Diario EL SOL Matutino Independiente (Concordia - Entre Ríos) "Un sello de calidad en la comunicación informativa"

Alberto Fernández impulsa una ley para apoyar la última oferta a los acreedores

La oferta que mandó ayer Guzmán a la Comisión de Valores de Estados Unidos. La ley que va al Congreso. Alivio y gobernabilidad, los objetivos oficiales. Medidas que preparan la Casa Rosada y Economía.

La oferta formulada por la Argentina ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC), señaló el presidente Alberto Fernández, es la máxima y la última. Para reforzar las dos palabras esdrújulas el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley que amplía esa “enmienda” referida a las deudas en dólares sujeta a legislación extranjera. Se extenderá a las deudas en divisas sometidas a jurisdicción argentina. El compromiso plasmado en ley cerraría las posibilidades de algún retoque.

Vale subrayar que el ministro de Economía Martín Guzmán se presentó al Congreso en varias ocasiones. Toda la tramitación se sometió a tratamiento parlamentario. La “infectadura” cumple con las reglas constitucionales. En cambio, hace poco más de dos años el ex presidente Mauricio Macri anunció el catastrófico acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante un monólogo de tres minutos y pasó a otra cosa. A fines de 2015 su primer ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, les había pagado a los fondos buitre todo lo que estos pedían y algo más. Diputados y senadores se enteraron por los diarios.

La complejidad de la propuesta y del conjunto de los fondos acreedores se analizan en la nota principal, a la que se remite. El más poderoso y más antagónico es BlackRock cuyo patrimonio multiplica por diez veces al PIB argentino. Según los negociadores argentinos, aparte de estirar la cuerda hasta último momento (lo obvio en cualquier tratativa), ese gran jugador quiere evitar que el canje argentino funcione como “caso testigo” para otros defaults soberanos. La mayoría de los observadores piensa que los habrá en cascada en la era del coronavirus.

AF sostuvo desde antes de asumir que tenía la intención de salir del default (no de impedirlo, porque lo heredó de Macri), anteponiendo la deuda interna con sus compatriotas, en especial los más humildes. En la Casa Rosada y en Economía entienden que la oferta cumple la promesa.

Si se cierra trato y se va cumpliendo la sociedad realizará un enorme sacrificio, lo padecerán dos generaciones cuanto menos. Imposible saltearlo porque la deuda es sideral. Pero la reducción de un porcentaje significativo y la modalidad de pago, entiende el Gobierno, permiten un resuello.

La deuda pública nominada en pesos se reperfiló, está “performing” en jerga: los compromisos se van cumpliendo con nuevo cronograma.

“Los mercados” financieros reaccionaron este lunes con euforia: subieron bonos públicos y acciones de empresas argentinas, bajó el riesgo país. Ni en Olivos ni en Economía se extasían. Asumen que tales vaivenes forman parte de un universo que combina expectativas coyunturales con dosis altas de timba. Los entusiasma más el aval del FMI y ciertos guiños del Tesoro de Estados Unidos que, de todas formas, no son los que deben dar el “yes” ante la SEC.

Comienza a correr una nueva cuenta regresiva hasta el 4 de agosto, prorrogable hasta fin de ese mes. Durante ese lapso intuye el presidente “las presiones serán brutales”.

El gran empresariado nacional reclama desde diciembre que se llegue a un acuerdo con los bonistas, de viva voz o en paliques con funcionarios. Defienden sus propios intereses: están endeudados en dólares o planean hacerlo más adelante. Inviable conseguirlo con el Estado en default. Hasta ahí su pressing, aunque por motivos egoístas, es entendible. Lucen menos sensatos la urgencia, el clamor por hacerlo a cualquier costo: conforme las reglas de los mercados internacionales la tasa que abone la República sabe fungir como piso a la de los particulares.

Si se despeja el horizonte de años venideros, las grandes corporaciones tendrán oportunidades. La cobertura estatal las ayuda a transitar meses inesperados. En Argentina año verde podría esperarse que los millonarios en dólares, atentos a la racionalidad del gobierno y al esfuerzo de toda la población, aceptaran aportar una cuota mayor para salir de la crisis. Por ejemplo, aceptar el tributo por una vez a las grandes fortunas que atañe a menos de 20.000 ciudadanos sobre un total de 45 millones. Quien conoce su comportamiento y compromiso intuye que algo así sería imposible. El deber del Gobierno es promover dicha norma y convencer a la mayoría de los argentinos que forma parte de la justicia social a construir.

Las pequeñas y medianas empresas que crean más puestos de trabajo, son ajenas a dichos mercados. Viven y sufren con lo nuestro. Las aflige la subsistencia, la relación con los hoscos bancos locales, las cadenas de pagos. Para ellas la buena noticia sería que el gobierno recobrara una cuota de autonomía, capacidad para seguir volcando fondos, subsidios, ampliar moratorias.

No haber aceptado condicionalidades para la política económica es otro punto que el Gobierno defendió siempre. “El programa económico es nuestro” remarcó, elevando contra su estilo la voz, Guzmán en su primera conferencia de prensa. Sus allegados creen que honró el compromiso.

Dicho de modo sencillo, con palabras de este cronista, el equipo de Fernández “compra” gobernabilidad para los años cercanos, el corto plazo. El único en que seguro estaremos vivos, pontificaba Keynes.

Según cálculos de Economía y de la Casa Rosada, en 2020 no se harán pagos en divisas. En 2021 saldrán alrededor de 100 millones de dólares para cubrir intereses y amortizaciones de la totalidad de créditos nominados en moneda extranjera. La cifra exacta dependerá de cuánta aceptación tenga la oferta. En 2022 sumarían alrededor de 800 millones. Y en 2023 onda 1500 millones. Un alivio colosal respecto del cronograma que el macrismo nos legó.

Habilitaría a armar, recién ahora, un programa económico de emergencia. Mantener las transferencias directas de fondos para pagar sueldos (los ATP), los programas sociales vigentes y el Ingreso Familiar de Emergencia. Impulsar planes de obra pública y vivienda, activables cuando la pandemia lo permita.

La emisión monetaria, herramienta de estos meses, podría mantenerse porque la contrapesa la desmonetización de la gente de a pie y la baja del consumo.

De nuevo, el objetivo del Gobierno consiste en aliviarse de pagos asfixiantes, ganar gobernabilidad y pilotear con más recursos la inédita crisis sanitaria financiera. Esta historia continuará.

Deja un Comentario