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Los Derechos Humanos son soslayados por la justicia entrerriana

El hecho ocurre en Concordia, cuando tras una operación estética en una clínica que funciona desde muchos años atrás la paciente uruguaya Iris Amaro Batista de 45 años, se descompuso y falleció en el hospital Masvernat donde había sido trasladada de urgencia.

La investigación del Ministerio Público, a cargo del fiscal Martín Nuñez, estableció quien era el supuesto responsable de la clínica clandestina quien es harto conocido por ejercer la profesión de cirujano plástico en Concordia y la región habiendo operado en esta última década a centenares de pacientes, algunos como -la misma víctima- lo tenían en alta y favorable consideración por haber logrado éxitos en una operación estética previa, lo que la llevó a viajar desde Paysandú hasta nuestra ciudad para someterse a una nueva intervención producto de la cual, lamentablemente, se produjo su muerte.

Luego de eso y la intervención de la justicia, se determinó, recién después del luctuoso hecho, que la clínica no estaba habilitada y que el cirujano tampoco era un especialista en cirugía plástica sino que es especialista en cirugía infantil y que en lugar de ser asistido por un médico anestesista, utilizó a una enfermera para proporcionar sedación total. Es decir, mantener “dormida” o inconsciente durante toda la intervención a la paciente que luego, falleció.

De tal  manera se habría comprobado que: la clínica no estaba habilitada, el médico que practicó la lipoaspiración tampoco era un profesión  habilitado para hacerlo y sus asistentes no tenían licencia para asistirlo en la aplicación de la anestesia, todo lo que será ventilado en un juicio oral con las garantías establecidas por la ley.

En tanto, la enfermera que fue contratada por el cirujano, fue detenida y se dictó luego su prisión preventiva por 30 días, medida luego renovada por 30 días más, mientras  la apelación de esta medida pedida por su abogado defensor fue desechada por un Vocal de la Cámara Penal.

La enfermera, mujer joven y madre de tres hijos menores, mérito de la decisión judicial de dictarle la prisión preventiva fue conducida a la Comisaría del Menor y la Familia y actualmente está en la Alcaidía, lugar de detención no habilitado para alojar mujeres.

Las causas para esta situación no se encuentran en el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación en marcha sino que habría “extraído algunas cosas de la clínica clandestina y habría sugerido a otra persona que participó en la operación que no ventilara los hechos producidos en ocasión de la práctica médica que ejerció sobre ella, su patrón, el cirujano Daniel Ojeda.”

Si quien ejerce la función del Ministerio Público Fiscal no señala la posibilidad de fuga o del entorpecimiento de la investigación, lo que habría ocurrido hasta aquí no ameritan que siga con prisión preventiva, porque los magistrados están ejerciendo la prisión preventiva como una pena anticipada y soslayan el principio constitucional de inocencia y las normas internacionales establecidas por las UN mediante diversos documentos como las  “Reglas de Bangkok”, adoptada por la Asamblea general de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010.

Para que no vuelva a ocurrir que la Corte Interamericana de Justicia en el conocido caso “Fornerón” que envió a los magistrados actuantes a que vayan a estudiar derecho de familia y cesen en su –a nuestro juicio- este adelanto de pena bajo la aplicación de prisión preventiva a una joven madre, conviene transcribir someramente algunos de los tips que establece la norma como para que nuestros lectores comprendan el arbitrario camino que ha tomado –en este caso- la “justicia”.

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General (AG) de la ONU dio un paso importante hacia satisfacer las necesidades y características de las mujeres dentro del sistema de justicia penal. Al aprobar la Resolución A/RES/65/229 sin votación, la AG aprobó las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (conocidas como ‘Reglas de Bangkok’, en reconocimiento al liderazgo asumido por el gobierno de Tailandia, bajo mandato de Su Alteza Real, la Princesa Bajrakitiyabha, en cuanto a su promoción y aprobación). Dichas reglas complementan, más no sustituyen, a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y a las Reglas mínimas uniformes de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (‘Reglas de Tokio’).

La Asamblea General, en su resolución 58/183, de 22 de diciembre de 2003, titulada “Los derechos humanos en la administración de justicia”, invitó a que se prestara mayor atención a la cuestión de las mujeres que se encontraban en prisión, incluidas las cuestiones relativas a sus hijos, con el fin de identificar los problemas fundamentales y los modos de tratar de resolverlos.

En su resolución 61/143, de 19 de diciembre de 2006, titulada “Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer”, la Asamblea General destacó que por “violencia contra la mujer” se entendía todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tuviera o pudiera tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produjeran en la vida pública como en la vida privada, e Instó a los Estados a que examinaran, y según procediera, revisaran, modificaran o derogaran todas las leyes, normas, políticas, prácticas y usos que discriminaran a la mujer o que tuvieran efectos discriminatorios en su contra, y garantizaran que las disposiciones de múltiples sistemas jurídicos, cuando existieran, se ajustaran a las obligaciones, los compromisos y los principios internacionales de derechos humanos, en particular el principio de no discriminación; tomaran medidas positivas para hacer frente a las causas estructurales de la violencia contra la mujer y fortalecer las labores de prevención con miras a acabar con las prácticas y normas sociales discriminatorias, en particular respecto de las mujeres que necesitaban atención especial, como las mujeres recluidas en instituciones o detenidas; e impartieran capacitación sobre la igualdad entre los géneros y los derechos de la mujer al personal encargado de velar por el cumplimiento de la ley y los jueces y fomentaran su capacidad.

