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Coparticipación de impuestos: La historia que se repite

Por María de los Ángeles Petit | El carácter federal del estado argentino está sustentado financieramente por el sistema de Coparticipación de Impuestos.

El debate sobre los fondos no es nuevo, lleva más de 200 años, desde los orígenes de la Patria, cuando el principal escollo de la unidad era el plano económico, más allá de los avances políticos.

Desde 1534 la Aduana de Buenos Aires concentraba la totalidad del comercio exterior del país y el cobro de los derechos de importación y exportación fueron una de las causas que retrasaron la organización definitiva del país.

Sin la presencia de Buenos Aires, en 1853 se aprueban las bases de la Constitución Nacional y después de la firma del Pacto de San José de Flores en 1859, Buenos Aires se incorpora en las reformas constitucionales de 1860 y 1866, determinándose expresamente que los derechos de exportación no son coparticipables.

Eso se mantuvo hasta el año 2009, 143 años después, en que se resuelve coparticipar parte de esos derechos en el llamado Fondo de la Soja que fue dejado sin efecto en el año 2018 por un Decreto del Presidente Macri.

Recorrer la historia argentina es volver a vivir una y otra vez la misma historia.

Más cerca en el tiempo, en la década del 60, el régimen de coparticipación se caracterizó por el criterio poco democrático con que se gastó y el ajuste fiscal del estado nacional sobre las provincias, interrumpiéndose la tendencia al crecimiento de los gobiernos provinciales. Esto se mantuvo hasta 1973 en que la Ley de Coparticipación unificó totalmente el régimen de impuestos.

Esta ley sustituyó impuestos e incorporó otros como por el ejemplo, el IVA.

La Ley Nº 20.221 define la distribución primaria: un 50% para la Nación y un 50% para las provincias; la distribución secundaria ( entre la provincias) se establece de acuerdo a tres criterios: un 65% de acuerdo a la población, un 25% de acuerdo a la brecha en el desarrollo de las provincias, y un 10% de acuerdo a la dispersión poblacional. Cada provincia establece a su vez, su propio sistema de coparticipación interna con sus gobiernos locales.

Entre 1984 y 1988 el sistema federal de unificación y coparticipación impositiva perdió vigencia legalmente y literalmente dejó de existir hasta que se firma en 1986 el Convenio Financiero Transitorio de Distribución de Recursos Federales a las Provincias.

Recién en 1988 se promulgó la tercera y vigente Ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales aprobada en 1988 permanece vigente, debido a su cláusula de renovación automática en caso de no sancionarse un régimen reemplazante.

Esta ley establece la masa coparticipable, compuesta por la recaudación de los impuestos existentes (menos los derechos de importación y exportación), los impuestos que prevean sistemas especiales, y aquellos impuestos nacionales con afectación específica.

Estableció la recaudación centralizada de impuestos como Ganancias, IVA, Internos, Combustibles y otros.

La distribución primaria que establece la Ley es de 56,66% para las provincias, 42,34% para la Nación y 1% en formas de aportes del Tesoro Nacional.

Hoy, esta Ley, vigente, es una sombra, una ilusión financiera que se degrada cada día más.

Lo cierto es que desde 1975 hasta hoy, la coparticipación va en franco descenso.

Los gobiernos nacionales, cada vez con más necesidades económicas para mantener sus liderazgos, aprobaron diferentes normas, artilugios económicos sobre nuevos ingresos no coparticipables que fueron en detrimento de los gobiernos provinciales.

Se podría analizar la Reforma Constitucional de 1994, el procedimiento para la aprobación de una nueva ley, los pactos fiscales de 1992, la creación de nuevos impuestos, etc.

Pero es indudable que la masa coparticipable disminuye con cada gestión de gobierno nacional, muchas veces, con la anuencia de los gobiernos provinciales.

Y la disminución de esos fondos significan políticamente la profundización de la agonía del sistema federal argentino.

Más de 200 años de debate, idas y vueltas, creación y supresión de impuestos, decisiones unilaterales han ido convirtiendo nuestro país en una república centralista.

La decisión de los últimos días del Presidente Macri de suprimir el IVA para determinados productos, significa para las provincias una disminución de más de 50.000 millones de pesos, y gran parte de ellos, corresponde a los gobiernos locales.

Presentada como una medida para disminuir el impacto de la devaluación post PASO, en el fondo es una arremetida más sobre los fondos coparticipables, que, además, pretende instalar en la sociedad que quienes no aceptan la medida se encuentran en la vereda opuesta al beneficio de la población en general.

Esta interpretación no se condice con la realidad de todos los días ni con las políticas públicas de los últimos años, especialmente con las implementadas en el ámbito social. Hoy son los gobiernos locales la primera y última red de contención de la crisis social, con una ausencia total del Estado Nacional.

Paradójicamente, el Gobierno Nacional entiende que el inyectar fondos a los agentes públicos nacionales, subsidios a los beneficiarios de la AUH por única vez o adelantando los montos de movilidad a los jubilados, ayudarían a afrontar la crisis.

Esto, desfinanciando a las provincias y a los municipios, quienes son los que en la política diaria y directa atienden las demandas sociales básicas.

Y en el medio, sin mucha publicidad sin debate y sin querer de una vez por toda, afrontar una realidad latente, la historia se vuelve a repetir una y otra vez, y el sistema federal continúa su lánguida extinción y con él, la lucha de nuestros caudillos y la raíz de la Nación Argentina: las provincias preexistentes que dieron origen.

Dra. María de los Ángeles Petit. Especialista en municipalismo y gobiernos locales. Extraído de su libro “Argentina 1810 – 2010. ¿República Federal o Unitaria? Delta Editora Año 2010.

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