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Proyecto de ley de Emergencia Económica, Sanitaria, Administrativa y Previsional

Con mucho asombro y tristeza para quienes hemos venido ejerciendo un apoyo explícito hacia las políticas de este gobierno provincial encabezado por el Cr. Gustavo Bordet, nos hemos enterado por las declaraciones del propio gobernador, su ministro de Economía y algunos legisladores provinciales, sobre el proyecto que eufemísticamente se dio el llamar LEY DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SANITARIA, ADMINISTRATIVA Y PREVISIONAL, que consta de demasiadas transgresiones, abiertas o encubiertas, a los postulados e intereses que la fuerza política que dicen representar ha defendido y enarbolado a lo largo de su historia.

Sin entrar en las consideraciones jurídicas que la hacen claramente violatoria de las Constituciones Nacional y Provincial, como así de leyes nacionales de jerarquía superior emanadas del Congreso de la Nación, a las que oportunamente nos referiremos, lo que se advierte es una oculta intención de hacer pasar un recorte fenomenal de salarios y jubilaciones, para caer en un desmesurado y desproporcional ajuste sobre el sector laboral activo y pasivo del estado provincial, impropio de un gobierno que se ha ufanado de sostener una política inversa.

Desproporcional porque como se confiesa el mismo Ministro de Economía Hugo Ballay, el Proyecto tiende a apropiarse de casi $ 1.500 millones de sueldos y jubilaciones en tanto que, de los denominados “grandes sectores económicos” se intenta recaudar poco más de $ 750 millones, casi la mitad de lo que se les expropia a trabajadores y jubilados, con el agravante que, los $ 350 millones que se imponen a los bancos, no contemplan restricciones para que sean trasladados a los costos de intereses y servicios que pagarán empleados, jubilados y pymes, en su condición de consumidores y usuarios de préstamos, tarjetas de créditos y demás servicios habituales y, por otra parte, los $ 270 millones que se estima recaudar a las droguerías mayoristas, también podrán ser trasladados y afrontados por el sector más vulnerable y necesitado como son los enfermos, en su mayor parte jubilados o de grupos de alto riesgo. En contrapartida, el menor impacto recaudatorio, de $ 160 millones, es lo que se propone recaudar del sector propietario de grandes extensiones de tierras que superen las 1.000 hectáreas.

Una maniobra forzada y poco clara para justificar la situación de emergencia administrativa y previsional, con el inocultable fin de producir un recorte a sueldos de trabajadores y jubilados, argumentando la búsqueda de la sustentabilidad del sistema jubilatorio, cuyo desequilibrio se ha definido reiteradamente como una situación estructural y no de emergencia.

El propio ministro Ballay revela que se procede al recorte de egresos en más del doble que el incremento de ingresos, por lo que deja al descubierto que el objetivo principal no es avanzar hacia un sistema tributario progresivo que requiera más a los que más ganan y tienen, sino que la idea y efecto central, es avanzar con un ajuste sobre trabajadores activos y pasivos, que pudiera ser percibido como solo orientado a los mayores salarios, pero dispuesto de una forma que inevitablemente irá impactando al resto de este universo.

Se advierte en la revelación que el propio ministro Ballay hace al Programa de radio “En el 2000 también” que conduce el periodista Antonio Tardelli, cuando pretende relativizar el alcance de los recortes e imposiciones, al señalar que solo el 3% de los productores rurales serán impactados, en tanto que solo el 15 por ciento de trabajadores y jubilados lo serán con el ajuste dispuesto.

La ampliación de la base imponible en el sector financiero; el incremento de alícuota de IIBB a droguerías mayoristas –ambas con alta probabilidad de traslado a consumidores finales- y la nueva imposición del 10% sobre el Inmobiliario Rural -al 3% que representan los propietarios de más de 1.000 hectáreas-, se presenta como una base imponible consolidada sin riesgos de aumentos.

En cambio, si consideramos la base de aplicación para el cálculo del recorte sobre salarios y jubilaciones determinado inicialmente en el 15% de la plantilla, advertimos que ésta fue tomada en base a montos nominales fijos ($ 75, 100 y 200 mil), lo que equivale a señalar que en un contexto de inflación de casi 50% anual, de devaluación aún mayor y con un retraso salarial insostenible en varias reparticiones y organismos, rápida y progresivamente el porcentaje de afectados se irá ampliando, los recortes incrementando, por lo que, a principios del año 2022, cuando esta ley caduque, es altísimamente probable que la inmensa mayoría de jubilados y empleados de la provincia sean alcanzados por este ajuste. Todo sin contemplar que con las mayorías en ambas cámaras por parte del oficialismo, nadie hoy está en condiciones de asegurar que ese ajuste vaya a terminar.

No sería noble caer en la estrategia de declarar culpable a los sueldos buenos y convencer que lo bueno es tener sueldos malos: separar y dividir como medio, bajar salarios y jubilaciones como fin.

Esta es la intención que ya hace tiempo se viene insinuando para recortar jubilaciones, incrementar aportes (bajar sueldos) y buscar por esta vía la sustentabilidad financiera de la Caja. Derivar esta carga sobre trabajadores activos y pasivos, evitando hacerlo a través de una administración eficiente y transparente, erradicando todo tipo de informalidad y precarización en las contrataciones de la fuerza laboral del estado.

Este camino, a primera vista plagado de violaciones jurídicas a las Constituciones Nacional y Provincial; a leyes de Asociaciones Profesionales, de Convenciones Colectivas de Trabajo, de Sociedades, de Jubilaciones y Pensiones; a los Derechos adquiridos y a principios Éticos, Sociales y Políticos que definen el Contrato Social en un Sistema Democrático, merece ser revisado y refrendado en su buena fe, resguardando el especial marco de convivencia que exige el duro y difícil momento que impone la pandemia del COVID 19.

Es imperioso fortalecer el irreductible vínculo de confianza entre nuestro Pueblo, Instituciones y Gobernantes. Pongamos cada uno nuestra parte.

Adalberto J. Alvarez


2 Comentarios

    • Charly
      30 junio, 2020

      Ya lo decíamos al principio de su gestión, BORDET=MACRI !!!

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    • Diaz Raul
      1 julio, 2020

      No al ajuste en las jubilaciones ,si cobran lo que cobran es por lo anteriormente trabajado nada a sido regalado.

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