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Tras imputación a Dietrich e Iguacel dan de baja siete contratos de peajes

Pese a que las concesiones estaban vencidas, el Gobierno había permitido que varias empresas siguieran operando, entre ellas Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente. Eso derivó en una denuncia penal contra el ministro de Transporte y el ex titular de Vialidad.

Tras la imputación al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, por la prórroga ilegal de las concesiones de siete corredores viales, el Gobierno derogó por decreto los contratos que estaban vencidos hace dos años. A partir de ahora, las rutas serán administradas de manera provisoria y con un “plazo máximo de cinco años” por Corredores S.A.

Hace dos semanas, el fiscal Eduardo Taiano decidió investigar a los funcionarios a raíz de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVYARA). “Aunque ahora rescindan los contratos, el delito igual se cometió”, afirmó Graciela Aleña, Secretaria General del gremio y principal denunciante en la causa.

Mediante el decreto 659/2019 publicado este martes en el Boletín Oficial, con las firmas de Mauricio Macri, Marcos Peña y el imputado Guillermo Dietrich, el Gobierno busca dejar sin efecto la acción penal que ganó impulso en los últimos días en Comodoro Py. Sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado había habilitado a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes durante dos años y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Los pliegos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. De hecho, se extendieron y la fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse.

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