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No se quiere ver

El gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero se entrevistaron en Buenos Aires con la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, a los fines .-dice la información- de “mejorar las condiciones del sistema carcelario”.

Mientras la ministra, expresó que “los 9 establecimientos carcelarios entrerrianos necesitan una ampliación para poder tener las condiciones humanas adecuadas, que exigen nuestros propios jueces y los pactos nacionales».

En realidad, no hay pactos nacionales fuera de la Constitución Nacional y lo que se incumple con el actual sistema carcelario entrerriano es con los pactos internacionales de Derechos Humanos, contenidos en diversas normas como los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y –entre otros- la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que están contenidos en la Constitución Nacional reformada en 1994.-

Cada tanto, tanto el gobernador como la actual ministra de Gobierno con competencia en el tema seguridad y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, se entrevistan con las autoridades nacionales del Ministerio de Justicia, solicitando el pago del costo que le significa a la Provincia el alojamiento de los presos federales, deuda que viene desde 2015, se solicita también la provisión de tobilleras electrónicas.

Ya en agosto de 2018, el gobernador planteó al ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos, German Garabano, la necesidad de contar con “módulos carcelarios” o la construcción de una nueva cárcel.

Y lo dijo también ante la Asamblea Legislativa, a principios de 2017, cuando sostuvo “se avanzara en la construcción de una nueva unidad penal porque las cárceles están colapsadas”, y lo estaban con 1766 internos, que en los tres años subsiguientes hasta hoy, fueron creciendo exponencialmente y en un quinquenio la cantidad de internos se duplicara, mientras que la construcción de ampliaciones en las distintas unidades de la provincia, no alcanza para evitar la sobrepoblación y esas condiciones generan permanentes conflictos que obligan a traslados de internos de un penal a otro en el que las condiciones son iguales o peores que el anterior.

Mientras esto ocurre, un plan esbozado por entrerrianos ante la Ministra Rosario Romero, recibió por anticipada respuesta y sin siquiera la oportunidad de exponer dónde, como y cuando se podrían habilitar dos nuevas cárceles en Entre Ríos, una lacónica respuesta  de RR: “no hay presupuesto”, aborto cualquier dialogo futuro.

Otros posibles interlocutores de la mesa chica del gobernador Bordet ni siquiera contestaron los mensajes y los que pensaron el plan, creen que tendrían que presentarlo a través de una empresa americana o china para que sea tomado en cuenta por aquello de que “nadie es profeta en su tierra”.

En realidad, los que deciden no tienen idea de lo que implica un proceso de hacer algo nuevo por eso concurren a que la Nación les haga un proyecto, si es posible les otorgue la financiación y les entregue todo “llave en mano” con lo que se evitaran la fatigosa tarea de tener que involucrarse en algo que desconocen.

Así como el juez condena al reo sin importarle donde cumplirá la condena y si el lugar de reclusión cumple con las disposiciones contenidas en las normas internacionales, al mejor estilo “Forneron”, los abogados no quieren quedar incursos en la violación de esa legislación internacional pero tampoco avanzan un paso para buscar otras soluciones que no sean simplemente mediáticas.   

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