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El gobierno de facto ordenó la detención de Evo Morales

El gobierno de facto de Bolivia cumplió con lo prometido y emitió una orden de detención contra el presidente depuesto Evo Morales , asilado en Argentina desde el 14 de diciembre. Arturo Murillo, quien fuera designado por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, se regodeó por el pedido de captura en las redes sociales.

El funcionario mencionó específicamente a Morales en Twitter. “Para su conocimiento”, agregó en lo que podría leerse como una amenaza ante una potencial vuelta al país.

La orden fue emitida por la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de ganancias ilícitas, en el marco de la causa por los supuestos delitos de “sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo”.

Todo el expediente judicial está montado sobre los audios filtrados en los que, según Áñez y su gabinete, Morales coordinaba bloqueos desde México, el primer país que lo recibió tras el golpe de Estado de noviembre. En todo momento el presidente depuesto denunció que esas grabaciones habían sido manipuladas.

La orden, emitida por los fiscales Jhimmy Almanza y Richard Villaca, faculta al director departamental o «a cualquier funcionario público hábil o autoridad para que aprehenda y conduzca» a Morales ante las oficinas de la Fiscalía. Además, aclara que podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil. «En caso necesario, recúrrase a la ayuda de la fuerza pública, respetando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales del sindicado», agrega.

El pedido se hace también extensivo a Faustino Yucra, dirigente del MAS, con quien supuestamente Morales habría mantenido la comunicación telefónica durante las movilizaciones populares.

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