El gobierno de Entre Ríos exoneró al médico Jorge Valdez, quien se desempeñó en 2015 como profesional de la salud en la Policía provincial. El hombre terminó con una condena penal y ahora con su apartamiento del estado.
Provinciales13/12/2024
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El gobierno de Entre Ríos exoneró al médico Jorge Rafael Valdez, quien se desempeñaba como suplente común en el cargo de profesional asistente en el Centro de Salud “Bajada Grande” de Concepción del Uruguay. Valdez fue médico de la fuerza de seguridad provincial desde febrero de 2015 hasta mayo de ese año, cuando quedó envuelto en una causa judicial.
El caso que terminó con el médico condenado y ahora afuera de la fuerza sucedió en mayo de 2015 cuando Jorge López recibió una paliza junto a su hermano por parte de policías. La razón fue registrar con la cámara de su teléfono celular la detención de una adolescente, en Concepción del Uruguay, por parte de la Policía en el barrio de su hermano Oscar. A los efectivos les molestó e intentaron quitarle el aparato arrojándole gas pimienta a los ojos; luego le dispararon balas de goma e ingresaron a la fuerza a la casa de Oscar y se lo llevaron arrestado.
Según supo AHORA, Valdez fue imputado por su conducta, ya que no cumplió con su rol. Tal situación le valió una condena penal.
Valdez fue condenado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay el 27 de febrero de 2019. En el legajo caratulado “Borges, Francisco Celestino y otros s/ Tortura”, se lo encontró culpable de falsedad ideológica de instrumento público calificada y encubrimiento calificado por la calidad de funcionario público, recibiendo una pena de dos años de prisión en ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación absoluta.
Las actuaciones del sumario administrativo comenzaron el 19 de mayo de 2023, tras la recepción del Oficio N° 352, remitido por la Oficina de Gestión de Audiencias, comunicando la condena al agente Valdez.
En el expediente se incluye la copia certificada de la sentencia, que confirma la responsabilidad del doctor Valdez en los delitos mencionados.
Durante su declaración indagatoria, Valdez, asistido por su abogado defensor, relató los eventos de mayo de 2015 cuando acudió a revisar a dos chicas en la comisaría de la mujer y minoridad, y posteriormente a tres detenidos por una “gresca callejera”.
Valdez afirmó que desconocía que uno de los detenidos, López, había sido golpeado por la policía, y acusó a la policía de ocultarle información.
El sumario administrativo determinó que la conducta del médico encuadraba objetivamente en la causal de exoneración referida en el artículo 47° de la Ley 9892. La gravedad de la falta cometida por Valdez, al ser condenado por un delito doloso en sede penal, se consideró incompatible con las condiciones de conducta exigibles a todo agente público.
Como resultado, el Gobernador de la Provincia, Rogelio Frigerio, y el Ministro de Salud, Guillermo Grive, decretaron la exoneración de Valdez del cargo de Profesional Asistente en el Centro de Salud “Bajada Grande”, por su conducta inapropiada según lo establecido en la Ley 9892.
El juicio que condenó al médico y a ocho policías
En 2019, el Tribunal compuesto por los jueces Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Gustavo Díaz condenó a ocho policías y a Valdez, médico de la fuerza, por cometer delitos de vejámenes, falsedad ideológica e incumplimientos de los deberes de funcionario público, como de torturas, contra el ciudadano uruguayense Jorge López, ocurrido el 25 de mayo de 2015. Solo un policía fue absuelto.
Jorge Valdéz explicó en el juicio que esa mañana fue a la Comisaría de la Minoridad, donde atendió a dos mujeres menores y a las 9.45 revisó a Jorge López, quien había sido brutalmente golpeado por policías. “Lo vi en la sala de sanidad de la Jefatura Departamental con lesiones en su rostro, heridas cortantes sin sangrado activo, con hematomas en todo el cuerpo. Él estaba lúcido”, relató, según reprodujo El Miércoles Digital cuando realizó la cobertura del juicio. Allí también atendió a los efectivos policiales heridos.
Según dijo, a las 18 lo llamaron de la Comisaría Primera, adonde estaba López. “Me preguntaron si él podía ingerir un medicamento porque lo iban a operar. Hablé con él en el calabozo de manera normal”, contó.
Dos horas después fue requerido por la Guardia del Hospital Urquiza —luego de que lo trasladaran a López hacia allí—, donde, en acuerdo con el médico de turno, Rafael Vales, ordenaron hacerle todos los estudios pertinentes porque López había dicho que orinaba sangre, incluso que su colega le comentó: “Pero a este hombre le pegaron en la Policía”.
Frente al Tribunal, Valdez dijo que los estudios tuvieron “resultados normales” y que al otro día de los hechos, a menos de 24 horas de estar internado, le dieron el alta, “por lo que se descarta que hubiese riesgos en su salud”, sintetizó, minimizando las consecuencias de la golpiza.
No obstante, estuvo durante más de una hora explicando con definiciones didácticas las consecuencias de los golpes en las diferentes partes del cuerpo.
Además, tuvo tiempo para detallar la forma en que ingresó a la Policía de Entre Ríos: “Me llamó el entonces jefe de la Departamental para ofrecerme el cargo como oficial. Jamás recibí ninguna instrucción al respecto, pero nunca hubo nombramiento en ese sentido, siempre fui agente”, dejando en evidencia la forma en que se manejan los cargos en la fuerza pública entrerriana. También confesó que había pedido la baja por problemas psíquicos, ya que lo obligaban a hacer trabajos para los cuales no estaba preparado, como suplantar al médico forense, constatar asesinatos, femicidios y violaciones.
El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), que integra el Frente de Izquierda-Unidad, emitió un comunicado en el que justifica su repudio contra la intervención del gobierno entrerriano a la obra social estatal. “Frigerio no piensa en garantizar el derecho a la salud, sino en sostener la privatizaciones y precarizaciones de nuestro sistema”, señaló la agrupación. Además, el MST apuntó contra UPCN.
El gobernador Frigerio y los ministros Grieve y Troncoso decretaron la intervención y el cese de funciones de casi todas las autoridades. Harán auditorías.
“Es una medida que claramente responde al objetivo del Gobierno de apropiarse de su manejo, vulnerando los derechos de los trabajadores y de los aportantes”, expresó la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales. Además anticipó que tomarán “todas las acciones necesarias para garantizar que Iosper sea dirigido por un Directorio Obrero, como lo establece la legislación vigente”.
“Defendemos a nuestra obra social solidaria y rechazamos su intervención”, manifestó el gremio docente. Los pagos en negro y el deterioro del salario y su impacto en las cuentas del Iosper. Advertencia acerca de “la tijera para recortar derechos y ajustar” como posible medida de la mano de la expulsión del directorio.
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