Sectores de Discapacidad rechazaron el proyecto de Nación que busca derogar la Emergencia

En la noche de este miércoles prestadores, padres y trabajadores de Centros de Atención se concentraron en la puerta de Casa de Gobierno en rechazo al nuevo proyecto de ley de Discapacidad presentado por el Ejecutivo nacional que pretende modificar la Emergencia aprobada en septiembre del 2025.

Con la participación de la diputada Blanca Osuna y la senadora Stefanía Cora, se leyó un comunicado nacional elaborado entre todas las partes afectadas remarcando que la iniciativa representa un “profundo retroceso” en materia de derechos. “Este ajuste no sólo es injusto, sino innecesario y recae sobre uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

Cabe recordar que a pesar de haber sido reafirmada en el Congreso la Emergencia aprobada, Nación no ha cumplido con la norma. Por ello, en el comunicado se remarcó: “No se puede reformar lo que nunca se garantizó en su totalidad”.

El reclamo también llego al Gobierno de Entre Ríos. “Le pedimos que escuche, que se comprometa y acompañe esta lucha. Es una causa justa, humana y urgente. Es responsabilidad del Estado proteger a quienes más lo necesitan”.

En la provincia la falta de presupuesto provocó el cierre de un Centro en Colón. Además están en peligro de continuidad “Mundo Joven” y  “San Francisco de Asís” de Paraná.

“Estamos muy triste”

En diálogo con la prensa, la titular de Neurodiversidad San Benito manifestó decepción ante la presentación de Nación de este proyecto.

“Lamentablemente el sábado nos desayunábamos con que ingresaba una nueva iniciativa que propone volver a las auditorías de las personas con discapacidad, lo que vuelve a denigrar, y a menospreciar a las personas con discapacidad, a querer que desistan de tener este recurso”, repudió Nadia Gasparín.

Además, advirtió que el texto del Ejecutivo establece la eliminación del nomenclador de discapacidad. “Si lo eliminan se le da la potestad a las obras sociales, a las prepagas, a las obras sociales del Estado a determinar si te corresponde la prestación y qué valor tienen que pagar. De esta manera, los recursos de amparo dejan de tener valor. Además las familias quedan a la deriva porque los prestadores no van a querer trabajar”.

Asimismo, Gasparín criticó el artículo de la iniciativa que elimina la dualidad entre invalidez laboral y discapacidad. “Lo que trabajamos en las terapias es la autonomía de la persona  por lo que esto va a significar un retroceso de muchísimos años”. En ese sentido, agregó: “Una pensión no ronda más de los 300 mil pesos que hoy son nada prácticamente”. (APFDigital)