Uno de los primeros en expresar su repudio fue el ministro de Justicia, Martín Soria, quien advirtió que la Corte Suprema dio un "golpe institucional" con el desembarco de Rosatti al frente del Consejo de la Magistratura, y sostuvo que "no están salvando la República", sino "protegiendo a los saqueadores de la Argentina y sus cómplices".

En el mismo sentido lo acompañó el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, para quien la situación es "absolutamente anormal e ilegal" porque "no está previsto en la Constitución Nacional que la Corte Suprema emita fallos inconstitucionales", según advirtió en declaraciones radiales.

En tanto, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, definió la acción de Rosatti como "un atropello institucional y un avasallamiento al Poder Legislativo" que "pone en peligro el Estado de Derecho" ya que -reiteró- "la Justicia no debe legislar".

Desde el Poder Judicial también surgieron críticas, como las del presidente saliente del Consejo de la Magistratura, el camarista Alberto Lugones, y el titular del Juzgado federal N° 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla.

"Rosatti no podría asumir sin incumplir el fallo que él mismo dictó", planteó Lugones, camarista y docente de Derecho Constitucional, en declaraciones a El Destape Radio.

En ese sentido, detalló que el fallo de la propia Corte sobre la Magistratura es "contundente" porque especifica que el titular del máximo tribunal va a poder asumir "recién cuando se integren los demás miembros hasta llegar a los veinte de la ley derogada".

Por su parte, Ramos Padilla calificó el hecho como "un golpe de Estado institucional" y afirmó que la Corte Suprema "se está arrogando facultades legislativas al dictar un fallo contrario a la Constitución".

Desde el Congreso, la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, alertó que con sus decisiones de este lunes la Corte "está quemando la Constitución Nacional", y equiparó la situación con "un golpe institucional".

"Las papas no están quemando sino que la Corte está quemando la Constitución nacional. Quiere aplicar una ley que derogó el Congreso y, aunque sea 'suprema', eso no la vuelve legislador", argumentó la letrada al insistir con el principio de que el Poder Judicial no tiene funciones legislativas.

En sintonía con esos planteos, los diputados y senadores del Frente de Todos encuadraron la acción de la Corte como "un asalto al estilo Rambo", según palabras del neuquino Oscar Parrilli, y coincidieron en que el máximo tribunal está protagonizando "un golpe institucional".

Según Parrilli, la Corte está "asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo", y luego adjudicó la intervención por parte del máximo tribunal a "una maniobra de (Mauricio) Macri para lograr impunidad en el Consejo de la Magistratura, como ya la tiene en la Corte, frente a la avalancha de denuncias que tiene".

También el jefe del bloque del FdT en Diputados, Germán Martínez, describió el episodio como "un escenario de gravedad institucional".

"Si hoy el presidente de la Corte asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura, se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina. Los posibles caminos están bien definidos: darle tiempo al Congreso para legislar, o insistir en un escenario de gravedad institucional", insistió Martínez.

Su par Eduardo Valdés (FdT) consideró que la asunción de Rosatti configura "un golpe institucional de Palacio" que, "lejos de mejorar la calidad de las instituciones, genera un conflicto donde no lo había", cuestionó en diálogo con FM Futurock.

En la misma línea, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) pidió a los miembros de la Cámara baja y del Senado que integran el Consejo de la Magistratura no convalidar el "desembarco" del presidente de la Corte, a quien atribuyó "desesperación y ambición de poder".