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Contragate: Barbagelata prorrogó por 60 días las prisiones preventivas de Faure y Pérez

La jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata, dispuso este miércoles prorrogar por 60 días las prisiones preventivas de los contadores Ariel Faure y Gustavo Pérez, que se encuentran alojados desde hace tres meses en la Unidad Penal Nº 1 en el marco de la causa en la que se investigan contrataciones irregulares en la Legislatura entrerriana en los últimos 10 años.

La medida, dispuesta inicialmente por 90 días, vencía este miércoles y, tras una audiencia en la que las partes expusieron sus posturas, la magistrada decidió por la continuidad de la reclusión de ambos profesionales. Pérez se desempeñó en los últimos años como director del Servicio Administrativo Contable del Senado, pero renunció apenas iniciada la investigación. Faure, en tanto, es parte de uno de los estudios contables investigados en la causa. Las defensas de ambos vieron la semana pasada rechazadas sus pretensiones de revocar las prisiones preventivas, en un fallo de la Cámara de Casación Penal. Ante ello, acudieron en queja a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y están a la espera de la realización de la audiencia correspondiente. Cabe recordar que el 7 de febrero el órgano compuesto por los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio dispuso la liberación de cuatro imputados.

La jueza Marina Barbagelata prorrogó por 60 días las prisiones preventivas de Gustavo Pérez y Ariel Faure, en el marco de la causa de los contratos truchos de la Legislatura provincial. Los defensores Miguel Cullen, Guillermo Vartorelli y Leopoldo Cappa apelaron inmediatamente la decisión e hicieron reserva del caso federal. Cabe señalar que en hace algunas semanas, el planteo defensivo respecto de los detenidos Hugo Mena Giovenni, Flavia Beckman, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao encontró eco en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ordenó el cese de esas prisiones preventivas.

Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro pidieron que se extiendan por 60 días las prisiones preventivas de Ariel Faure y Gustavo Pérez en la causa de los contratos truchos.

“Subsisten las razones por las cuales se otorgó la medida”, dijo Aramberry al iniciar la audiencia este miércoles. Luego el fiscal marcó “la gravedad de conductas desarrolladas por los imputados”, y mencionó “riesgo procesal” por “la mecánica del ilícito cometido, la posición dentro de organización de los imputados y vínculos que crearon en el derrotero delictivo”. “Los niveles de alarma no mermaron con el transcurso de la investigación”, señaló y solicitó que “los testigos lleguen incólumes al juicio”.

Para fundamentar los pedidos, Aramberry dijo que tanto Pérez como Faure tuvieron “un papel preponderante”. “Pérez era funcionario público, organizador y diagramador de la sustracción y actor determinante a la hora de ocultar evidencia. Hace tiempo que se desempeña en Servicio Administrativo de la Cámara de Senadores, y estaba encargado de contratos de locación de obra. Fue subdirector y director”, aseguró.

Sobre mails y otras cuestiones precisas de las conductas se explayó la fiscal Yedro. En cuanto al rol de Pérez señaló que envió mails y documentación que luego fue “secuestrada y exhibida en audiencias”. “En 2012 hay un correo donde Pérez gestiona una lista de contratados de senadores y contratos de diputados, además de los contratos repetidos en las dos cámaras”. Habló de “valores éticos y morales” del imputado que “apenas ascendió en el Senado pensó cómo seguir sustrayendo fondos públicos”, por eso invocó “falta de probidad y transparencia en manejo de dinero público”.

Yedro dijo que hay “riesgos de entorpecimiento” y que efectivamente se concretaron cuando comenzaron los allanamientos en el marco de la investigación. “Hay una comunicación entre Pérez y Mena Giovenni de esos días sobre un allanamiento y se pregunta si revisaron el galpón”.

“La IPP se desarrolla en tiempo real, hay personas que siguen en la función pública y están involucrados en esta maniobra. No sólo decimos que intervinieron en la investigación, sino que lo hacen a través de interpósitas personas”, deslizó el fiscal.

