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Tucumán: Asesinado y arrojado a un barranco por la policía

El 15 de mayo, Luis Espinoza, un peón de 31 años y padre de seis hijos, murió de un disparo en la espalda a manos de la policía. El crimen se cometió en un paraje rural de Tucumán, en el norte de Argentina, pero su cadáver fue localizado en el fondo de un barranco a unos 100 kilómetros de allí una semana después, parcialmente roído por alimañas.

La bala que le atravesó el omóplato y le perforó el pulmón salió de un arma reglamentaria. Hay 11 detenidos por el presunto homicidio agravado y la querella anticipa que pedirá prisión perpetua. No es el primer caso de gatillo fácil de la policía tucumana, pero ha generado mayor indignación por la brutalidad del crimen y el intento de encubrimiento. Este martes hay convocada una nueva protesta frente a la Casa de Gobierno de Tucumán.

Espinoza salió ese viernes a caballo de su casa en la zona rural de Simoca para cobrar 16.000 pesos (unos 225 dólares) de la comuna de Chicligasta. Lo acompañaba uno de sus 15 hermanos, Juan Antonio. Según la querella, en un paraje cercano se cruzaron con policías que habían ido a dispersar una carrera ilegal de caballos organizada en plena cuarentena. Los policías golpearon a Juan Antonio hasta dejarlo inconsciente y después persiguieron a Luis.

La abogada de la familia, Cinthia Campos, sospecha que Espinoza falleció en el paraje donde recibió el disparo. “[La bala] le produjo una lesión que generó una hemorragia masiva que concluye en un shock hipovolémico que al cabo de unos minutos produce el deceso de Luis”, cuenta Campos por teléfono. El arma homicida pertenece al oficial auxiliar de policía José Morales, según la pericia balística.

Campos anticipa que esta semana se peritará otro automóvil en busca de restos de sangre. El cadáver de Espinoza habría sido trasladado primero a la comisaría de Monteagudo y después a la vecina provincia de Catamarca, a una carretera con grandes precipicios, donde se deshicieron de él. Fueron necesarios varios agentes: Espinoza medía 1,83 metros y pesaba 120 kilos.

Su familia lo buscó durante una semana, cada vez con menos esperanzas de encontrarlo vivo, y se sumó a un operativo de bomberos e investigadores que se trasladó a Catamarca. Seguían la pista facilitada por dos de los detenidos, que se quebraron. Manuel, otro de los hermanos Espinoza, fue el primero que lo vio a lo lejos.

Tras el hallazgo del cuerpo, la causa quedó caratulada como homicidio doblemente agravado —por participación múltiple y ser integrantes de las fuerzas de seguridad—, cuya pena máxima es cadena perpetua. De los 11 detenidos, la Fiscalía pedirá prisión preventiva para 10. Al margen de la causa penal, los uniformados arrestados han sido apartados de la fuerza y se ha descabezado la cúpula de la Unidad Regional Sur. Organizaciones de derechos humanos locales exigen la dimisión del ministro provincial de Seguridad, Claudio Maney.

“Todos aquellos que hayan cometido el delito, que hayan sido partícipes de este asesinato, tienen que ser juzgados, condenados y ojalá que esto se haga rápido y se haga pronto. Todos aquellos implicados van a ser juzgados, puestos a disposición”, declaró a medios locales el gobernador de Tucumán, el peronista Juan Manzur, exministro de Salud de Cristina Fernández de Kirchner.

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