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El Gobierno de Entre Ríos afirmó que será «respetuoso» de la Justicia en el conflicto de los hermanos Etchevehere

El Ejecutivo provincial lo aseguró sobre el conflicto entre el exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere y su hermana Dolores por un campo familiar en la localidad de Santa Helena.

El Gobierno de Entre Ríos afirmó este jueves que será «respetuoso» de las determinaciones de la Justicia en el conflicto entre el exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere y su hermana Dolores por un campo familiar en la localidad de Santa Helena, mientras las partes prosiguieron el debate en una audiencia realizada en sede judicial.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, sostuvo que tanto el Gobierno nacional como su administración «no» alientan «absolutamente ninguna toma de propiedad» y enmarcó la situación en un «conflicto familiar de muchos años de antigüedad, que no se resuelve judicialmente».

El conflicto comenzó a partir de la decisión de Dolores Etchevehere de ceder unos terrenos familiares para la puesta en marcha del denominado Proyecto Artigas, un modelo agrario sostenible llevado a cabo por un grupo de campesinos sin tierra, activistas y organizaciones ambientales, y que su familia denuncia que no le pertenecen.

Dolores Etchevehere dio su versión de los hechos al hablar en Radio Con Vos y dijo que su objetivo es que «todos los hechos de corrupción cometidos por los Etchevehere corruptos salgan a la luz».

Al responder una pregunta sobre la propiedad del campo en litigio, la mujer manifestó: «Acá no hubo ninguna irrupción. Yo ingresé en mi casa. Ayer, el propio juez dijo que la sucesión está abierta e indivisa».

En la audiencia judicial sobre el litigo celebrada este jueves, el abogado Rubén Pagliotto, representante de Leonor Barbero Marcial -madre de los Etchevehere-, y de los hermanos Luis y Débora, solicitó la «restitución» del «predio rústico usurpado».

De esta forma se refirió el letrado a los terrenos en litigio de la localidad entrerriana de Santa Helena, y pidió «restaurar los derechos violados, garantizar la paz social, la vigencia de las normas y el imperio de la Constitución Nacional», según la presentación a la que accedió Télam.

Por su parte, los abogados de Dolores Etchevehere afirmaron que sus hermanos ejercieron «violencia psicológica y diversos mecanismos de asfixia económica» para que la mujer «cediera parte de su herencia» a través de «actos intimidatorios, tráfico de influencias, abuso de poder, amenazas de todo tipo, violencia psicológica y económica».

En tanto, la ministra de Gobierno entrerriana, Rosario Romero, afirmó que el Poder Ejecutivo será «respetuoso» de la Justicia en el conflicto y sostuvo que la administración no intervendrá ante la cesión de terrenos «si no hay una disposición judicial».

Romero planteó que el litigio «nace como un conflicto familiar en el cual hay una batalla judicial que viene de muchos años a través de un proceso sucesorio entre los hermanos Etchevehere».

«Seremos muy respetuosos del accionar de la Justicia, y la policía de Entre Ríos viene haciendo allí una tarea de custodia para proteger a las personas que están adentro, para que no haya agresión ni justicia por mano propia», enfatizó la funcionaria, en diálogo con el canal C5N.

El exministro Etchevehere sostuvo en declaraciones a CNN Radio que su hermana es «cómplice» del dirigente social Juan Grabois, quien representa judicialmente a la mujer, y se mostró sorprendido por la presencia de la titular del Inadi, Victoria Donda, en una audiencia de ayer convocada por la Justicia entrerriana.

«Es un dato totalmente irregular, que pisotea el federalismo, el hecho de que intervengan funcionarios nacionales en una cuestión provincial», cuestionó el exministro del Gobierno de Mauricio Macri y extitular de la Sociedad Rural Argentina.

En respuesta, la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, aclaró  que su presencia en ese campo familiar estuvo motivada en «resguardar el acceso a la Justicia» de la mujer y un «desenvolvimiento pacífico» del conflicto.

«Mi presencia la noche del miércoles en la estancia Casa Nueva fue autorizada por el fiscal Oscar Sobko y tuvo el único fin de preservar la integridad física de Dolores y los integrantes del ‘Proyecto Artigas’ frente a las amenazas por parte de personas que fueron convocadas públicamente por las redes sociales y que decían responder a Luis Etchevehere», completó la funcionaria.

Por su parte, la titular del Inadi, Victoria Donda, sostuvo que participó de forma virtual de una audiencia realizada ayer a partir de una denuncia que hizo Dolores Etchevehere por «discriminación económica».

«El mismo día de la audiencia nos llegaron audios y videos contundentes de personas que decían ir en nombre de Luis Etchevehere al grito de ‘Negros de mierda, los vamos a matar'», reseñó Donda.

«Participé en calidad de funcionaria pública, recibí una denuncia de parte de Dolores Etchevehere que tiene que ver con la discriminación de carácter económica sufrida por parte de una mujer durante muchos años», indicó la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en declaraciones a Radio Nacional.

Por su parte, Grabois aseguró que «está dictada la declaratoria de herederos y la herencia está indivisa», por lo que, dijo, Dolores Etchevehere «tiene absoluto derecho de estar ahí, le corresponde como heredera de su padre».

«Etchevehere no tiene argumentos jurídicos, por eso está ejerciendo presión política: lo desafío a debatir públicamente en el medio y horario que quiera. Idealmente, usted con su abogado, y yo con mi defendida Dolores», manifestó Grabois por Twitter.

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