También apuntó a otro correo pero del año 2016, en el cual Pérez mantuvo una conversación con un contratado. Esta última persona le pregunta “si esa plata que le regala por mes seguirá estando en 2016 o se corta y si cabe un aumento al subsidio”.

Luego, sobre Ariel Faure y dijo que era “nexo entre privados y funcionarios públicos”. “En el reciente descargo de Cardoso en Fiscalía pudimos precisar más la intervención de Faure en la maniobra delictiva, porque dijo que era Pérez quien llevaba y traía los contratos y cheques, y que recibió órdenes de autoridades de la Cámara de Diputados para darle trato especial a Faure”, contó.

“Cuando se le preguntó qué autoridades de la Cámara le dieron esa orden mencionó a la diputada Angerosa, al diputado Navarro, a Ruberto y a Darrichón. Pero ellos negaron conocer a Faure y aseguraron que no delegaron la gestión de contratos de obra”, manifestó.

“Nos surge a qué autoridades se refiere Cardoso, y hay riesgo de que estén en funciones”, especificó.

Por último, señaló que “se ocultó prueba y se contactó personas en libertad”, lo cual entienden que constituye “riesgos de entorpecimiento”.

LOS DEFENSORES PIDIERON LA LIBERTAD

Leopoldo Cappa se quejó del pedido de los fiscales. Dijo que son cosas ya resueltas por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Aseguró que los dos imputados son reconocidos en el pabellón de procesados de la Unidad Penal. “Les gritan cosas, les dicen los nombres, les pasan papelitos y el otro día les hicieron un boquete”, aseveró.

“Los fiscales no explicaron cómo es que ellos dos han seguido obstaculizando la investigación desde la cárcel”, retrucó y volvió a criticar la incorporación de una filmación de la cámara de seguridad en el edificio donde estaba el estudio contable de Faure y Bilbao. “No se lo puede sindicar a Ariel Faure en ese video, no sé si sacaba la basura o qué”.

“Que Cardoso traiga lo que le sirve a la causa y despoje lo que no sirve, no es novedad porque se está defendiendo. No se tiene que tener en cuenta lo que manifestó Cardoso en su declaración, porque nada garantiza que esté diciendo la verdad ni que esa conducta pueda ser causal o no de prórroga de la prisión preventiva”, dijo.

Después alegó Cullen y advirtió que no se puede utilizar como fundamento de las prisiones preventivas mails de 2012 o 2016. “Se vino a reiterar una verosimilitud pero hoy había que pedir la prórroga”, apuntó y cuestionó que la Fiscalía tomó testimonio de más de 100 personas y que eso no se hizo conforme a la producción regular de prueba.

“No hay una sola situación que puedan contar por la que haya habido entorpecimientos de la causa. A Pérez no lo echaron del Senado, renunció para dejar el camino libre a la investigación y lo hizo porque es inocente. Aunque en esta instancia no se evalúa culpabilidad, sino el riesgo procesal. ¿Cuál es la prueba que indique Pérez puede entorpecer la investigación?”, preguntó.

“No se han dado fundamentos novedosos que justifiquen la extensión de la prisión preventiva, no se dijo cuál es la necesidad de la extensión de la prisión preventiva. No se probó presión a testigos por ejemplo. Y en este marco no podemos desconocer lo que dijo la sala penal con otros coimputados. Ese es un fallo que la Fiscalía no recurrió. El superior tribunal desechó las prisiones preventivas por estar asentadas en invocaciones genéricas, sin especificar hechos concretos y la subsistencia de ese riesgo, con el mismo fundamento de la complejidad de la causa que utilizó la Fiscalía para pedir las medidas restrictivas”, sostuvo.

Por último dijo que “estamos frente a una materia de corte constitucional, ante cláusulas de convenciones constitucionalizadas, y si se suma un fallo que acepte la prórroga, iría en contra de decisión de Sala Penal del STJ. Por eso hizo reserva del caso federal”.

Fuente: Análisis Digital

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