En esa resolución se reconoce que la violencia contra la mujer tiene repercusiones concretas para ella cuando entra en contacto con el sistema de justicia penal, y afecta también su derecho a no sufrir victimización en caso de reclusión. La seguridad física y psicológica es decisiva para garantizar el respeto de los derechos humanos y mejorar la situación de las delincuentes, de la que se trata en las reglas.

“Cuando sea posible y apropiado se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas y las mujeres que tengan niños a cargo, y se considerará imponer sentencias privativas de la libertad si el delito es grave o violento o si la mujer representa un peligro permanente, pero teniendo presente el interés superior del niño o los niños y asegurando, al mismo tiempo, que se adopten disposiciones apropiadas para el cuidado de esos niños.

Pone de relieve que, al dictar sentencia o decidir medidas previas al juicio respecto de una mujer embarazada o de una persona que sea la fuente primaria o única de cuidados de un niño, se debería dar preferencia a medidas no privativas de la libertad, de ser posible y apropiado…”

Las investigaciones demuestran que muchas reclusas son las únicas y principales cuidadoras de los niños y niñas pequeños, además de tener otras responsabilidades familiares. Los efectos, incluso de un período de reclusión breve, pueden ser particularmente devastadores para una mujer (y sus hijos e hijas dependientes) si es ella la única o principal cuidadora de los mismos.”

En la regla 58, se dice: “Teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo 2.3 de las Reglas de Tokio, no se separará a las delincuentes de sus parientes y comunidades sin prestar la debida atención a su historial y sus vínculos familiares. Cuando proceda y sea posible, se utilizarán mecanismos opcionales en el caso de las mujeres que cometan delitos, como las medidas alternativas y otras que sustituyan a la prisión preventiva y la condena.”

Si estas normas se compatibilizan con los Derechos del Niño, con la prisión preventiva de la enfermera se estarían violando también los derechos de sus hijos a tener contacto con su madre, pero no ese contacto frío e impersonal que puede darse dentro del limitado espacio disponible en la Alcaidía masculina de Concordia, sino el que requiere la unidad familiar y hasta el derecho de la madre a sostener económicamente a sus hijos con su trabajo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Fornerón e Hija Vs. Argentina” estableció en su sentencia: “El Estado debe implementar,  en  el  plazo  de  un  año  y  con  la  respectiva disposición presupuestaria, un programa o  curso obligatorio dirigido a operadores judiciales, incluyendo jueces, defensores, fiscales, asesores y demás funcionarios de la Provincia de Entre Ríos vinculados a la administración de justicia respecto de niños y niñas que contemple, entre otros, los estándares internacionales en derechos humanos, particularmente, en materia de los derechos de los niños y niñas y su interés superior y el principio de no discriminación.” 

En otros puntos, también decidió: – “El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 17.1 de la misma, en perjuicio del señor Fornerón y de su hija M, así como en relación con el artículo 19 del mismo instrumento en perjuicio de esta última.

“El Estado es responsable por la violación del derecho a la protección a la familia reconocido en el artículo 17.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1, 8.1 y 25.1 de la misma, en perjuicio del señor Fornerón y de su hija M, así como en relación con el artículo 19 del mismo instrumento en perjuicio de esta última.”

Del simple análisis de esta sentencia, las Reglas internacionales contenidas en los documentos y reglas señalados, se advierte que estamos en presencia de un caso que guarda cierta similitud en cuanto a quienes resultan perjudicados por la arbitraria interpretación judicial que mantiene separados de su madre a los hijos de Duraez y que lo pertinente es acceder a los medios alternativos de coerción, como la prisión domiciliaria, hasta que un juicio oral y público ventile la responsabilidad (o no) de la empleada del cirujano Ojeda que estaba cumpliendo con una misión encargada por éste, mientras no se sigue incumpliendo con estas normas teniendo recluída en una alcaidía para masculinos a una mujer y separada de sus hijos como claro adelanto de pena.

Argentina celebra hoy 35 años ininterrumpidos de democracia desde que Raúl Alfonsín se convirtió en el primer presidente de la nación elegido democráticamente tras la última dictadura cívico-militar (1976-1983), durante esos años “de plomo” se vivió el más aberrante genocidio conocido en la historia moderna, donde miles de mujeres fueron obligadas a parir para dar sus hijos a ignotas familias mientras sus madres eran “desaparecidas”.

Este caso, lejos está de eso, pero se emparenta en que hay niños y su madre separadas por decisión de quienes deberían estar bregando por la sociedad y por la familia como parte de ella, y no decidir violando las disposiciones internacionales que señalan cual es el camino que hay que recorrer para llegar a la justicia.

Tal vez, aquella sentencia de la Corte Interamericana de Justicia en el caso Fornerón no haya sido acatado por todos los operadores judiciales y algunos –por desconocimiento, inexperiencia o simplemente mala leche, queriendo ser “más papistas que el papa”- pretendan “verdugear” a Duraez e hijos, tantos después de aquel desgraciado suceso que causó tantas desgracias –de las cual no nos hemos recuperado aún como Nación-. Es de esperar que el caso se resuelva aquí, antes que nuevamente la CIDH apunte nuevamente contra Entre Ríos y vuelva a mandar a estudiar a magistrados.

Que así sea y SERA JUSTICIA.

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