”.

La resolución que dispone la separación del cargo de la rectora también indica que existe una denuncia “de cinco docentes hacia el profesor David Ricardo Agostini, ya que denuncian que el mismo habría ingresado a la Rectoría de la Escuela Secundaria N° 16 Gerardo Victorín reclamando porque había en el pizarrón de control de asistencia de personal un ausente sin aviso, ejerciendo violencia verbal hacia las mujeres presentes”. El hecho fue expuesto ante la comisaría 3° de Concordia.

En su descargo, Agostini explicó que el 7 de marzo de 2022 “recibió maltrato de parte de la rectora y su hija, ya que estaba trabajando ese día desde las 7,15 hs y no pudo firmar antes la planilla de asistencia, motivo por el cual el mismo lo hizo a las 11 hs y solicitó a las autoridades que eliminaran la inasistencia, pero la señora Mattio respondió a los gritos que no iba a sacarla porque, desde su punto de vista, el docente no había trabajado ese día”.

La resolución del CGE señala que “así las cosas, resulta claramente definida la irregularidad suscitada por la conducta de la docente María Iris Mattio, por lo que ha de entenderse que correspondería llevar adelante un sumario administrativo” por cuanto “las supuestas actitudes” de la docente “resultan violatorias” del Estatuto del Docente.

Pero la rectora ya acudió al asesoramiento legal, y este miércoles el abogado Ramiro Pereira se presentará ante el Ministerio Público Fiscal para concretar una denuncia por abuso de autoridad centrado en una vocal del CGE, la concordiense Griselda Di Lello. Pereira cita un acta del 5 de abril de 2022 que da cuenta de una reunión en la Dirección Departamental de Educación de Concordia de la que participó Di Lello y el director Fabián Vallejos, en la cual se anticipó lo que sucedería un mes después: la separación del cargo. «Ese es uno de los fundamentos para que se investigue el supuesto delito de abuso de autoridad. Un mes antes, la vocal Di Lello ya había anunciado la separación del cargo de la rectora y que no volvía más a la escuela», señala el letrado.

Pereira ve una intervención muy intencionada de la Dirección Departamental de Educación de Concordia en el conflicto.

La rectora separada de su cargo entiende que el conflicto tiene relación con su militancia radical. «Aunque yo no mezclo mi actividad en la escuela con mi militancia política, esto indudablemente tiene que ver con eso», cita la docente que, a la vez, recuerda el día de las elecciones generales, en medio de la pandemia, y negó al dirigente Enrique Cresto ingresar a la escuela rodeado de varias persona. «Quiso ingresar a la escuela el día de las elecciones rodeado de 50 personas. No lo dejé entrar porque tenía expresas directivas de la Junta Electoral por la pandemia. Vino el director departamental y gente del PJ. Me maltrataron. Pero no los dejé entrar a todos. Les dije que si me obligaban, llamaba al juez electoral», recuerda.

Después, menciona el hecho de que el docente de educación física que fue denunciado por violencia laboral nunca fue separado de su cargo; sí, en cambio, la denunciante, y la hija de la rectora, que fueron reubicadas en distintos establecimientos educativos de Concordia. (Entre Ríos Ahora)