Fiscalía pide enviar a juicio a cannabicultor: los argumentos de su defensa

Una investigación que se inició en 2017 con vigilancias de la Policía a un taller para cultivadores de cannabis y terminó con allanamientos a la casa y al local comercial del cannabicultor, con el secuestro de plantas y frascos con cogollos.

Ahora la Fiscalía pidió que lo envíen a juicio, pero no por tráfico de drogas sino por los delitos de siembra de plantas, guarda de semillas y tenencia simple de estupefacientes. La defensa, en cambio, se explayó en los avances que hubo en estos años en torno al uso del cannabis y reclamó que se dicte el sobreseimiento de Malajovich.

“Fue habido un importante volumen de marihuana”, sostuvo el fiscal Leandro Ardoy en el requerimiento de remisión de la causa a juicio, al tiempo que valoró: “No escapa a la consideración del MPF que se observaron diversas conductas que concurren realmente compatibles con la siembra y/o cultivo de plantas para producir estupefacientes más con la finalidad de consumo personal y con la tenencia de estupefacientes”.

En este sentido, el fiscal consideró que “si bien la cantidad de estupefaciente secuestrado es significativa en lo que respecta a dosis umbrales y variedad de elementos hallados (…) se carece de elementos probatorios y/o circunstancias afines y/o sospechas que habiliten a presumir que Malajovich se dedica a la venta de estupefacientes”.

No obstante, la acusación pública sostuvo que no resultan relevantes “los informes médicos para concluir de manera certera y contundente que los estupefacientes eran para consumo personal (…) toda vez que la gran cantidad de narcótico hallado no sugiere en modo alguno que tenían como destino en ‘forma inequívoca’ su ingesta particular”.

El abogado Andrés Bacigalupo, que representa a Malajovich, consideró que todo el trámite judicial que ha demandado este expediente ha requerido un “desmesurado e innecesario costo de recursos estatales”, además del tiempo que el imputado estuvo con medidas de coerción, por lo cual pidió “un adecuado y justo punto final”.

Sobre la acusación sobre el cultivo de plantas para consumo personal, el defensor destacó, por un lado, que la Fiscalía desista de la imputación por la tenencia de las mismas para la venta, y aseguró que las conductas de Malajovich sí estuvieron “inequívocamente” destinadas al uso personal de las sustancias.

Luego recordó la acusación que pesó sobre el hombre por apología de la marihuana, que luego fue descartada por la Justicia, “por considerar que las manifestaciones y militancia se encontraban plenamente resguardadas por la garantía constitucional de la libertad de expresión”.

En este sentido, subrayó la “legitimación social” de organizaciones civiles como APAC (Asociación Paranaense de Cultivadores Cannábicos), que incluso son reconocidas por el Estado en las últimas leyes y reglamentaciones que habilitan el cultivo y tenencia de cannabis para uso medicinal y terapéutico.

Bacigalupo citó los argumentos de estas leyes, donde se afirmó que las “restricciones reglamentarias configuraron barreras al acceso oportuno del cannabis por parte de la población y como respuesta a ello, un núcleo significativo de usuarias y usuarios han decidido satisfacer su propia demanda de aceite de cannabis a través de las prácticas de autocultivo”, y “la situación particular en la que las personas o las familias que atraviesan la enfermedad, cuando tienen a su alcance la posibilidad de atenuar los dolores, adoptan un rol activo, aun asumiendo el riesgo de ser condenadas por la normativa penal vigente”. Esto último, remarcó el defensor, es lo que sucedió en el caso de Malajovich.

Hoy el Registro del Programa del Cannabis (Reprocann) cuenta con unos 75.000 inscriptos y alrededor de 40.000 personas autorizadas por el Estado a cultivar y transportar cannabis con fines terapéuticos, mencionó el abogado en su escrito, y agregó que “en estos cinco años de duración del proceso además, decenas de municipios han sancionado ordenanzas permitiendo y/o registrando el autocultivo”.

También refirió a la ley provincial que se sancionó en 2021, aún no reglamentada, donde se reconoce el cultivo de cannabis “como ejercicio del derecho humano a la salud” e incluso “llega a no imponer números de plantas y habilita hasta a tres domicilios para el cultivo doméstico”.

Además, Bacigalupo mencionó que “las políticas prohibicionistas respecto del cultivo del cannabis para consumo personal, independientemente de sus fines (uso adulto o terapéutico), son incluso reconocidas como un fracaso dentro del mismo seno del Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

Consumidor

Acerca del delito endilgado de “guarda de semillas”, el defensor planteó que en ningún lado la ley de drogas habla de esa conducta, por lo que consideró que esta imputación sea descartada por no existir como delito.

Por último, sobre la acusación de “tenencia simple” de drogas, en referencia a la cantidad de marihuana hallada en la vivienda de Malajovich, Bacigalupo pidió el sobreseimiento porque se trata de un “consumidor habitual de cannabis, como reiteradamente se sostuvo en sus declaraciones y los informes médicos coincidentes que lo acreditan”. Por esto, pidió evitar “seguir con la criminalización de un usuario, que en nada suma a la paz social”.

También subrayó que “en la actualidad, los últimos proyectos de despenalización del consumo de esta sustancia directamente eliminan la figura de la tenencia simple”.

Si bien no hay un plazo determinado, se espera que en las próximas semanas el juez federal de Paraná Leandro Ríos se pronuncie respecto de los pedidos de las partes.