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El abuso de la ley

Seguramente todos estamos de acuerdo en que se debe evitar cualquier tipo de violencia y más aun las que pueden tener como víctimas a las mujeres. Tanto la que se puede ejercer de manera directa o indirecta, en el ámbito público o privado, basada en una relación desigual de poder y que afecte, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como su seguridad personal a través de conductas, acción u omisión.

Para legislar sobre este tipo especial de violencia, hace más de una década existe la Ley de Protección Integral a las Mujeres (26.485) que vino a poner un antes y un después en hechos que merecían la atención del Estado y de la Justicia para evitar el sufrimiento de mujeres sometidas a los tipos que la ley se ocupó especialmente en resaltar en su texto.

En la actualidad, las denuncias por violencia de género aumentaron un 40 % en Argentina durante la cuarentena por el corona virus y, desde que comenzó el confinamiento, el 20 de marzo,  se han producido más de veinte femicidios. La ONU la llama “la otra pandemia” y con el apoyo de la Unión Europea. Colabora con el Gobierno para proteger a las mujeres y las niñas, amenazadas doblemente por el COVID-19 y la violencia

Los femicidios son la punta del iceberg, la violencia más extrema contra las mujeres, pero la violación, las amenazas, las lesiones, los golpes, el maltrato, la denigración, los insultos, la retención del dinero, la falta de pago de cuotas alimentarias, la coerción para no salir ante una situación de necesidad son otros tipos de violencia inscriptas en la Ley 24.685 (para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres) que se acrecientan con el encierro, el control sobre los movimientos, la falta de recursos donde pedir ayuda y la crisis económica.

El cierre de escuelas (que son un lugar donde las madres piden ayuda y las docentes detectan violencia familiar y se dictan clases de educación sexual integral que dan el pie para hablar de abusos sexuales por parte de familiares), suspensión de consultas hospitalarias que no sean de emergencia o por Covid-19 (cuando en las guardias o rutinas los médicos detectan signos de violencia), crisis económica y desocupación (que dificultan las posibilidades de las víctimas para irse de su casa, alquilar un departamento o independizarse del agresor), son algunas de las situaciones que ponen entre una pared y otra a las mujeres que se ven más expuestas a la violencia durante el confinamiento.

En nuestra Patria Chica, se ha observado con preocupación que axial como se producen deleznables hechos que merecen la inmediata aplicación de la ley, existe y no hay que negarlo, un abuso en el derecho de denunciar por violencia de género y se han verificado situaciones insólitas y preocupantes que vienen desde la cúspide del Poder Judicial donde una integrante del máximo tribunal de la justicia provincial denuncio a un ex Presidente del cuerpo  cuando se supone que deberían existir dentro de los propios reglamentos internos del funcionamiento del Poder Judicial otros procedimientos que no fueran los extremos a los que se acudió desde la cúspide de uno de los poderes del Estado.

Por el efecto “derrame” se siguió en un Municipio denunciando a funcionarios y, al intendente, poniéndolos en una situación de tener que defenderse de hechos que manifestaron desconocer.

Llego también a nuestra Concordia donde en un Control Sanitario una auxiliar de salud no se avino a cumplir las disposiciones del operativo y en el lenguaje común “se cortó sola” adelantándose a tomar la temperatura de los conductores, sin que los encargados de anotar en una planilla esos datos pudieran cumplir su trabajo. Al parecer, se le llamó la atención con la intención de que haga lo que tenía que hacer, lo que degeneró en una posterior denuncia laboral por “violencia de género” que actualmente tramita ante un Juzgado de nuestra ciudad.

Se pone así en una situación en que los operadores judiciales, deberán aplicar la sana crítica racional para tratar de llegar a una sentencia ajustada a derecho pero con el peso que significa tener que resolver una cuestión en la que están envueltos nada menos que las máximas autoridades del propio Poder Judicial, en un caso y en los otros, aclarar que así como existe la ley, no hay que abusar de ella.


 

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