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Asamblea Legislativa: “La ley contiene omisiones constitucionales que justifican el veto”, afirmó Giano

Lo dijo el senador provincial Ángel Giano, en el marco de la Asamblea Legislativa que ratificó el veto a la ley de control a las contrataciones significativas. “La ley incurre en errores técnicos que pueden acarrear conflictos entre las funciones de los distintos organismos de control», remarcó. » Bordet ha dado sobradas muestras de su compromiso con la transparencia, eso no está en discusión”, afirmó.

Juntos por el Cambio criticó la ratificación del veto: “El PJ entrerriano sigue con la tradición de evitar controles”.

“El Poder Ejecutivo está facultado a ejercer su poder de veto. Así lo dice la Constitución, y es un principio básico del republicanismo. Y en especial cuando una ley, como está, incurre en errores técnicos que pueden acarrear conflictos entre las funciones de los distintos organismos de control», expresó el senador provincial Ángel Giano, luego de la Asamblea Legislativa en la que trató el veto a la Ley de Grandes Contrataciones Económicas. «La ley contiene errores técnicos que obligan a replantearla», agregó.

«El gobernador Gustavo Bordet ha dado sobradas muestras de su compromiso con la transparencia, la contención y el control del gasto público. Eso no está en discusión, y quien quiera llevar el debate hacia esa zona solamente estará intentando sacar algo de provecho político de una situación desafortunada. No nos preocupa eso, en absoluto», continuó el legislador concordiense.

Giano admitió en ese sentido que «la ley sufrió muchas modificaciones en el largo trámite legislativo que tuvo, y eso desnaturalizó su espíritu original», y coincidió con lo planteado por el Fiscal de Estado: «El veto es una mera cuestión técnica que para nada mella el compromiso de nuestro gobierno con el contralor de los actos de gobierno».

En ese marco, el jefe de bloque justicialista en la Cámara Alta recordó que «de acuerdo al diseño constitucional entrerriano el control previo de las contrataciones las lleva adelante la Contaduría General, en los aspectos presupuestarios contables y de cumplimiento de la ley de contrataciones; y el control preventivo de legalidad lo lleva a cabo la Fiscalía de Estado. Mientras que, por definición, el Tribunal de Cuentas es el encargado del control posterior de los actos de gobierno y su consecuente rendición de cuentas».

  • REPENSAR EL TEMA

«Desde el Poder Ejecutivo se ha señalado con mucha claridad que de ponerse en práctica esta ley incurriríamos en una superposición y un conflicto entre las funciones de los distintos organismos de control que entorpecería gravemente la concreción de los actos de gobierno», analizó Giano y señaló: «esto nos obliga a repensar el tema, y una nueva forma que lleve a un diseño más claro, eficiente y seguro de los mecanismos de control».

Por último, el legislador oficialista remarcó que «Entre Ríos viene siendo destacada a nivel nacional por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), y organismos similares, como una de las provincias con mayores niveles de transparencia. Y esto es así por el compromiso del gobernador Bordet con el cuidado de los recursos de los entrerrianos, y porque es el camino para contar con una administración saneada y fuerte. Ese fue el basamento de la solidez y la previsibilidad que Entre Ríos demostró estos tres años y medio a pesar de la profunda crisis económica en la que nos sumergió el gobierno nacional».

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